El equipo de Lava Jato presenta una acusación contra 14 personas por el caso de la planta de tratamiento de Huachipa y North Ramal | Sedapal | Camargo y Correa | Último | Citación
Él Fiscales del equipo especial en el caso Lava Jato han formulado acusaciones contra un total de 12 individuos, incluyendo a dos representantes de la firma brasileña Camargo Correa en relación con el proyecto denominado «Lote 1, 2, 3 – Planta de tratamiento de Bocatoma, Huachipa y North Ramal».
De acuerdo con la información disponible, se ha verificado que estos funcionarios incluyen a miembros de Cedapal y a gerentes de trabajos, así como a representantes de la empresa brasileña y también del Consorcio de Huachipa, todos involucrados en la ejecución de las obras previamente mencionadas, indicando una clara conexión entre las acciones de los acusados y el proyecto en cuestión.
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Los acusados enfrentan cargos por delitos de corrupción, que abarcan tanto sobornos indirectos como pagos directos en forma de soborno activo, a los cuales se les han impuesto penas que variarían entre nueve y 15 años de prisión de acuerdo a las exigencias establecidas para el estado (en el caso del representante de Sedapal).
La fiscal Diana Sanghihuaman, que forma parte del equipo especial de Lava Jato, ha presentado esta acusación formal. Este movimiento es respaldado por un equipo de 25 fiscales que componen dicho equipo especial, bajo la dirección del fiscal Rafael Vela, quien es responsable de supervisar las investigaciones relacionadas con este caso tan complejo y multifacético.
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En el año 2018, el Comprolador General de la República detectó diversas irregularidades en torno a la suscripción del contrato, así como en las etapas de implementación, operación y mantenimiento del proyecto, lo que supuestamente ocasionó un perjuicio económico considerable estimado en S/91 millones 858 mil.
El Comité de Auditoría identificó hasta cinco irregularidades relacionadas con este trabajo, las cuales incluyen el monto de un contrato que asciende a US $ 304 millones, el cual fue adjudicado al consorcio Huachipa, conformado por la empresa brasileña Camargo Correa y la compañía francesa OTV, en el año 2008, resaltando las serias falencias en los procesos de adjudicación.
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La auditoría incluyó un exhaustivo análisis de documentos que abarca desde octubre de 2007 hasta octubre de 2015. Los hallazgos fueron remitidos a la primera oficina del fiscal Supravincial, especializada en casos de corrupción de funcionarios, lo que indica un claro esfuerzo por parte de las autoridades para abordar este escabroso asunto con la debida seriedad.
