«El carácter privado de Chancay no afecta la soberanía nacional» – El diario andino
Cosco Shipping, la empresa estatal china, que controla el puerto de Chancay, emitió un comunicado sobre el fallo judicial que falló a su favor en el caso de amparo que interpuso contra Ositran y la Presidencia del Consejo de Ministros; y que también fue comentado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, al describir que «el dinero chino barato cuesta soberanía».
En su mensaje, la empresa señaló que el carácter privado del Puerto Chancay «no implica afectación alguna a la soberanía nacional», argumentando que la terminal portuaria carece de «extraterritorialidad política, administrativa, fiscal y regulatoria».
En un comunicado, las empresas portuarias explican que la sentencia judicial «reconoce la normativa vigente, así como el marco jurídico de control y supervisión estatal en esta materia».
Manifestó que es un error pensar que el puerto carece de la supervisión de las autoridades peruanas. Por el contrario, explicó que el gobierno no sólo ejerce todas sus facultades de control y supervisión a través de las entidades estatales correspondientes, sino que también lo hace con las instalaciones que brinda el Puerto como parte de su infraestructura.
Explicó que en el puerto de Chancay existen: “Aduana, la Autoridad Portuaria Nacional incluyendo la Unidad Conjunta de Control (multisectorial), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, diversas entidades del Departamento del Interior (Migraciones, Administración Nacional Antidrogas, Policía Fiscal y Ambiental), autoridades de salud y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”.
El núcleo del problema
Cosco Shipping explicó que la ley peruana del sistema portuario, que regula las actividades y servicios en los puertos, tanto de iniciativa, gestión y prestación pública, como privada, establece la competencia de las entidades nacionales para las necesidades de control y supervisión portuaria.
Y en ese aspecto, el marco específico de Ositran se fija para «la supervisión del cumplimiento del contrato de concesión y la regulación del sistema tarifario en mercados donde no existe libre competencia portuaria de uso público».
Sin embargo, enfatizó que Ositran mantiene la posición de que, además de lo anterior, también le corresponde «la función de defender los intereses de los usuarios del puerto», lo que, según afirma la empresa, no se ajusta a las leyes vigentes, porque correspondería a la Autoridad Portuaria Nacional.
“Sin embargo, la Ley del Sistema Portuario Nacional asigna funciones especiales a la Autoridad Portuaria Nacional, entre ellas velar por el respeto a los derechos de los usuarios en los puertos bajo su jurisdicción”, afirmó.
Por ello, explicó que en el marco de la estabilidad jurídica que gozan las inversiones en el Perú y bajo la cual se realizó la inversión, la empresa recurrió a instancias judiciales para ejercer sus derechos en relación con la supervisión específica de Ositran.
Y dijo que esto «no significa que el Estado pierda capacidad de control y supervisión, así como de velar por la protección de los derechos de los usuarios», porque actualmente es supervisado por muchas autoridades, como afirmó anteriormente.
Finalmente, indicó que, mientras se desarrolla el proceso judicial iniciado por Cosco Shipping en defensa de la legalidad, se está contribuyendo a la regulación de Ositran “en señal de protesta”.
“Cosco Shipping ratifica su firme compromiso de respetar y cumplir la normativa nacional, así como los mandatos que surjan de los procesos judiciales, manteniendo al servicio del Estado una infraestructura portuaria moderna y eficiente del más alto estándar internacional, que se convierte en un medio para contribuir al progreso y desarrollo del país”, concluyeron.
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