resucitar el impuesto energético – El diario andino
La escalada bélica provocada por la Tercera Guerra del Golfo ha provocado una crisis en el precio de la energía que inevitablemente evoca los fantasmas de lo vivido tras la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. Ante este escenario, cinco pesos pesados de la Unión Europea han decidido dar un paso al frente para evitar que la historia les vuelva a golpear.
En breve. El 3 de abril, los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal enviaron una carta formal al Comisario Europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra. La solicitud, adelantado en redes sociales por el vicepresidente español Carlos Cuerpo, es directo: exigen explorar «un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra».
Una doble lectura. El movimiento de este bloque de cinco países se entiende desde dos posiciones: la económica y la política. Por un lado, buscan proteger el bolsillo de los ciudadanos y las arcas públicas. para aliviar el coste de la crisis y frenar la inflación recae en los márgenes empresariales y no exclusivamente en los «consumidores […] sin sobrecargar los presupuestos públicos», como afirma la carta original.
Por otro lado, desde un enfoque político, la carta buscar enviar un mensaje de unidad. La medida demostraría a los ciudadanos que Europa está «unida» y es capaz de «actuar». Además, envía una seria advertencia al mercado: «quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner su granito de arena para aliviar la carga que recae sobre la población».
El espejo de 2022. Para acelerar los procedimientos y evitar laberintos jurídicos, los cinco ministros proponen utilizar una fórmula que ya ha demostrado su eficacia. La propuesta se basa en resucitar el Reglamento (UE) 2022/1854la misma herramienta de emergencia que se activó en la crisis de Ucrania. Los firmantes sostienen que este precedente proporciona al impuesto la «base jurídica sólida» necesaria para actuar de forma inmediata ante la actual volatilidad del mercado.
Sin embargo, como era de esperar, no será una copia exacta. Hay un matiz técnico a tener en cuenta: España y sus aliados han pedido a la Comisión que estudie «si y cómo» los beneficios que estas multinacionales petroleras obtienen en el extranjero también pueden ser gravados. Esto permitiría imponer impuestos más específicos y eficaces sobre los excedentes generados a nivel mundial. A pesar de las intenciones, aún queda por esbozar la letra pequeña. El texto enviado a Bruselas no deja de ser una declaración de intenciones que «no ofrece detalles sobre qué porcentaje se debería aplicar a los beneficios extraordinarios ni sobre qué empresas dicho impuesto recaería».
Mientras Europa decide, España asume la factura. En paralelo a este debate europeo, el Ejecutivo español ya ha desplegado un paquete de choque que reduce el IVA de los combustibles del 21% al 10% y reduce el impuesto especial a los hidrocarburos. Los resultados son tangibles: el precio de la gasolina ha bajado hasta los 1.557 euros el litro y el IPC de marzo se ha amortiguado hasta el 3,3%. Sin embargo, la factura de este «alivio» en los surtidores cuesta a las arcas del Estado 5.000 millones de euros. Precisamente, la presión presupuestaria que busca aliviar el nuevo impuesto europeo.
La pelota, en el tejado de Brusyel. La carta ya está sobre la mesa de la Comisión Europea. La principal exigencia de los responsables de la economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal es que esta medida se aborde «lo más rápido posible».
Ahora comienza la cuenta atrás diplomática y técnica. El barril de crudo mantiene su tendencia alcista debido a la inestabilidad en las rutas de suministro globales, por lo que se espera que los servicios técnicos de Bruselas evalúen la base jurídica de este posible instrumento en las próximas semanas. Europa enfrenta el desafío de demostrar si sus reflejos fiscales siguen siendo tan agudos como en 2022.
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