Donald Trump firma la orden para penalizar las «ciudades santuario» que no colaboran con los agentes migratorios | Estados Unidos | Migrantes | Ley de Inmigración Federal | Hielo | Estados Unidos | Último | MUNDO
El presidente de EE.UU, Donald Trump firmó un decreto presidencial el lunes dirigido a enfrentar a las ciudades del país que no colaboran con los agentes de migración. Este decreto tiene como objetivo principal asegurarse de que los gobiernos locales cumplan con las leyes federales relacionadas con la inmigración, señalando así una escalada en las tensiones entre la administración federal y diversas localidades.
La orden ejecutiva es bastante clara: instruye a los departamentos de justicia y seguridad nacional a que elaboren una lista detallada de aquellas localidades que se conocen como «Ciudades santuario«. Según el presidente, estas ciudades que no cooperan con las autoridades migratorias están «obstruyendo el ejercicio de Ley Federal de Inmigración«. El gobierno considera que este tipo de políticas puede tener repercusiones negativas para la seguridad pública.
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De acuerdo con este decreto, una vez que el gobierno identifique las jurisdicciones que incumplen con la colaboración solicitada, el presidente ha instruido a los dos departamentos a que tomen medidas legales «necesarias» contra ellas. Entre estas medidas se incluye la posibilidad de congelar los fondos federales que reciben las ciudades que son clasificadas como «santuario«. Esta decisión ha suscitado un amplio debate en el ámbito político y jurídico, reflejando la profunda división en la opinión pública sobre el tema.
En el marco del decreto, firmado esta tarde en la Oficina Oval, el presidente acusa a aquellas jurisdicciones que no colaboran con las autoridades federales de inmigración de incurrir en un «insurrección ilegal«. Esta acusación revierte la narrativa en torno a las ciudades santuario, las cuales han argumentado que su enfoque es, en realidad, fortalecer la confianza entre la policía local y las comunidades migrantes, permitiéndoles reportar delitos o colaborar con las autoridades sin el temor de ser deportados.
Según la legislación estadounidense, residir en el país sin la debida autorización o estatus legal no se considera un delito penal, sino una infracción civil. Esta distinción es crucial en la discusión sobre las políticas de inmigración y los derechos humanos de los migrantes en el país.
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Junto con el decreto que ataca a las ciudades «santuario«, Trump también firmó una nueva orden ejecutiva este mismo día para intensificar aún más su política antiinmigrante. Este segundo decreto está centrado en las fuerzas de orden público y solicita apoyo legal para los agentes que enfrenten acusaciones de abuso o mala conducta. Además, busca relajar las restricciones que limitan las acciones de estos agentes y proporciona equipos y armamento militar.
La administración de Trump ha estado firmando un creciente número de acuerdos entre Autoridades locales y servicio de inmigración y aduanas (ICE), lo que faculta a los oficiales de policía en todo el país para arrestar a migrantes. Hasta ahora, se han firmado más de 456 de estos acuerdos, reflejando un esfuerzo concertado por parte del gobierno para aumentar la presión sobre las comunidades migrantes.
