Vizcarra y la oportunidad perdida, por el seminario Diana | Presunción
El Parlamento de Perú no logró reunir los votos necesarios para incluir al ex presidente Martín Vizcarra en una tercera descalificación que le impida contender por un puesto público. En esta votación, se necesitaban 66 votos, pero solo se alcanzaron 61, lo que resultó en una situación caótica en las reuniones parlamentarias. Estas sesiones no sólo se enfrentaron a incidentes de orden, sino que también estuvieron marcadas por la ausencia de varios representantes. Es importante señalar que de los parlamentarios presentes, solo una cifra mínima había votado previamente en la comisión permanente, lo que subraya la falta de consenso.
Una de las causas fundamentales de este conflicto radica en el cierre de la sesión del 30 de septiembre de 2019. Este cierre se realizó a través de un mecanismo conocido como la confianza negativa, que permite disolver el parlamento si este no aprueba ciertos requerimientos gubernamentales. A pesar de que esta acción se consideró irregular según la Constitución, el Tribunal Constitucional en enero de 2020 ratificó la disolución del parlamento, lo que ha generado confusión y tensiones políticas persistentes en el país.
El informe final derivado de estas decisiones constitucionales subraya la responsabilidad política de quienes alzaron la confianza en septiembre de 2019, lo cual contribuyó a la paralización del proceso del Comisionado del Tribunal Constitucional dentro de la Asamblea, a pesar de que esta decisión no había sido avalada por el Consejo de Ministros. Este hecho resalta la fragilidad de los procedimientos políticos peruanos y cómo las decisiones apresuradas pueden tener repercusiones a largo plazo.
Aparte del aspecto constitucional, el debate sobre la situación también giró en torno a la oportunidad perdida por el Parlamento para sentar un precedente que sancionara a aquellos que, bajo una apariencia de legalidad, desafían el estado de derecho. Esta actitud ha permitido que algunos actores políticos operen en un territorio legal gris, lo que socava la confianza pública en las instituciones.
El Parlamento tenía la facultad de defender la Constitución; sin embargo, optó por desviar la mirada y permitir que se priorizaran otros intereses. El Tribunal Constitucional, en una decisión reciente, ha redefinido su postura respecto a los procedimientos de sus predecesores, subrayando que, para el caso de la negación de la confianza, es prerrogativa del Parlamento decidir sobre su aceptación o rechazo. Este pronunciamiento busca frenar la tentación de algunos políticos aventureros que buscan aprovechar la confusión en su beneficio.
Como lo mencionó Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, la reciente descalificación relacionada con Vizcarra fue un capítulo crítico en la política peruana. A pesar de tener dos descalificaciones previas en su contra, Vizcarra sostiene que la intervención del Comité Internacional de Derechos Humanos será la clave para despejar su camino hacia una eventual candidatura presidencial en los comicios del próximo año, ignorando que aún necesita afrontar varias de sus responsabilidades legales.
Recientemente, se presentó una revisión de la votación que ocurrió el miércoles anterior, justo antes de un prolongado periodo de vacaciones en el Parlamento. La decisión parece haber despertado la atención de varios sectores, especialmente porque, entre los 21 miembros del grupo de renovación popular, solo 15 apoyaron la votación, y de esos, apenas 6 se mostraron a favor de las propuestas presentadas. Este escenario ha generado un profundo cuestionamiento sobre la integridad del proceso de votación y la valentía de sus integrantes.
Algunos parlamentarios deben reflexionar sobre sus prioridades y ser sinceros sobre las negociaciones que se llevan a cabo de manera discreta. La falta de transparencia parece ser un problema persistente en el Congreso, lo que añade una capa más de complejidad al ya complicado panorama político de Perú.
