Susana Villarán, su presunta red criminal y los US$ 11 millones a cambio de peajes, contratos y una adenda | Odebrecht | OAS | TLCnota | POLITICA – El diario andino

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Los aportes, continúa la acusación, se hicieron de distintas formas: pagos al publicista brasileño Valdemir Garreta, entregas en efectivo, contratos simulados, movimientos bancarios, emisión de cheques; etc. Según la acusación, OAS entregó US$ 7 millones (3 millones para el 2013 y 4 millones para el 2014); Odebrecht dio US$ 4.1 millones (3 millones para el 2013 y 1.1 millón para el 2014); y Graña y Montero aportó US$ 200 mil (2013): un total de US 11.3 millones. Todo eso es parte de la imputación por lavado de activos y falsedad genérica/falsa declaración.

Todo esto se realizó, para el Ministerio Público y la procuraduría, como parte de la actuación de una organización criminal “enquistada” dentro de la Municipalidad de Lima que tenía como objetivo mantenerse en el poder. Esta es la base de la acusación por asociación ilícita para delinquir. Sumados los cinco delitos, se requirió una pena de 29 años de cárcel para Susana Villarán

El fiscal José Domingo Pérez advirtió que los principales perjudicados con estos hechos fueron los vecinos de Lima, debido a los cobros de peajes y las restricciones al derecho al libre desplazamiento. En tanto, el procurador Carlos Fernández remarcó que los aportes resultaron siendo rentables para las empresas debido, precisamente, al cobro de peajes; y que este no es solo un caso de aportes a un candidato, sino de entregas de dinero a una autoridad en funciones que buscaba seguir en el cargo.

Ambos incidieron en que todo lo afirmado durante estos alegatos se probará a lo largo del juicio oral con la presentación de múltiples testigos, entre ellos colaboradores eficaces, así como peritos con sus respectivas pericias y distintas pruebas documentales.

Odebrecht, los peajes y las dos campañas

La exposición del fiscal Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, se extendió por casi tres horas y resumió a grandes rasgos la acusación que él mismo presentó contra Susana Villarán y los otros 17 enjuiciados por este caso. Esta aborda un total de doce hechos, agrupados en cuatro ‘bloques’: los actos de corrupción previa, el lavado de dinero, la falsa declaración y la organización criminal.

Para comenzar, el fiscal recordó que entre el 2012 y 2013, durante la gestión de Susana Villarán, la entonces alcaldesa enfrentó un intento de revocatoria que se votó en marzo de ese último año. “Dentro de ese proceso de revocatoria es que se gesta el contrato para la concesión del proyecto Rutas de Lima (…) Susana del Villarán pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht”, dijo. El contrato se firmó, por un plazo de 30 años, en enero del 2013.

“La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal, Emape, a partir de este concierto ilícito, se los entrega a la empresa Odebrecht. En buena cuenta, será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos y ciudadanas de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que, cuando se da este pacto, estaban construidas y en operación”, sostuvo Pérez.

¿Qué dio y qué obtuvo Odebrecht para este favorecimiento? De acuerdo con el fiscal, “la contraprestación es que Odebrecht da un pago ilícito de US$ 3 millones y a cambio, Susana Villarán de la Puente y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”.

Para, ello los funcionarios municipales realizaron “irregularidades”: “Adelantan la adjudicación de la concesión de una manera inusual y procuran evitar la competencia de otros postores. Ejecutan la concesión y aprueban el cierre financiero antes de un cambio de gestión municipal”. Además, remarcó que el contrato se firmó sin que se haga la consulta o se reciba la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), situación que repetiría en los otros proyectos.

La participación de Odebrecht se repite en el 2014, durante la campaña de reelección de Susana Villarán. Para ello, sostuvo que también hubo una concertación con la constructora brasileña, porque la acusada “buscaba dinero para la campaña”. En esta, sostuvo que el monto dado por Odebrecht fue de US$ 1 193 816,68, generados mediante pagos “sobrevalorados” a un contratista o por servicios ficticios.

“¿Qué ganó Odebrecht financiando la reelección? Sostener su contrato de concesión, que le implicaba poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo en una concesión que le habían dado por 30 años”, dijo. Agregó que se generó perjuicio a los limeños porque no se aplicaron penalidades a la empresa y porque “restringieron su derecho al libre de tránsito, bloqueando vías públicas, como es el caso de los vecinos de Puente Piedra, que no tuvieron un acceso alternativo”.

OAS, la adenda y los US$ 4 millones

De acuerdo con la acusación fiscal, con OAS y el proyecto Línea Amarilla se siguió un patrón similar, aunque con la diferencia de que este el contrato ya se había firmado en el 2009, con la gestión municipal previa de Luis Castañeda. Sin embargo, la municipalidad y la constructora firmaron una adenda al contrato en febrero del 2013, en el contexto de la revocatoria, que se votaba en marzo de ese mismo año.

“El objeto de probanza en el juzgamiento será el acuerdo colusorio entre la empresa OAS y la referida exalcaldesa para materializar la adenda uno al contrato de concesión (de Línea Amarilla, renombrada Vía Parque Rímac). ¿Qué les prometió OAS? US$ 3 millones», dijo. Las entregas habrían sido a través de los hoy acusados Luis Gómez Cornejo (US$ 1 millón) y Óscar Vidaurreta (1 millón), además de 1 millón directamente para Valdemir Garreta, “por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez y Susana María del Carmen Villarán de la Puente”.

“¿Cómo termina favoreciendo Susana Villarán a OAS con la suscripción de esta adenda? Nuevamente como ocurrió con Odebrecht, la adenda se firma sin la opinión favorable del MEF, es decir, con el incumplimiento de un requisito legal (…), sin opinión técnica. Se le dio a Línea Amarilla la concesión hasta 40 años (….) Cambió la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciada”, apuntó.

También destacó que la adenda “eliminó el Metropolitano” que debía ir por la Línea Amarilla. “El contrato estipulaba que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo metropolitano, la ex alcaldesa, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y, por lo tanto, más peaje que pagar para la empresa OAS”.

Como con Odebrecht, el plato se repitió en la campaña del 2014, pero con una cifra mayor: fueron US$ 4 millones, de acuerdo con el Ministerio Público, para favorecer a OAS en un “trato directo”, un mecanismo para resolver una controversia sin llegar a un arbitraje: “¿Qué gana OAS en este trato directo? Van a venir auditores de la Contraloría que les indicarán que, con el aumento del peaje, como consecuencia de haberse utilizado una fórmula distinta de reajuste a la establecida en el contrato, se obtuvo un beneficio para el concesionario de hasta S/ 28,982,386.72”.

Graña y Montero y la Vía Expresa Sur

La tercera constructora implicada es la peruana Graña y Montero (GyM). Según dijo el fiscal, la gestión de Susana Villarán tenía una deuda con América Televisión de US$ 200 mil por la campaña contra la revocatoria y querían que la constructora la pague.

El fiscal sostuvo que esto se canalizó a través de las empresas de publicidad Chisac y Ogilvy. Luego, en agosto de ese año, se firmó el contrato por la Vía Expresa Sur, el único de estos proyectos que no llegó a ejecutarse.

“¿Qué ganó GyM? Se firmó el contrato por 40 años con un sistema de peaje electrónico que no estaba proyectado. De la misma manera como ocurrió en los casos anteriores, (se hizo) sin la opinión favorable del MEF (…) sin opinión técnica. Iba a tener poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo”, señaló el fiscal Pérez.

En cuanto al delito de organización criminal, el fiscal expuso el esquema de la presunta organización criminal, con Susana Villarán a la cabeza y José Miguel Castro como jefe, además de otros acusados del caso. A su turno, el procurador Carlos Fernández remarcó que todos “estos actos de corrupción y lavado de activos fueron posibles gracias a que una organización criminal se enquistó en el aparato municipal para mantenerse en el poder y que tenía como líder a la entonces alcaldesa de Lima”.

En tanto, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y, alternativamente, falsedad genérica se basa en la imputación de haber entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los aportes a ambas campañas.

En sus propios alegatos, el procurador del caso, encargado de plantear el cobro de una reparación civil contra los acusados, resaltó que este es el caso mas emblemático y de mayor potencia vinculado “al cobro de peajes en el ámbito del gobierno municipal”. Según dijo, lo particular de este caso es que los funcionarios municipales “encontraron en el cobro de peajes un negocio altamente rentable para poder negociar ventajas económicas y legales”.

“¿De quiénes? De la contraparte privada, vinculada a tres proyectos públicos: Vías Nuevas de Lima, Línea amarilla y Vía Expresa Sur. Las empresas privadas también encontraron rentables estos cobros de peajes, para que a cambio de dar aportes de campaña ellos puedan obtener ventajas indebidas en cada uno de estos proyectos. Definitivamente, la ‘inversión’ que hicieron estas empresas vinculadas a estos tres proyectos era absolutamente simbólica en comparación a la rentabilidad que les iba a generar”.

En otro momento, recordó que este caso es distinto al de otros donde se investigaron aportes de campañas a un candidato, como serían los de Ollanta Humala o Keiko Fujimori, ya que “estamos hablando de funcionarios que, en el contexto de proyectos públicos, negociaron ventajas económicas a cambio de otorgar beneficios en esos proyectos. No son menos aportes de campaña”.

La audiencia llegó a su fin justo antes de que el procurador indique cuál es el monto de la reparación civil requerido contra Susana Villarán y el resto de acusados. Esa parte de la exposición continuará en la próxima sesión del juicio, programada para el lunes 6 de octubre. Ese día también dará sus alegatos de apertura la defensa de la exalcaldesa.

El turno de Villarán

A su salida de la sede judicial, Susana Villarán declaró a la prensa para responder a lo afirmado por la fiscalía y aseguró que se le quiere juzgar “por no haber hecho un gobierno a favor de los poderosos, de los formales y de los informales en nuestra ciudad”. También dijo que fue la gestión de Luis Castañeda la que “entregó el 65% de los peajes de Lima en el 2009 y la que “negoció una tarifa que se iba a ir incrementando periódicamente después de mi gestión, en la adenda número dos”.

“Me parece bien que lleguen y que hablen (los testigos de la fiscalía), porque nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos. No voy a dar más declaraciones”, dijo antes de retirarse.

En entrevistas previas al inicio del juicio, la exalcaldesa reiteró su admisión de que recibió aportes de las constructoras brasileñas, pero aseguró que estas no estuvieron vinculadas a actos de corrupción. También dijo no saber el monto exacto, pero negó que hayan sido US$ 11 millones.

Por su parte, el fiscal Pérez dijo que espera que, en los alegatos de su defensa, Susana Villarán admita ante los jueces haber recibido los aportes de Odebrecht y OAS, tal como ha hecho en distintas entrevistas periodísticas.

Por otro lado, dijo que espera que a partir de noviembre, el juicio pueda avanzar con una audiencia diaria o con un ritmo mayor al actual, que es de solo dos por semana. Durante la audiencia, el tribunal indicó que esto no será posible durante octubre, pero se podría evaluar durante le mes posterior.