Luz Ibáñez: “Postular a la Corte Internacional de Justicia de La Haya requiere una campaña enorme y el mayor trabajo lo debe hacer la Cancillería” | Corte Penal Internacional | MUNDO – El diario andino

En diálogo con El Comercio, la jueza señala que busca llevar a la Corte de la Haya la experiencia adquirida a nivel internacional, pero que también busca introducir la perspectiva latinoamericana y peruana en dicha entidad. Asimismo, sostiene que una postulación como la suya demanda el apoyo decidido de la Cancillería peruana, tal como sucedió con la campaña que la llevó a la CPI.

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—¿Cómo surge la propuesta inicial para esta candidatura?

Desde el año pasado hubo muchas propuestas que partían que no solamente de Perú, sino también de embajadores en otros países. Después de que terminé mi periodo como primera vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, que fue entre 2021 y 2024, mi mandato culmina en el 2027 y parece que hubo recepción en los estamentos del Estado Peruano en torno a la idea de que mi presencia en estas instancias no se podía perder y enviaron representantes a conversar conmigo en La Haya y esa propuesta se consolidó en diciembre del año pasado por parte del Ministerio de Justicia.

El ministerio de justicia me propuso ante la Cancillería y el Gobierno después de evaluaciones de todo tipo, analizaron mi hoja de vida, currículum y aportes al derecho internacional y nacional. Finalmente la candidatura fue propuesta Estado en una convocatoria de todo el cuerpo diplomático acreditado en el Perú en Torre Tagle y se mandaron notificaciones a todas las embajadas de nuestro país en el mundo para que comenzara la campaña. Es decir, se oficializó este año el 7 de marzo.

—Señalaba antes de esta entrevista que este paso es una evolución natural dentro de su línea de carrera. ¿Cuáles son sus expectativas y metas con respecto a esta candidatura y ante un potencial ingreso a la CIJ?

En primer lugar, están las expectativas de la propia candidatura junto al Estado peruano, porque para llegar a ser jueza de CIJ se necesita entrar muy en serio en una megacampaña. Estas son ligas mayores donde el trabajo lo tiene que hacer la Cancillería con todos sus embajadores y todos los equipos actuando casi como en una guerra: con táctica y estrategia, porque (esta competencia) es de todos contra todos.

Cualquier candidato que quiera ser juez de la Corte Internacional de Justicia debe que tener una votación de la mitad más uno en la Asamblea General de Países, que son 193. De forma simultánea debe tener también la mitad más uno de los votos entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que son cinco permanentes y 10 itinerantes. Aunque ese sea el margen mínimo es necesario sumar más porque otros candidatos también pueden llegar también a esa cantidad límite.

Este es un trabajo intenso de la candidata, pero liderado por la Cancillería, que no puede dormirse y tiene que despertar porque tiene la capacidad para ello. Me lo demostraron en el año 2017 cuando mi campaña (para la CPI) hizo en tres meses lo que otros realizaron en tres años. En esa ocasión no necesitamos del Consejo de Seguridad, pero al Perú le tocó presidirlo y esa valiosa experiencia debe usarse ahora, porque esta vez sí se necesitan esos votos.

Estoy esperando reunirme con el señor canciller para ver cómo continuamos con la hoja de ruta, porque hay algunos retrasos que probablemente se deban a que vivo permanentemente en La Haya por mi trabajo, pero estoy aquí para esto, porque he servido a mi país con lealtad por 35 años, en los últimos 15 dedicada a temas de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. Ahora continúo sirviendo con vocación de justicia a la humanidad.

Esto último es lo que quiero hacer en la Corte Internacional de Justicia, porque esta institución en sus fallos hace una gran labor, pero hay una interpretación del derecho técnica, fría, alejada de los impactos que puede tener en las sociedades humanas, que es lo que yo voy a aportar ahora. Uno de los lemas de mi campaña es “hacia la humanización del derecho y la justicia internacional”, ya que los fallos tienen que preocuparse del impacto que va a tener las personas detrás de los países. Por ejemplo, en un tema de límites, yo me pregunto cuál fue el impacto que nuestros pescadores del sur peruano han tenido (con el fallo de la CIJ en el diferendo con Chile). Hay que buscar fórmulas de equidad.

«Este es un trabajo intenso de la candidata, pero liderado por la Cancillería, que no puede dormirse»

El otro tema es hacer interpretaciones evolutivas en el tiempo porque el derecho internacional está muy influenciado a veces por la jurisprudencia y eso está muy bien porque se puede adaptar, pero los tiempos han cambiado. Lo que se aplicó hace 80 años, puede ser relevante en el año 2025 de forma diferente y un ejemplo son los temas ecológicos. Las interpretaciones del derecho que dé la Corte de la Haya deben evolucionar e ir de la mano con los tiempos de las sociedades humanas y sus derechos, siendo eso lo que pretendo impulsar.

Todo debe servir a la mejor vigencia de los derechos humanos, pero también a la no discriminación, a la diversidad e inclusión. Vivimos en un planeta que es chiquito y no es posible que las ideas que se han desarrollado en el norte de Europa sean las únicas que pueden servir para interpretar el mundo. Vengo de Sudamérica y lo que hemos desarrollado aquí también le sirve al mundo porque no se tiene esta perspectiva. Esto va a ser otro de mis aportes.

Sí, los sudamericanos y peruanos pensamos diferente de los europeos, pero porque tenemos nuestras fórmulas de equidad y yo creo que con eso estoy suficientemente preparada para seguir sirviendo al mundo y aportando a la humanidad cosas buenas en el derecho

—Ha sido parte de casos históricos en el Perú como el de Abimael Guzmán. ¿De qué manera este tipo de trabajos influyeron en sus posteriores labores en la CPI?

No me tocó ese caso por suerte, sino porque mis colegas varones del subsistema nacional no quisieron asumirlo con excusas como que yo “era la más preparada” y diciendo que me iban a ayudar. Lo asumí con entereza porque era un gran reto profesional y algo que el Perú tenía que completar dentro de las estructuras y las normas del estado democrático de derecho.

Junto al coordinador del subsistema especializado del Poder Judicial nos dimos la tarea de juntar los casos más graves y emblemáticos para formar una megacausa contra Guzmán, quien tenía miles de imputaciones. Fueron cinco casos grandes, entre los que se contaban la matanza de Lucanamarca y 73 atentados, además de la captura, que fue donde se obtuvo más material. Logramos que se condene a toda la cúpula liderada por Guzmán dentro de la ley, pero el caso fue muy importante también por lo que significó para el desarrollo del derecho.

En lo particular, me dio la oportunidad de poder aplicar la teoría de la autoría mediata por dominio de Claus Roxin, que venía de Alemania. Lo interesante es que este modelo se había diseñado para castigar esencialmente crímenes estatales, inspirado en el juicio de Adolf Eichmann, uno de los grandes asesinos del Holocausto, y para sancionar a los grandes jerarcas alemanes y soviéticos que ordenaban a los soldados disparar a quienes intentaran cruzar el Muro de Berlín. El argumento principal es que los responsables no solo eran los soldados que ejecutaban esas órdenes, sino también toda la estructura que estaba detrás.

Eso fue lo que apliqué en el juicio de Abimael Guzmán, que argumentaba no haber disparado una sola bala ni haber dado órdenes directas, lo cual solo era cierto parcialmente, pues sí lo hizo con Lucanamarca. Para el resto de los atentados, Guzmán daba órdenes a través de la estructura organizativa de Sendero Luminoso, que tenía una configuración partidaria, pero de raigambre netamente criminal.

Fuimos felicitados por el propio profesor Roxin, quien quiso conocerme cuando yo ya estaba en La Haya, porque habíamos abierto un espacio muy grande para la mejor aplicación de a su teoría. También se visualizó cómo estos crímenes atroces constituían gravísimas violaciones a los derechos humanos, lo que suponía aplicaciones del derecho internacional humanitario. Este caso significó para mí el descubrir que había toda una gama de derecho internacional que podía ser aplicado al derecho nacional.

El CPI en un contexto internacional complejo

—Teniendo en cuenta las sanciones que la CPI ha establecido contra líderes mundiales muy importantes, además de la baja estima que Donald Trump le tiene a la corte, ¿qué tan complejo es el trabajo de la institución en este momento?

Cuando llegué en 2018 a la CPI ya manejaba casos muy importantes como el del presidente Al Bashir de Sudán o el hijo de Muamar el Gadafi en Libia. Desde hace tres o cuatro años los casos se han vuelto incluso más importantes porque las crisis de seguridad que hay en el mundo han convertido muchas regiones del planeta en escenarios de gravísimos crímenes contra la humanidad y de guerra. Los grandes poderes no aprecian nuestro trabajo porque somos jueces independientes y nuestras decisiones a veces no gustan, pero deben aplicarse porque nuestro trabajo, según el estatuto de Roma, sirve para garantizar y servir a la paz y seguridad mundial.

Sí, es cierto que algunos jueces hemos recibido hace tres años órdenes de arresto como las dictadas por el presidente Putin, pero todo el mundo sabe que eso es políticamente motivado y que es muy difícil que se lleven a efecto por parte de Interpol, pero sí es una disposición para los ejércitos privados que Rusia tiene en casi todo el mundo, especialmente en África.

En el caso de Israel y Palestina, la corte ha emitido algunas órdenes de arresto contra el primer ministro y su ministro de guerra, pero también para los líderes de Hamás. También está Afganistán, por ejemplo, donde la CPI ha actuado porque tiene jurisdicción en base al territorio, no importa quién haya cometido los crímenes.

Hay una gran potencia, que es Estados Unidos que se ha sentido agraviada —ellos sabrán por qué lo perciben así— y ha emitido sanciones denominadas ‘designations’ que implican el retiro de visas, que no se puedan realizar transacciones en dólares o con agencias económicas que tienen sede en su territorio. También han intentado presionar a los bancos que hay en La Haya para que no trabajen con nosotros. Esta serie de sanciones pretenden arrinconar a la corte e interferir para que no se pueda trabajar con independencia, pero con mucho orgullo debo decir que mis colegas y yo sentimos esto como una condecoración y que nada nos va a hacer retroceder y seguiremos siendo jueces independientes.

«Los movimientos geopolíticos nuevos permiten que algunos gobernantes piensen que pueden anular sistemas de justicia internacionales»

—¿Qué dificultad representa investigar a perfiles como Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu?

Esta institución está diseñada como una corte de último recurso en el mundo, donde encuentran espacio las víctimas de crímenes atroces, como se llama a los casos internacionales más graves como los de lesa humanidad, de guerra, genocidio y el crimen de agresión en todas sus modalidades. En este tipo de caso nos enfocamos en los más altos perpetradores, que generalmente son los jefes de Estado, ministros y quienes los acompañan.

No es ni fácil ni difícil porque esta es nuestra tarea, pero sucede que estos movimientos geopolíticos nuevos y los recientes balances del poder en el mundo permiten que algunos estados y gobernantes piensen que tienen poder para anular sistemas de justicia internacionales o mundiales, lo cual es solamente es una ilusión hasta ahora. La Corte Penal Internacional somos no solo el sueño, sino el producto de una negociación y de un anhelo de más de 50 años entre la comunidad internacional y hoy son 126 países los que forman parte del Estatuto de Roma. Estas acciones no son solamente contra la corte, sino contra 126 estados.

Investigar a un presidente (como los que cita) es lo mismo que investigar a cualquier otro y para llevar a cabo esto dependemos de la cooperación internacional y ahí está el quid del asunto: el multilateralismo, los compromisos que los estados hacen, sobre todo los miembros del estatuto de Roma, que tienen obligación de cooperar en los arrestos y la ejecución de sentencias u órdenes de todo tipo.

—Nicolás Maduro es otro presidente que viene siendo investigado por la corte. ¿El estado actual de Venezuela y polémicas como la del fiscal Karim Khan han supuesto más obstáculos en ese trabajo o hay avances?

La corte siempre tendrá éxito en el desde el punto de vista de que nosotros vamos a cumplir nuestra función sin importar quién sea el investigado. Sobre el caso que usted me pregunta, mucho no puedo decir porque es un caso que se está investigando. El señor fiscal fue recientemente separado del caso porque aparentemente su cuñada era abogada del equipo de Maduro. La sala de apelaciones de la CPI hizo un proceso y sus adjuntos serán los que sigan el caso como debe ser, porque tenemos la primera tarea de cuidar de la integridad de los procesos.

Como el caso todavía está en investigación y el señor Maduro al parecer es uno de los investigados, pero no es el único. A partir de que haya una confirmación de cargos contra él o cualquiera, el caso ya comienza a caminar judicialmente como tal y hasta este momento no hay eso.

Hay una serie de temas procesales y el estatuto de Roma dice que la CPI solo puede trabajar de manera complementaria a las jurisdicciones nacionales, que son las primeras obligadas a investigar y sancionar estos gravísimos crímenes. Si no lo hacen porque no quieren, no tienen capacidad o porque están haciendo juicios o investigaciones simuladas con el objeto de lograr impunidad, ahí interviene la corte.

Se le da la oportunidad a los países y se les informa que se ha abierto una investigación y se le pide a la justicia nacional que confirme si está abordando el caso y demuestre si desea continuar con la investigación. Eso se dio con Venezuela y de eso sí puede hablar porque eso ya lo resolvimos hace dos años.

Venezuela pidió una y otra segunda vez que se cortara la investigación en la CPI, porque dijeron que ellos estaban investigando suficientemente. Sin embargo, no lo pudieron demostrar porque las investigaciones no eran ni por los gravísimos delitos de lo que está acusado el gobierno ni contra las personas que están sindicadas. Ahí hemos resuelto un tema de complementariedad y hemos dicho en forma negativa que la investigación sigue porque no están haciendo su trabajo. Ese es el estado actual.

—En el Perú y la región se ve con preocupación el incremento de la violencia en varios niveles. ¿Nuestro país o algún otro cercano ha generado suficiente preocupación como para analizar abrir un expediente?

Todas las regiones del mundo están en el radar de la fiscalía y sí hay casos de América Latina. Salvo el caso de Venezuela que ya está más avanzado hay otros casos que están en investigación preliminar.

El caso de Colombia estuvo doce años en investigación preliminar hasta que la CPI apoyó a las autoridades locales y al gobierno por la vía de la complementariedad positiva para que construyeran estamentos de justicia especializados en temas de grave criminalidad, como producto del conflicto armado interno y la gran crisis por el tráfico de drogas. Finalmente, ellos pudieron llegar a un acuerdo de paz con los grupos armados y luego se formó la jurisdicción especializada para la paz, donde hoy se vienen encontrando fórmulas jurídicas con las que están dando respuesta desde su país. Fue por ello que la corte cerró la investigación contra Colombia. Sobre otros casos no puedo revelar nada porque el fiscal es totalmente independiente.

Los crímenes de competencia de la corte siempre conllevan gravísimas violaciones a los derechos humanos y se pueden dar en cualquier contexto. Le cuento un ejemplo pequeño, pero muy importante. En este momento el presidente de Filipinas, el señor Rodrigo Duterte, está acusado ante la CPI este por crímenes de este tipo, muertes y torturas en el marco de una lucha contra las drogas cuando él era presidente y desde que era alcalde de Dávao. Él ya se encuentra detenido en la corte y yo precisamente presido ese caso, en el que Duterte ha pedido su libertad provisional.

La situación es difícil porque hay grupos a favor y grupos en contra. El señor era muy querido por grandes sectores en su país, pero hay otro bloque grande de ciudadanos que han sido afectados por las muertes indiscriminadas. Eso ya se verá y no puedo adelantar nada más sobre eso, pero quiero dejar claro que sí estamos en todo el mundo.

En cuanto a Perú no es posible adelantar nada porque no ha llegado nada a los jueces y si lo hubiera tampoco podría comentarlo porque recién estaría bajo nuestra jurisdicción. Los peruanos sabrán lo que se dice los medios, pero no es esto que no sea causa de preocupación. Sabemos por información pública que en la fiscalía local hay cosas que se están examinando preliminarmente.