El ministro de preguntas de los parlamentarios, Gustavo Adrianzén, para minimizar los asuntos de Pataz después de confirmar el asesinato de 13 mineros | Último | Citación
Primer ministro Gustavo Adrianz se encuentra bajo una intensa crítica luego de la confirmación del asesinato de 13 ministros que habían sido secuestrados en Pataz, en la región de La Libertad. Este trágico acontecimiento ha desatado una ola de indignación y descontento entre los ciudadanos, así como un fuerte cuestionamiento a la gestión del gobierno actual. Durante entrevistas, varios parlamentarios expresaron su descontento con la forma en que el comandante del gobierno había manejado la crisis, especialmente tras haber minimizado el asunto la semana pasada cuando se discutió el secuestro ocurrido el 26 de abril.
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«Esto ocurrió hace solo cuatro días. En la luna. No hay una razón objetiva para no censurarlo». Así lo afirmó Edward Málaga Trillo, miembro del partido No Clasificado, refiriéndose a las palabras del primer ministro, quien había indicado que el gobierno no contaba con una confirmación oficial del secuestro y sugirió no emitir advertencias públicas prematuras.
Desde la bancada socialista, el líder Silva Robles también hizo un llamado a la acción: «Trece empleados fueron asesinados en Pataz por una poderosa empresa minera, y el gobierno dudó de la veracidad del secuestro a pesar de la denuncia presentada. Esto es resultado de la negligencia y la falta de experiencia de la Comisión que actúa de espaldas a la población.» Ni la declaración de emergencia ni el estado de guerra han dado resultados. El presidente y los ministros que no están combatiendo la violencia no pueden seguir en sus puestos.»
Asimismo, el legislador Alejandro Muñante, perteneciente a la bancada de Renovación Popular, identificó la tragedia de Pataz como un claro testimonio del fracaso de las medidas de emergencia implementadas. “Es el resultado de un enfoque desastroso promovido por funcionarios asociados con ONG y organizaciones de derechos humanos. Debemos expresar nuestra solidaridad a las familias de las víctimas”, aseguró.
El diputado Jorge Montoya también se pronunció: «El gobierno no puede seguir siendo un espectador de la creciente violencia en las áreas mineras del país. Lo ocurrido en Pataz es una tragedia que refleja el abandono, la impunidad y la falta de medidas de seguridad concretas.».
Las críticas provienen de exfuncionarios.
Por su parte, Rafael Belaunde, presidente de Popular Libertad y exministro de Energía y Estudios, también criticó severamente al primer ministro: «La PCM dudó de la veracidad del secuestro, y hoy se ha confirmado el asesinato de 13 trabajadores mineros en coordinación con Minera Poderosa. Los organismos de seguridad mencionados por la PCM son los mismos encabezados por Dina y otros funcionarios incompetentes del gobierno. No habrá cambios significativos hasta que se enfrenten a la votación y al rechazo popular.»
Finalmente, la exministra y actual líder de desarrollo y participación, Fiorella Molinelli, se unió al coro de voces críticas: «Hace tres días, el gobierno minimizó el secuestro en Pataz. Hoy, 13 mineros han sido asesinados. ¿Cuántas vidas más se perderán debido a esta indiferencia y falta de capacidad? Negar lo evidente es también un acto de culpabilidad.»
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Contexto de la tragedia
Según los informes, el crimen fue llevado a cabo por un grupo armado liderado por Miguel Rodríguez Díaz, conocido como «Cuchillo». Este grupo forma parte de una red minera ilegal que opera con total impunidad en la región. El sábado 26 de abril, R&R, socios de Minera Poderosa, fueron secuestrados, y los perpetradores exigieron un rescate de cuatro millones de soles. Sin embargo, no se estableció una línea de comunicación con las familias de los secuestrados.
El domingo 4 de mayo, efectivos de la Policía Nacional hallaron los cuerpos de los trabajadores en un lugar conocido como Pueblo Nuevo, dentro del distrito de Pataz. Todos estaban esposados y presentaban heridas de bala, según informaron fuentes oficiales.
Es importante mencionar que la región está bajo un estado de emergencia, pero las preocupaciones sobre la efectividad de las medidas de seguridad son evidentes. La Minera Poderosa ya había denunciado desde 2020 que sus operaciones eran blanco de ataques ilegales por parte de mineros informales, forzando a la empresa a renunciar a concesiones y afectando su capacidad operativa.
