¿Cómo terminan dos policías siendo propietarios de una compañía de seguridad asesinada en Pataz? | CAL

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Las investigaciones han revelado que una importante compañía minera formalizó un contrato de concesión con la empresa Libmar, que, a su vez, subcontractó de manera informal a la compañía R&R para proporcionar los servicios de seguridad. Este mismo modelo de trabajo precario ha sido ampliamente adoptado en toda la región de Pataz. Lo preocupante es que no se ofrecen beneficios laborales ni seguros de vida a los trabajadores, quienes son retribuidos únicamente por el tiempo que trabajan de manera diaria.

¿Quiénes son los propietarios de la compañía de seguridad R&R?

El Ministerio Público ha recopilado los testimonios de un individuo que trabajaba para la compañía de seguridad R&R, de la cual formaban parte los trece agentes asesinados en Pataz. En su declaración, cuya identidad se protege para evitar represalias, el testigo mencionó que Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas son quienes manejan la agencia de seguridad.

Este testigo también reveló que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) reclutan a personal de seguridad bajo amenazas y coerción, lo que pone de manifiesto la grave situación de abuso y explotación en el sector.

«A través de la ley de obtener información a través de una fuente humana, fechada el 1 de mayo, fue posible obtener información valiosa proporcionada por un colaborador anónimo que, por temor a represalias, reservó su identidad«, indica el documento del Ministerio Público.

«Esta persona dijo que había trabajado junto con las víctimas y proporcionó un testimonio detallado sobre el entorno en el que ocurrió el secuestro, revelando la existencia de una compañía de seguridad informal llamada R&R, supuestamente dirigida por la policía en actividad Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas«, agregó el testigo.

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«Según esta fuente, las víctimas pertenecerían a esta compañía de seguridad de R&R, que no está registrada en SUNARP y opera en las sombras, reclutando personal en condiciones de coerción y amenaza«, se señala en otra parte del documento.

El fiscal indica que la empresa R&R opera informalmente

Luis Gustavo Guillermo Bringas, presidente de la junta de fiscales superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, informó que la compañía R&R funciona de manera informal, ya que no está registrada en SUNARP. Confirmó que dos policías están sindicados como propietarios de la compañía, aunque no aparecen formalmente en los registros.

«El fiscal provincial de Pataz me refirió a un informe en el que se destaca que la compañía R&R brindaba un servicio de seguridad a otra empresa, Libmar, que tenía un subcontrato o vínculo con la poderosa compañía. En este informe se menciona que una fuente, vía comunicación con un código de reserva, indicó que R&R sería dirigida por actividad que no puedo difundir por razones de confidencialidad en la investigación«, declaró el fiscal.

«Estoy consciente de que existe una prohibición que impide a los agentes de policía en actividad contratar por sí mismos; por esta razón, la información que poseemos indica que efectivamente, los que dirigen la empresa R&R son oficiales de policía. Me informan que esta empresa no está registrada en registros públicos y que, no obstante, opera materialmente bajo esa denominación«, agregó el fiscal.

¿Quiénes son los oficiales de policía sindicados para ser los que manejan la agencia de seguridad de R&R?

La compañía R&R es supuestamente administrada por los oficiales de policía Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas, quienes son miembros activos de la PNP en la región de La Libertad. Se destaca que Bastidas Rodríguez trabaja en la Unidad de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde, mientras que Pérez Vargas está asignado a una estación policial en Huanchaco.

Estos agentes estarían al tanto de las organizaciones criminales que operan en Pataz y podrían contar con el respaldo de otros oficiales policiales en caso de que necesiten apoyo para evitar la intervención de mineros ilegales, lo que refleja un alarmante nivel de complicidad. Testigos han indicado que la oficina del fiscal dispone de información sobre individuos que se consideran los «operadores» de la compañía R&R, tales como José Ramiro Lozano Peche, alias ‘técnicas’; Luis Alberto Chuquizuta Guerra, también conocido como ‘Piscis’; y Gianpierre Eduardo Baca Infante, alias ‘Norteño’. Estos individuos son señalados como responsables de capacitar a los agentes de seguridad reclutados para su uso en operaciones de seguridad.

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En el contexto de la compañía Libmar Sac, que inició sus operaciones el 28 de febrero de 2023, su representante legal es el segundo Nicolás Cueva Rojas, quien tiene antecedentes de quejas policiales relacionadas con invasión de tierras, robo agravado y agresiones.

Según el programa «contracorriente», el nombre de la empresa R&R sería en realidad «Ejecutores y Contratistas R&R SAC». La información obtenida de SUNAT muestra que la dirección fiscal de esta compañía está en la ciudad de Tayabamba, que es la capital de la provincia de Pataz, y su actividad principal está registrada como el servicio de mensajería, aunque en la práctica se dedica al transporte de carga en rutas.

La pista de armas de fuego

En medio del debate sobre las inexactitudes de las declaraciones iniciales en torno al destino de los trece mineros desaparecidos, el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció, el lunes 5 de mayo, la detención en San Juan de Lurigancho de un individuo que se presume está involucrado en los hechos de la masacre de Pataz, aunque no reveló su identidad.

Se trata de Luis Alberto Chuquizuta Guerra, conocido como ‘Piscis’ y uno de los operadores de la compañía R&R, quien fue detenido el 2 de mayo en la Avenida Francisco Wiese, donde se le encontraron dos armas de fuego. Sin embargo, contaba solo con la licencia de una de ellas, pues la otra, que era una pistola Glock, pertenecía a Juan Joel Ñaupai Salva, uno de los agentes de seguridad asesinados en Pataz.

Chuquizuta Guerra alegó que iba a entregar el arma al hermano de Juan Ñaupai. Actualmente, permanece detenido por posesión ilegal de armas y su posible implicación en el asesinato de los 13 trabajadores mineros.

Los oficiales de policía tienen prohibido establecer o pertenecer a compañías de seguridad

Carlos Tuse, ex Superintendente de Sucamec y ex Director de Investigaciones de la Inspección de la Policía, explicó a Comercio que está prohibido que los agentes de la PNP tengan algún rol en compañías de seguridad, de acuerdo con lo dictado por el Decreto Legislativo 1213.

«La policía no puede dirigir una compañía de seguridad ya que, conforme a la normativa estipulada en el Decreto Legislativo 1213, que regula a las empresas de seguridad privadas, los miembros de la Policía Nacional y las fuerzas armadas no pueden ejercer funciones de seguridad mientras permanezcan en activo, es decir, no pueden ser propietarios, accionistas, representantes o delegados de tales compañías. Esto es totalmente prohibido«, afirmó.

«Las acciones que ellos realizan son las que la ley prohíbe. Esto es un asunto serio y puede tener consecuencias legales significativas. Lo que les espera es la suspensión de sus funciones«, añadió Tuse.

Tuse comentó que no le sorprende la presencia de agentes de policía formando parte de empresas de seguridad, pues esto se ha vuelto común en los últimos años. En particular, la proliferación de estas entidades en Pataz ha llevado a que operen como agencias informales y clandestinas que no están registradas ni en SUNARP ni en Sucamec.

«Observamos una significativa actividad clandestina en seguridad privada. A menudo, utilizan nombres corporativos, pero carecen de respaldo legal y no pueden ser halladas en los registros públicos de SUNARP o Sucamec. Pese a lo cual, ellos suelen tener un logotipo y una identidad visual«, concluyó Tuse.

Por su parte, Ricardo Valdés, ex ministro del interior, expresó su sorpresa por la falta de respuestas tanto de la policía como del Ministerio del Interior respecto a los dos oficiales acusados de dirigir una compañía de seguridad en Pataz, sugiriendo que podrían ser testaferros de funcionarios de mayor rango de la PNP.

«Es desconcertante que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional no hayan tomado la palabra en este asunto para mitigar el daño y aportar transparencia al proceso. La ausencia de pronunciamientos genera la sospecha de que hay otros intereses en juego, lo que nos lleva a pensar que estos dos agentes podrían estar operando en asociación con elementos de alto nivel dentro de la policía«, añadió Valdés.

«Me esperaba una acción más contundente por parte de la fiscalía superior en La Libertad frente a este asunto, sin embargo, la situación ha quedado sin respuesta. Si bien se han expuesto dos nombres, corresponde a la policía determinar su condición. De cualquier forma, resulta muy preocupante ya que podría reflejar actividades que no deberían realizar en el marco de sus funciones«, concluyó.

Pedro Yaranga, analista de seguridad integral y gestión de riesgos, agregó que los agentes de seguridad de Pataz suelen ser contratados sin regulaciones adecuadas y se les dota de armas para actuar en contraposición a delincuentes que invaden las socavonas.