Fábrica de elecciones electorales, por Juan Paredes Castro | Opinión

Las tensiones y conflictos que se extienden por el panorama político de Perú, particularmente en torno a los apartamentos, han revelado inconsistencias graves en la forma en que operan nuestras instituciones democráticas. En el centro de esta crisis se encuentran tanto el gobierno central como el poder legislativo, que deben recibir el respaldo de los ciudadanos a través de un voto bien informado. Esta situación se presenta como uno de los desafíos más significativos y preocupantes para la integridad de la democracia en el país.

Las entidades responsables, como el Parlamento, el Comité Electoral, la Onpe y el Reniec, se enfrentan abiertamente a un problema que no solo es drástico, sino que también tiene implicaciones que podrían afectar a largo plazo el proceso electoral, especialmente de cara a las elecciones de 2026 y a las reformaciones constitucionales para 2031.

Es imperativo que estas instituciones adopten medidas urgentes y efectivas, de forma que logren no solo salvaguardar su funcionalidad, sino también restaurar la confianza del electorado en la democracia misma. Esto requiere una reforma constitucional que pueda estabilizar el sistema electoral, lo cual se vuelve más relevante cada día a medida que las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas, y no ignoradas por un sistema que parece haber olvidado su propósito primordial.

Los actos de gobierno impulsados por figuras clave como Martín Vizcarra, ex presidente de la nación, han sido objeto de debate. Muchos han señalado que su mandato no solo dejó huellas de corrupción, sino que también, de manera irónica, contribuyó a la configuración de una «fábrica de caos» que está presente en el sistema democrático actual, un hecho que representa una fase de desintegración política que nos resulta asombrosamente perturbadora.

Desmantelar esta fábrica electoral es un reto monumental, pero necesario. Para iniciar este proceso, será necesario implementar un enfoque que trascienda las reformas superficiales y que en su lugar implemente cambios fundamentales en la constitución. Para ello, podrían requerirse dos elecciones: una que aborde las conductas de los partidos y otra que busque facilitar su remoción, condenando así las irregularidades que han llevado a la desconfianza pública.

Por ejemplo, de los numerosos grupos de apoyo que alguna vez existieron, ahora solo se puede contar con 25,000 personas. Este drástico descenso, junto con la identificación de 5,000 firmantes falsificados, no sugiere una solución viable, sino más bien una continuación problemática del estancamiento administrativo actual.

La estructura electoral, caracterizada por su complejidad de leyes, regulaciones y procedimientos, ha procedido a generar no solo un registro irrefutable de sus deficiencias, sino también a establecer un entorno propicio para todo tipo de sanciones. Consideremos el caso del JNE que pretende imponer castigos por la reciente falsificación de firmas; este proceso requiere un análisis exhaustivo que podría extenderse durante varios años y que es insostenible.

Asimismo, resulta sorprendente que la justicia haya decidido disolver a figuras políticas como Antauro Humala mientras apura las elecciones en un contexto donde los líderes políticos van a buscar culpar a actores externos por las irregularidades de sus propias filas. La policía electoral, por otra parte, parece ignorar esta realidad, eludiendo acciones que realmente sancionen las violaciones cometidas.

Al final, las capacidades del JNE para afrontar y desmantelar las estructuras que alimentan esta crisis electoral serán puestas a prueba. Sin embargo, también debemos cuestionar si realmente cuenta con la voluntad y los recursos para abordar lo que muchos consideran un problema crónico en la política del país.