El Ejecutivo quiere legislar en materia económica – El diario andino
El Ejecutivo ha solicitado al Congreso autoridad para promulgar leyes sobre seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
En cuanto al crecimiento, la propuesta establece que la actividad económica está expuesta a diversos factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones para 2025 y 2026.
Uno de los principales factores de riesgo son los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana, que podrían empeorar el clima de negocios, provocar disrupciones en la cadena logística y modificar las decisiones de inversión y consumo.
En la explicación del proyecto, también catalogan como riesgo para el crecimiento económico peruano condiciones climáticas desfavorables, como la posible ocurrencia de fenómenos de El Niño o La Niña, que podrían afectar la producción agrícola y pesquera.
«La inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico, porque afecta la actividad empresarial, genera mayor gasto en medidas de seguridad y provoca incertidumbre entre las entidades empresariales», afirma el documento.
POTESTADES
Entre lo que se propone en la solicitud de autorización está el establecimiento de medidas encaminadas al fortalecimiento institucional y especificación de competencias dentro del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), con el fin de optimizar la gestión y desarrollo de proyectos bajo las modalidades de asociación público-privada y proyectos inmobiliarios.
También tiene como objetivo establecer disposiciones legales para la promoción de la inversión privada en bienes, actividades y servicios culturales y derogar la Ley 29164, Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de los Servicios Turísticos en Bienes Raíces que forman parte del patrimonio cultural de la nación.
Además, busca autorizar la creación del Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), para las empresas que cumplan con las bonificaciones establecidas por la Ley 31110, la Ley de Régimen Laboral Agrario e incentivos para los sectores de agricultura y riego, agroexportación y agroindustria, con el fin de promover la inversión en tierras estatales.
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