Congreso rechaza 23 pedidos de Delia Espinoza para anular blindajes: cuáles son y el impacto en el futuro | tlcnota| | POLITICA – El diario andino
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Entre los casos están las acusaciones contra Dina Boluarte Patricia Benavides, Luis Arce, Pedro Castillo, Jorge Luis Prado, Jorge Salas Arenas, diversos congresistas denunciados por el caso ‘mochasueldos’, entre otros. Todas estas denuncias terminaron en el archivo.
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Por ejemplo, en el caso del exfiscal supremo Luis Arce, la solicitud de Espinoza advertía diversos vicios durante la calificación de la denuncia que van desde la participación de congresistas que habrían estaban impedidos de integrar la SAC hasta excesos en el análisis legal que transgreden el Reglamento del Parlamento.
El presidente del Congreso, José Jerí, dirigió el debate Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Este miércoles 3 de septiembre, el presidente del Congreso, José Jerí, sometió a votación las solicitudes que Espinoza presentó en agosto.
Ello pese a los reclamos de parlamentarios como Lady Camones (APP), presidenta de la SAC; Ilich López (AP), tercer vicepresidente del Parlamento; y Martha Moyano (Fuerza Popular); quienes consideraron que el tema ni siquiera debía votarse porque el requerimiento de la titular del Ministerio Público no está contemplado en el reglamento del Poder Legislativo.
Los 23 pedidos de Espinoza se votaron en conjunto y fueron rechazados con 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Jerí anunció que esta decisión será tomada en cuenta para eventuales solicitudes similares.
“Esta decisión será aplicada a otras solicitudes de nulidad que se presenten con posterioridad”, señaló el titular del Congreso.
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Durante el debate, Camones Soriano sostuvo que el reglamento parlamentario no contempla la figura del recurso de nulidad ni corresponde a la naturaleza del procedimiento parlamentario de acusación constitucional.
“El proceso parlamentario tiene etapas definidas. Pretender introducir incidentes semejantes a los de los procesos judiciales ordinarios carece de sustento normativo y resulta impropio”, dijo la presidenta de la SAC.
“El proceso parlamentario tiene etapas definidas. Pretender introducir incidentes semejantes a los de los procesos judiciales ordinarios carece de sustento normativo y resulta impropio”, afirmó la presidenta de la SAC, Lady Camones (APP). (Foto: Congreso)
La parlamentaria de APP también rechazó que Espinoza argumente que congresistas denunciados o investigados por la fiscalía no pueden integrar la SAC. Alegó que el reglamento solo se refiere a procesos penales en curso.
Intervenciones similares tuvieron Alejandro Muñante (Renovación Popular), Gladys Echaíz (Honor y Democracia) e Ilich López (AP).
Muñante indicó que el reglamento regula el procedimiento de acusación sin contemplar la figura del recurso de nulidad. “Lo único que generan estos pedidos es entorpecimiento del trabajo parlamentario”, opinó.
En tanto, Echaíz advirtió que invocar la existencia de investigaciones preliminares como causal de nulidad equivale a vulnerar la presunción de inocencia.
López Ureña sostuvo, a su turno, que “si en el Reglamento no existe el recurso de nulidad, entonces esa nulidad simplemente no existe”.
Advirtió que acceder al pedido de Espinoza implicaría que el Congreso adopte decisiones al margen de la ley y exponga a los propios parlamentarios a eventuales denuncias constitucionales.
Así votaron
En la Comisión Permanente
A favor:
- Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)
- Arturo Alegría (Fuerza Popular)
- Martha Moyano (Fuerza Popular)
- César Revilla (Fuerza Popular)
- María Taipe (Perú Libre)
- Flavio Cruz (Perú Libre)
- Alejandro Muñante (Renovación Popular)
- Jorge Zeballos
- Waldemar Cerrón (Perú Libre)
- Héctor Valer (Somos Perú)
- Ana Zegarra (Somos Perú)
- Elvis Vergara (AP)
- Héctor Ventura (Fuerza Popular)
- Gladys Echaiz (Honor y Democracia)
- Ilich López (AP)
- Eduardo Salhuana (APP)
- Lady Camones (APP)
- Digna Calle (Podemos)
- Ariana Orué (Podemos)
- Jorge Coayla (JP-VP-BM)
Abstenciones:
- Alfredo Pariona (Bancada Socialista)
- Nieves Limachi (JP-VP-BM)
Mira la sesión de la Comisión Permanente:
Estas son las nulidades en el proceso de la SAC que solicitaba Delia Espinoza:
Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió que el Congreso retroceda en su decisión de blindar a políticos investigados y anule las respectivas votaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: Joel Alonzo/gec
/| Denuncia Constitucional | Denunciado | Caso |
|---|---|---|
| 602 | Patricia Benavides | La denuncia fue presentada por Delia Espinoza por los supuestos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal. SAC rechazó el informe que admitía a trámite la denuncia en julio del 2025. |
| 550 | Luis Arce Córdova | La fiscalía presentó la DC en enero de este año, señalando que existían indicios de un presunto delito de enriquecimiento ilícito por parte de Arce Córdova cuando se desempeñó como juez superior, fiscal supremo y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, el 11 de julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en aquel momento presidida por la congresista María Acuña (Alianza Para el Progreso),declaró improcedente la denuncia. |
| 470 | Carlos Morán | El exministro del Interior es señalado como presunto autor del delito contra la fe pública -en la modalidad de falsedad ideológica. |
| 355 | Betssy Chávez | La exministra de Cultura es señalada por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. |
| 516 | Pedro Castillo | La denuncia es por la presunta comisión del delito de peculado de uso. La acusación refiere que, Castillo Terrores habría utilizado indebidamente aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú, pertenecientes a la administración pública, para fines ajenos a su servicio como el transporte aéreo de sus familiares, allegados y terceros de Lima a Cajamarca para un evento privado. |
| 442 | Jorge Luis Prado Palomino | El ex ministro de la Producción es señalado como presunto instigador del delito de negociación incompatible. A Prado Palomino se le acusa de haber permitido la contratación de su sobrino, Edwin Chávez Prado, en su sector. |
| 469 | José Luis Salas Arenas | Salas Arenas es señalado por presuntamente instigar el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. |
| 581 | Franklin Jaime Tomy López | Denuncia es por la posible comisión del delito de peculado de uso, por haber participado en un evento profesional en horario laboral y utilizar los ambientes de su despacho en el Ministerio Público. Fue declarada improcedente por la SAC en julio del 2025. |
| 437 | Alfonso Chávarry | El ex ministro del Interior es señalado como presunto autor de la comisión del delito de nombramiento indebido para cargo público. El informe final de la denuncia – aprobado en marzo del 2025- concluye que no cometió delito alguno al designar a Sergio Cruz Hilacondo en el cargo de director general de Gobierno Interior. |
| 536 | Pedro Castillo | La denuncia es por la posible comisión del delito de peculado de uso. SAC declaró su improcedencia en junio del 2025. La denuncia se basa en hechos vinculados a la utilización indebida por parte de Castillo, de helicópteros del Ejército del Perú para fines ajenos al servicio presidencial y realizada sin formar parte de la agenda de actividades oficiales en esas fechas. Los cinco viajes se realizaron a la tierra natal del exmandatario donde viven sus padres y otros familiares. |
| 449 | Jorge Antonio López Peña | El ex ministro de Salud fue denunciado por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La acusación refiere un desbalance en el patrimonio financiero de López Peña e incremento patrimonial no justificado cuando ejerció la función de ministro en el período comprendido entre el 7 de abril y el 28 de octubre del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. |
| 489 | Jorge Luis Flores Ancachi | El congresista de Podemos Perú es señalado por la presunta comisión del delito de concusión, en grado de tentativa. Se acusa a Flores Ancachi porque “habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal, y de la Comisión de Energía y Minas en el periodo 2022-2023, a que le entreguen el diez por ciento de sus remuneraciones mensuales, y el 50 por ciento de sus bonificaciones”. |
| 456 | Rosio Torres Salinas | Se trata de la denuncia por el caso ‘mochasueldo’. La SAC blindó a Torres en julio del 2025. |
| 511 | Nivardo Edgar Tello Montes | Se trata de la denuncia por el caso ‘mochasueldo’. |
| 565 | Rómulo Mucho Mamani | El ex ministro de Energía y Minas fue denunciado por la posible comisión del delito de aceptación indebida de cargo público. Fue declarada improcedente por la SAC en junio del 2025. |
| 548 | Luis Carlos Arce Córdova | La denuncia es por presunto cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. |
| 566 | Luis Carlos Arce Córdova | La denuncia es por presunto tráfico de influencias. La SAC la declaró improcedente en mayo del 2025 al sostener que no se encontraron elementos mínimos como coordinación previa o contribución determinante que sustenten la acusación. |
| 514 | José Arriola | La denuncia es por el presunto delito de concusión (caso ‘mochasueldo’). Se acusa a Arriola Tueros, en mérito a un reportaje televisivo, haber solicitado a sus ex trabajadores aportes provenientes de sus remuneraciones a cambio de mantenerlos en sus puestos laborales. |
| 549 | José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echeverría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela | La denuncia es por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. SAC declaró su improcedencia en marzo del 2025. |
| 505 | Jessica Rosselli Amuruz Dulanto | Denuncia es por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La SAC declaró improcedente la denuncia en noviembre del 2024 al concluir que la conducta de la congresista no se encontraría subsumida en el ilícito penal denunciado por cuanto no se ha acreditado el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo penal. |
| 568 | Ángel Henry Romero Díaz | El juez supremo Ángel Henry Romero Díaz es señalado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. |
| 492 | Dina Ercilia Boluarte Zegarra | La denuncia es por el Caso Rolex. SAC archivó caso en abril del 2025. |
| 546 | Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Yorel Kira Alcarraz Agüero, María del Carmen Alva Prieto, Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, Patricia Rosa Chirinos Venegas, George Edward Málaga Trillo y Jorge Arturo Zeballos Aponte | La denuncia contra este grupo de parlamentarios es por un viaje a la ciudad de Trujillo, el 11 de febrero de 2023, para lo cual habría utilizado boletos aéreos costeados por el Congreso de la República, a fin de participar en la celebración del onomástico del legislador Bazán Calderón. |
Posturas
En diálogo con , el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco y el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi expresaron posturas discordantes.
Cevasco consideró que la solicitud se debió rechazar de plano, sin someterse a votación. Bajo su criterio, el pedido de Espinoza “va contra la autonomía que el Congreso tiene”.
“El Parlamento tiene sus decisiones que, equivocadas o no, se tienen que respetar. Si la Comisión Permanente tomó la decisión de rechazarlo tampoco es imprudente porque generará un precedente para futuras solicitudes similares que puedan existir”, afirmó.
El ex oficial mayor indicó que hubo casos en los que otras instituciones autónomas han hecho solicitudes que van contra la autonomía del Congreso y fueron rechazadas de plano.
“La decisión que tomó el Congreso crea un precedente importante para su autonomía, más allá de si el fondo del asunto es correcto o incorrecto”, subrayó.
Cevasco explicó que en cada etapa del proceso de denuncia constitucional hay un “debido proceso”, como llamar a los denunciados y denunciantes para que sustenten sus puntos de vista.
“Es en esta fase que la fiscal tiene la oportunidad de sustentar su denuncia […] Por lo tanto, el Congreso no ha hecho mal en rechazar la solicitud de Espinoza porque se trata de su autonomía”, aseveró.
“Los procedimientos que establece la Constitución para aquellas instituciones que tienen iniciativa legislativa o denunciar a altos funcionarios, establece límites. Al Congreso no se le ocurriría, por ejemplo, dirigir una carta a la fiscal para pedirle que retire denuncias porque tampoco corresponde, la fiscalía es autónoma”.
Cevasco opinó que el Ministerio Público debería preparar a sus fiscales en derecho parlamentario. “Podrán ser expertos en derecho penal, civil, etc., pero tienen una pata coja con respecto a lo que es derecho constitucional y derecho parlamentario”, concluyó.
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Rospigliosi discrepó. El especialista advirtió que el antejuicio no debe ser mal aplicado y que es deber del Congreso dar luz verde al sistema de justicia para que “haga su tarea”.
“En los últimos años, el Congreso se está entrometiendo y cambiando su rol de dar pase en convertirse en juez. El Parlamento no tiene el deber de calificar si los hechos constituyen o no delito y esa es la deformación y patología del antejuicio”, dijo.
Rospigliosi recordó que la SAC no está conformada por abogados solamente. Por ejemplo, en el caso de María Acuña, la expresidenta de la SAC, y otros legisladores. “Entonces, con qué idoneidad profesional pueden atreverse a decir si los hechos son delito o no”, señaló.
Bajo su lectura, la fiscal hizo lo correcto en demandar la nulidad de los 23 procedimientos.
“Acá hay un encubrimiento grosero. Con esto nos quieren decir: ‘¡Qué viva la impunidad!’. Por ejemplo, hay que recordar los hechos por los que investigan a Luis Arce Córdova. Esto es un escándalo. El Congreso no es el Poder Judicial, es el paso previo”, acotó.
El especialista resaltó que una salida para el Ministerio Público sería presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional “diciendo que el Congreso, a través de la SAC, se está entrometiendo en su rol al exceder sus funciones”.
