El Ministerio de Energía y Mina aprueba medidas para garantizar la continuidad operativa de las refinerías en el país
El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Mina (Minem), ha tomado una decisión clave hoy al aprobar una nueva normativa que establece medidas adicionales para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones relacionadas con la Refinación y procesamiento de hidrocarburos. Esta normativa aún está en proceso de registro en el ámbito del Registro de Hidrocarburos administrado por el Supervisor de Energía e Inversión Minera (Osiergmin).
La Regulación suprema no. 008-2025-EM, que se ha publicado en la Gaceta Oficial de El Peruano, detalla que instalaciones como la refinería de TALAS aún tienen la capacidad de operar siempre que se presenten los títulos calificados, certificados, opiniones técnicas y otros permisos necesarios. Esta iniciativa forma parte de los objetivos establecidos en la Política Energética Nacional diseñada para el periodo de 2010 a 2040.
Es importante señalar que los títulos mencionados deben estar disponibles en el cronograma detallado de Osiergmin dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada en vigor de esta normativa. Además, dicho cronograma no puede exceder los 18 meses y deberá incluir reportes mensuales en función de las actividades listadas como programadas.
Durante este periodo de 18 meses, las operaciones de las refinerías se mantendrán activas mientras Osiergmin lleva a cabo un monitoreo técnico. Además, se prevé que puedan otorgar extensiones excepcionales, siempre y cuando se cuente con un respaldo adecuado por parte de Minem y se justifique la importancia de mantener la oferta interna de hidrocarburos.
Según el director ejecutivo, esta regulación tiene como finalidad principal evitar cualquier interrupción en el suministro de combustible a lo largo del país y fortalecer la seguridad energética. Esto también está relacionado con el compromiso de modernizar las infraestructuras críticas que son esenciales para el funcionamiento del sector energético.
La normativa aclara que se excluye de su aplicación el antiguo análisis ex ante, que estaba dirigido a entidades públicas que lideran procesos que son esenciales para la operabilidad energética a nivel nacional.
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