el reglamento entra en vigor sin normas que garanticen su aplicación segura – El diario andino
Desde hace un mes está vigente el derecho del ciudadano a obtener una copia de sus datos personales para transferirlos a otro proveedor, por ejemplo, uno que ofrezca mejores condiciones. Sin embargo, su aplicación efectiva y la debida protección de los titulares de los datos están en riesgo por la falta de un estándar que exija su aplicación segura.
En la práctica, las disposiciones complementarias sirven para desarrollar o facilitar la aplicación de la norma principal, asegurando su coherencia, interpretación uniforme y aplicación efectiva. Para ello, el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, publicado en noviembre de 2024, estableció claramente que “La Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) dicta las disposiciones complementarias necesarias para la correcta aplicación de la portabilidad de datos personales”.
Por tanto, no es una posibilidad, sino una obligación. Pese a ello, transcurrido el plazo de seis meses para la entrada en vigor del derecho, la ANPDP aún no ha adoptado disposiciones adicionales que garanticen su aplicación uniforme y segura.
Contradicciones de la ANPDP
Consultada sobre la omisión, la ANPDP respondió a Perú21 que «el Reglamento no exige» la emisión de las citadas disposiciones, sino que «las predice con base en una evaluación de necesidad». Sin embargo, en el mismo escrito, la entidad admite que «lo consideró oportuno» y que está trabajando para publicarlos durante el próximo año.
Esta doble afirmación revela una contradicción institucional: se reconoce la necesidad de dictar reglas, pero se relativiza la obligación de hacerlo. En la práctica, el derecho ya existe, pero sin un marco técnico que defina cómo implementarlo, en qué formato deben enviarse los datos, qué estándares de seguridad se aplican o cómo resolver conflictos entre empresas y usuarios.
Además de la interpretación jurídica, la falta de directrices deja a los ciudadanos con un derecho formalmente reconocido, que es difícil de realizar. Y esto coloca a las empresas en un terreno incierto: cada responsable del tratamiento tiene que decidir por sí mismo cómo aplicar la portabilidad, lo que abre espacio para diferentes criterios, costes adicionales y posibles violaciones de la protección de la información.
Condición necesaria
El abogado y especialista en derecho digital, Erick Iriarte, niega, aunque sea de manera técnica y diplomática, la interpretación de la ANPDP. En su interpretación, las disposiciones complementarias no son una opción ni una evaluación futura, sino una condición necesaria prevista en el propio reglamento para su plena aplicación.
«El reglamento comenzó a entrar en vigor por etapas, tal como estaba previsto. En esa medida, son necesarias disposiciones, protocolos y medidas complementarias a tomar para esclarecerlo, por ejemplo para determinar qué tan grande es el volumen de datos, qué disposiciones complementarias deben entenderse para la portabilidad o medidas complementarias relacionadas con la evaluación de impacto», dijo Perú2.
Las palabras de Iriarte sugieren una realidad: sin directrices claras, la portabilidad corre el riesgo de convertirse en un derecho simbólico. Lo que debería representar un avance en la soberanía digital de los ciudadanos se está implementando hoy con un vacío regulatorio que el propio gobierno reconoce pero no corrige.
La paradoja es que la norma que supuestamente fortalecería el control de los ciudadanos sobre sus datos fue creada sin las garantías básicas que lo harían posible. Hasta que se adopten disposiciones complementarias, la transferibilidad de los datos personales permanecerá en un limbo operativo, dependiendo más de la voluntad de las empresas que de la acción del Estado.
En un contexto en el que la protección de datos personales es cada vez más sensible, la ausencia de normas claras no es un retraso técnico: es una omisión que debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema.
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