ENTREVISTA | Hugo Coya, periodista y expresidente del IRTP: “No existe programa de TV que revierta índices de desaprobación históricos como los que tiene Boluarte” | POLITICA – El diario andino

Lo calificaría como uno de los momentos más críticos para la prensa, por lo menos, en el presente ciclo. Y creo que la presidenta Dina Boluarte tiene una enorme responsabilidad en ello. La cantidad de incidentes como agresiones a la prensa, amenazadas, hostigamientos judiciales son enormes. El último caso, el exministro Juan José Santiváñez demandando penalmente a la periodista Mónica Delta y al equipo de “Punto Final” de Latina. Pero ahí se insertan varias cosas. Uno, la presidenta recurrentemente ha acusado públicamente a la prensa de hacer una campaña contra ella. Recuerda, por ejemplo, cuando acusó públicamente a la prensa y al Ministerio Público de fraguar un ‘golpe suave’. Y es frecuente que no solo ella, sino varios altos funcionarios hagan estigmatizaciones contra los periodistas, y esto pues ha provocado una narrativa distorsionadora con relación a la saludable relación que debería existir, en una democracia, entre un gobierno y una prensa independiente a la cual el gobierno debería estar obligado a responder porque es la intermediaria de la opinión pública.

— Se han cumplido 250 días sin que la presidenta responda una sola pregunta de la prensa, y parece que ese conteo no se va a detener. Más allá del momento actual del gobierno, ¿no es sentar precedentes muy nocivos para la democracia en sí misma hacia el futuro?

Es un precedente gravísimo. Solo en las dictaduras, en las peores dictaduras, es que se ha visto algo semejante: un presidente que no rinde cuentas, que no responde una pregunta. Y hay algo más que no quisiera pasar por alto, y esto involucra incluso al propio diario . El Ejecutivo sistemáticamente ha negado acceso a documentos claves, como por ejemplo el aumento de sueldo de la presidenta, que ahora está tan en boga. Información que ha sido solicitada y se ha tenido que recurrir al Tribunal de Transparencia. Han sido declarados documentos reservados información que debería ser pública y que la prensa debería tener libre acceso.

Nota de redacción: Esta entrevista se realizó antes de que la presidenta Boluarte ofreciera el domingo 6 de julio una conferencia de prensa. Respondió preguntas de los periodistas 256 después.

— ¿Esta suerte de animadversión que existe contra la prensa pasó de ser algo propio del ánimo de la presidenta a una política de gobierno?

Bueno, definitivamente si la presidenta se niega a responder preguntas, pero además tiene un discurso beligerante y agresivo contra los periodistas, eso evidentemente genera un clima de amenaza contra toda la prensa independiente. Y eso se repercute en todos los niveles del Estado.

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— ¿Es posible ejercer un gobierno democrático apelando únicamente a discursos y monólogos?

Esto evoca lamentablemente a gobiernos autocráticos, como la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro [en Venezuela], de Daniel Ortega en Nicaragua, o en la propia Cuba, para no hablar de algunos países del Medio Oriente o África. En donde pues solo el líder habla y la prensa no puede preguntar, no puede publicar; y cuando publica, se le denuncia como lo que acaba de ocurrir con Latina.

— ¿Estamos llegando a esas situaciones que se viven en los países que usted ha mencionado?

Yo espero, sinceramente, que las autoridades, el gobierno, pero sobre todo los sectores democráticos que existen en diferentes ámbitos de nuestro país expresen su preocupación y se tomen medidas para esta, lo que yo podría calificar, evasión sistemática de rendición de cuentas por parte de la presidente de gobierno, pero además la lógica de los discursos monológicos. Las autoridades tienen que acostumbrarse a responder, para eso están, además de para gobernar bien. Y eso evidentemente pues genera una erosión de la confianza institucional incluso. ¿Qué credibilidad puedes tener de un gobernante o funcionario que no informa acerca de sus acciones? Es realmente un precedente muy peligroso.

— ¿Se está tomando este problema en su real dimensión o más bien hay una permisibilidad que debería de corregirse?

Creo que es ahora el momento que se tiene que corregir y que no se permita, que nunca más vuelva a ocurrir. En una democracia no puede haber una autoridad que no rinda cuentas, que no responda, que simplemente se dedique, además, a atacar y agredir a quienes la cuestionan o le hacen preguntas tan simples como: ¿por qué mintió sobre las cirugías estéticas?, ¿por qué aceptó realmente las joyas, los relojes Rolex? O sobre por qué hubo muertos durante las protestas sociales de gente que no participaba y que recibieron pues un disparo y murieron por eso. ¿Qué acciones ha tomado su gobierno para sancionar a los responsables?

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— ¿Qué opina sobre los recientes cambios y la intención de “relanzar” la imagen de la presidenta desde el IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú)? Se ha señalado que Juan José Santiváñez es quien estaría detrás de todo esto…

Yo tengo entendido que el proyecto de un programa propio en TV Perú ya había sido descartado en enero – febrero de este año. Y ahora yo creo que ya se vuelve imposible y, si se hiciera, vulneraría el principio de neutralidad electoral. No hay una estructura, pero imaginemos por un momento que ese programa incluyera invitados como congresistas, autoridades, candidatos que buscan la reelección. Podría constituir una violación directa de las normas. Y acá parafraseo una frase que el Consejo de la Prensa Peruana ha usado: un intento de la presidenta de lavarse la cara con recursos públicos. Ese proyecto sería eso, porque además se van a utilizar equipos, personal, instalaciones financiadas con los impuestos de todos los ciudadanos. Lo que evidentemente se convertiría (estoy hablando condicional porque el proyecto no se ha ejecutado) en una forma de propaganda personalizada y financiada por el Estado.

— Y estos presuntos manoseos de parte del círculo presidencial, incluso la propuesta del programa en sí mismo, ¿no vulnera directamente la naturaleza del IRTP?

Totalmente. En los últimos años, el IRTP, TV Perú y Radio Nacional habían dado grandes avances para convertirse en medios auténticamente públicos, con periodistas independientes haciendo las preguntas que podían ser de interés de la población y dando cabida, en una forma proporcional, a no solo a altos funcionarios del gobierno, sino también a los críticos. Y eso, lamentablemente, ha sido borrado de un plumazo, ha sido destruido. Y ha convertido en una institución que ahora está desconectada de la realidad, donde virtualmente lo único que vemos es propaganda, ya no son noticias, sino propaganda abierta. Es muy raro escuchar a un crítico o a una persona que piensa distinto o que cuestiona o que se hace preguntas obvias en TV Perú y en Radio Nacional.

— ¿El gobierno Boluarte ha convertido ya el IRTP en una suerte de ‘maquinaria’ de propaganda política? ¿O se está encaminando hacia ello?

Lamentablemente va en camino a eso. Ha sido sobre todo [en] la última gestión donde había pues una injerencia directa con la persona de confianza que había trabajado con ella en Palacio de Gobierno, que tenía vínculos además con el hermano. ¿Dónde se ha visto, por ejemplo, una persona que se va a hacer una cirugía plástica y que ni siquiera pide licencia? ¿O que usa las instalaciones del IRTP para grabar un spot de propaganda para una universidad privada en la cual ella estudia? Por menos que eso, cualquier funcionario ya habría sido destituido.

— Estamos hablando de Ninoska Chandía…

Sí, correcto.

— Ahora, respecto al programa “Cada domingo a las 8”, si es que se llegase a insistir, ¿podría realmente ayudar a Boluarte a recuperar algo de legitimidad? ¿O corre el riesgo de profundizar aún más su desconexión con la ciudadanía? Es decir, ¿no podría ser un disparo a los pies?

Habría un agravamiento en la credibilidad. Se convertiría en una propaganda y eso generaría pues un mayor rechazo ciudadano, evidentemente. (…) No existe y no ha existido nunca en el mundo un programa de televisión que revierta unos índices de desaprobación históricos como los que tiene la presidenta. En el ABC de la comunicación política, no solo se necesita pues un programa de televisión, necesitas también que el gobierno sea eficiente, que realice acciones que agraden a la ciudadanía. Con un programa no se revierte eso y, por el contrario, se convertiría en un auténtico boomerang. Yo espero, sinceramente, que la sensatez prime y no se insista, además sería gravísimo porque estamos en un período electoral.

— Y profundizando un poco en el accionar de Santiváñez, la denuncia dice: “se evidencia que el personal del programa “Punto Final” realiza actos de vigilancia (…) a fin de facilitar la comisión del delito de extorsión”. ¿Cómo interpretar esto?

Es terrible. He visto el reportaje al cual hace alusión el señor Santiváñez y es un reportaje incuestionable, simplemente se está informando de las reuniones que el exministro Santiváñez viene realizando en el ámbito de una oficina pública. Y los periodistas tienen todo el derecho del mundo de informar sobre ello, si es que tienen acceso a esa información y lo consideran pertinente para el público.

— Pero hablar incluso del delito de extorsión, es muy grave…

Es gravísimo. Y es parte de lo que conversábamos desde el inicio, no tiene precedentes el nivel y este tipo de denuncia. Y llama la atención porque tengo entendido que el señor es abogado y como tal sabe perfectamente la gravedad de esta denuncia y de la vulneración que puede tener para las libertades de prensa e información en nuestro país. Y habiendo sido ministro de Estado. Puede haberse contrariado, mortificado, pero es muy grave la denuncia.

— Esta confusión respecto a lo que significa una investigación periodística sobre el accionar de un funcionario e interpretarlo como “reglaje” y, encima subsumirlo en el delito de extorsión. ¿Parte de una visión distorsionada de lo que es la labor de la prensa o más bien es algo voluntario y un mensaje de amedrentamiento?

Creo que es un amedrentamiento contra la prensa definitivamente, busca amedrentar, a que la prensa no informe sobre las actividades que él cumple como funcionario público, no en su esfera privada. Nadie ha hablado de sus relaciones privadas ni de su casa ni nada. Se ha hablado de con quiénes se han reunido, que son además funcionarios. La denuncia, a mi modo de ver, es un acto de intimidación y un intento de censura. Además, genera un peligroso precedente y representa una amenaza directa a la libertad de información. El reglaje implica un seguimiento clandestino e ilegal, que no se ajusta a la labor periodística, que se basa además en fuentes públicas y en hechos de interés nacional. Es un despropósito jurídico en todo sentido.

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— ¿Ya se pasó de la amenaza a la acción?

Correcto. Es un intento por intimidar, pero además de judicializar la labor periodística de investigación sobre asuntos de interés público. Eso es para mí la lectura más importante de esta denuncia. (…) Esto abre la puerta para cualquier otro funcionario… y lo digo no solo a nivel del Ejecutivo, qué pasa cuando un alcalde o un regidor comienza a tener reuniones en paralelo discutibles con proveedores que ganan licitaciones. Ya la prensa no podría informar porque cualquier funcionario podría decir: ¡reglaje!

— ¿Qué papel deben cumplir los operadores de justicia?

Tienen que desestimarla de plano. Acá no hay términos medios, estamos en una democracia y hay que declarar absolutamente improcedente —para usar los términos legales— una denuncia de este tipo.

— A propósito de este deterioro de la libertad de prensa, ¿qué esperar para estas próximas elecciones que se vienen?

Se viene una coyuntura muy volátil. Con 43 partidos y una fragmentación política, donde además hay un clima de inseguridad ciudadana palpable… todo eso va a contribuir a que sea una campaña especialmente muy dura. Pero esperemos que el próximo gobierno no solo que goce del respaldo y surja de las urnas de unas elecciones legítimas e incuestionables, sino que además de alguna manera ponga freno a todas las tropelías y barbaridades institucionales que hemos vivido, incluyendo los atropellos a la libertad de prensa.