Cinco regiones del país registran sus peores cifras de extorsión en los últimos años: “La alerta comenzó en 2022” | LIMA – El diario andino
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Si bien Lima tiene el mayor número de casos (9.750 denuncias en lo que va del año), el analista de datos Juan Carbajal advirtió a través de su cuenta en la red social «TOncash, Madre de Dios, Piura, Callao y Tumbes ya superaron en lo que va de 2025 sus récords históricos de denuncias que cualquier año anterior desde 2018”, informó el experto.
Boletín Buenos días
“Hay que tener claro una cosa, este fenómeno no es una explosión repentina, la alerta comenzó en 2022. El crecimiento que la propia policía había expuesto en su anuario estadístico arrojaba un crecimiento superior al 150%. Desde entonces ya había alerta sobre un principal problema: la extorsión.«, explica a el comercio el experto en seguridad ciudadana del Taller de Asuntos Públicos, Enrique Castro Vargas.
El experto agrega además que las razones detrás del aumento de denuncias en estas cinco regiones pueden ser diversas, desde el crecimiento poblacional en ciudades como Piura hasta la proliferación de mercados irregulares económicamente valiosos como en Madre de Dios.
“Y lo que muestra el Observatorio es sólo una parte de lo que realmente sucede«, advierte a este diario una fuente de Puerto Maldonado que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Según este testimonio, las autoridades no siguen de cerca el tema en la región, fenómeno que se hace aún más evidente cuando nos centramos en puntos mucho más conflictivos como La Pampa, el infame territorio dominado por la minería ilegal y el crimen organizado.
La minería ilegal se ha extendido por amplias zonas de departamentos amazónicos como Loreto y Madre de Dios, convirtiéndose también en terreno fértil para otros delitos como la extorsión y el sicariato.
“Lo cierto es que no se conoce ninguna cifra real para estas zonas. Lo que sabemos extraoficialmente es que prevalece todo lo que puedas imaginar en materia de extorsión, sicariato o ajuste de cuentas. Antes podíamos enterarnos de una desaparición, ahora ni siquiera se contabiliza porque se ha normalizado terriblemente en los últimos años. Y está empeorando«, alerta nuestra fuente.
En agosto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ya advirtió que Madre de Dios era la segunda región con mayor número de denuncias por cada 100.000 habitantes del país y tenía la mayor tasa de denuncias por extorsión en la macrorregión oriental.
El IPE también detalló que esto ocurrió a pesar de que la región tenía un número promedio de policías superior al promedio nacional y era la segunda con mayor patrullaje integrado. «Sin embargo, la capacidad operativa de la policía está limitada por los recursos disponibles en las comisarías.“, informó.
Y esto vino acompañado de una reducción del presupuesto público para orden y seguridad públicas, siendo el presupuesto de 2025 la mitad del asignado en 2019.
“Los dueños de La Pampa no son el Estado, son los grupos criminales liderados por personajes como El Chili o El Bryan. En ese momento había una disputa por el poder con el Comando Vermelhopero aquí se disputan varios tipos de controles. Una es la parte clásica de la minería, todo lo que tiene que ver con los guardas de senderos que son extorsionadores; Pero hay diferentes lugares y sectores, otras bandas se disputan el control de combustibles e insumos químicos, muchas de ellas en connivencia con las fuerzas del orden. El valor del oro ha subido tanto que hay mucha gente involucrada, se mueve mucho dinero«, explicó la fuente a el comercio.
– El norte en alerta roja –
Es imposible ignorar que tres de las cinco regiones con este infame historial se encuentran en el norte del país. Según el Barómetro de Seguridad elaborado por Verisure e Ipsos, el 99% de la población de la macrorregión norte del Perú considera que la extorsión afecta la tranquilidad y seguridad de su comunidad.
Este bloque incluye las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Áncash.
En el caso de Tumbes, “La situación ha empeorado entre 2024 y 2025″, afirma una fuente de radio local que también pide no ser identificada por razones de seguridad.
“En el último año ha habido 15 atentados con dinamita y otros cuatro intentos bajo la misma modalidad«, detalla.»Los principales objetivos son las bodegas, las pollerías, las tiendas, pero los delincuentes también han comenzado a entrar a las casas para cometer homicidios.”.
Una fuente aseguró a que en el último año se han registrado al menos 15 atentados con dinamita relacionados con casos de extorsión en Tumbes.
Según esta fuente, las zonas más peligrosas de la capital regional son el barrio El Progreso y los distritos de Pampa Grande, Las Mercedes y El Milagro.
“Se sabe que aquí opera la banda de Los Lobos«, señala en referencia al grupo criminal declarado como organización terrorista por los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador».Pero a pesar de esto los vecinos denuncian la inacción de las autoridades y policías, el miedo se ha apoderado de todos y esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto, pero hasta el momento no tenemos información oficial sobre detenidos o sospechosos en relación a estos casos.”.
Castro Vargas, quien también fue director de Seguridad Ciudadana del Ministerio, también recuerda que las cifras oficiales representan “sólo entre el 13% y el 15% de los casos reales”.
“En este contexto, quien no es parte de la solución es parte del problema y la policía, tal como viene funcionando, lamentablemente es parte del problema. No es cuestión de percepción, sino de participación y complicidad de las tropas.”, señala.
Los expertos dicen que sólo entre el 13% y el 15% de las víctimas de delitos presentan sus denuncias ante las autoridades en Perú.
El experto advierte que los primeros pasos para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad deben encaminarse hacia un trabajo más articulado por parte de los diferentes actores.
“La adecuada persecución (del delito) pasa por la organización social, que alguien de mi organización sepa que voy a denunciar determinado delito; que la denuncia no solo pasa por la PNP sino también por el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, a través del número 1818. Esto le permite informar al fiscal que si reporta ese efectivo”, explica.
En ese sentido, Castro Vargas considera que iniciativas como la Ley N° 32490, sancionada a principios de noviembre y que establece medidas especiales para enfrentar a los extorsionadores del transporte, “obviamente no es la solución”.
“La persecución de la extorsión se debilitó con la modificación de la ley contra el crimen organizado, el periodo de escuchas, entre otros. Con este marco regulatorio no se puede enfrentar el crimen. El especialista en seguridad pública, crimen y violencia, Desmond Arias, determinó luego de investigar lo que sucede en Jamaica, Colombia y Brasil que existe el concepto de gobernanza criminal. Pueden estar divididos por cuadrados, colaborativos o escalonados. Tenemos, lamentablemente y en términos académicos, un esqueleto de gobernanza criminal donde desde el Estado formal se empieza a pintar un campo que permite el escalonamiento, separación y colaboración de diferentes organizaciones criminales. El Perú no tiene un problema, tiene muchos problemas criminales.«, oración.
