Guillermo Bermejo y Guido Bellido: PJ comienza el nivel de acusación contra los parlamentarios por presunto obstáculo para la justicia | Citación
La Corte Suprema, bajo la autoridad del juez Juan Carlos Checkley, ha tomado la decisión de iniciar un informe relacionado con la acusación de delitos que se han presentado por obstrucción a la justicia, afectando a los implicados, el 29 de mayo. Esta investigación ha suscitado un amplio interés público debido a la gravedad de las acusaciones y la posición de los involucrados en el ámbito político.
Los nombres de Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte han sido mencionados con especial énfasis, ya que los ministerios públicos han solicitado una pena de cárcel de 7 años y 6 meses para cada uno, además de inhabilitación en sus cargos. Este tipo de penalizaciones son graves yreflejan la seriedad de los presuntos delitos cometidos.
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Ambos parlamentarios enfrentan acusaciones fundamentadas en supuestas maniobras a través de terceros, destinadas a evitar otro proceso judicial en el que se mencionan delitos relacionados con el terrorismo. La evidencia sugiere que su objetivo era entorpecer las investigaciones que giran en torno a sus actividades.
De acuerdo con la información presentada en el ensayo fiscal, los parlamentarios habrían intentado influir en Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como «Sacha», para que no declarara en su contra. Este testigo había señalado previamente que los mencionados habían tenido reuniones con miembros de Sendero Luminoso, lo que complicaría aún más su situación legal.
Uno de los intermediarios mencionados en las acusaciones es John Benites Tangoa, un abogado que anteriormente representó al Partido Perú Libre (PL). Se alega que él, junto a otros, organizaron reuniones con testigos en un sauna de la capital, lo que pone de relieve la gravedad de los métodos utilizados para interferir en el proceso judicial.
Durante estas reuniones, Villarroel Medina supuestamente recibió ofertas económicas y promesas de asilo político, que claramente indican esfuerzos por influir en su testimonio.
«Se atribuye a los parlamentarios Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ligarte, en acuerdo conjunto con Ana Maria Córdova Capucho y Francisco Jara Aguirre, haberse interpuesto a la investigación del Caso Fiscal 20060110-2021-3-0 que se sigue por el delito de terrorismo.
Cámaras de seguridad Onsen 21 Spa & Sauna registran la entrada de Sacha, acompañada por el abogado Perú Libre John Benites Tangoa el 21 de septiembre (Composición: GEC)
Civil
La oficina del Ministro de Justicia indaga sobre la suma de S/250 mil.
Para el Fiscal General del Estado, existen factores que determinan un crimen ilegal. En este contexto, se explica que lo ilícito da pie al presente caso, que se sitúa en la obstrucción ilegal a la justicia, lo que ha lesionado el buen funcionamiento de la actividad judicial. Esto se traduce en una mayor responsabilidad contractual, creando daños progresivos.
Dicho daño progresivo se relaciona con aspectos de daño moral, que se perciben debido a la inacción atribuida a los delincuentes.
El daño a los intereses legales protegidos encuentra su correlato en los privilegios del estado para mantener un sistema judicial justo, y esta violación debilita al estado mismo, según el PGE.
En términos de daño moral, se destaca que muchos ciudadanos sienten que se encuentran en un entorno donde las figuras con poder político obstaculizan el curso de la justicia. En casos de delitos contra la justicia, como la obstrucción de medidas judiciales cometidas por altos funcionarios en delitos relacionados con terrorismo, esta percepción se exacerba.
El proceso civil ilegal está limitado al comportamiento de los acusados, que interfirieron deliberadamente con el caso judicial y contribuyeron a delitos relacionados con el terrorismo, lo que obstaculizó las acciones de justicia.
Por lo tanto, el PGE ha informado que solicitará un pago de S/247,500.00 en compensación, ya que los daños civiles deben ser reembolsados al acusado Guido Bellido Ligarte y Guillermo Bermejo Rojas, en conjunto, en beneficio del estado, a partir de una perspectiva moral.
Una vez que se notificó la acusación a todas las partes implicadas y estas respondieron por escrito, el juez Juan Carlos Checkley decidió dar inicio al control de la acusación, marcando los puntos que se abordarán en el juicio verbal.
En esta nueva fase, tanto la oficina del fiscal como los abogados argumentarán sobre las razones que justifican la celebración de juicios orales. Además, se presentará un elemento de convicción que será compartido con el ministerio público.
«En este contexto, tras notificar al fiscal que absorbe el reclamo fiscal de impuestos, como representante del ministerio público, se considera apropiado que, si ellos creen que tienen el derecho a contradecir, como se establece en el Artículo 350 del Código Penal».
También comenzó la gestión accidental para la supuesta conexión con terroristas, pero con audiencia reservada
Por otro lado, se inició la acusación de delitos terroristas contra los parlamentarios Guillermo Bermejo y Guido Bellido, junto con el refugiado Vladimir Cerrón el jueves pasado.
En este contexto, el ministerio público solicita 20 años de prisión por la supuesta participación de Bermejo y Bellido en la organización terrorista Sendero Luminoso.
Para Cerrón Rojas, la acusación prevé 25 años de prisión, acusándole de terrorismo y obstrucción a la justicia.
El Ministerio Público alega que Bermejo Rojas, Bellido Ugarte y Cerrón Rojas forman parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. Se menciona que tuvieron contacto directo con el camarada ‘José’, quien está vinculado a actos de terrorismo según el testimonio presentado.
Evidencia presentada por el fiscal contra Guillermo Bermejo, Vladimir Cerron y Guido Bellido
Sin embargo, este primer informe fue conducido a puerta cerrada, dado que el juez Wilson Verástegui decretó que fuera una audiencia reservada.
El magistrado justificó su decisión al citar resoluciones administrativas del fiscal supremo y decretos legislativos, para salvaguardar el fondo de reserva de testigos. Aunque el juez Verástegui aclaró que solo la primera cita sería reservada, se garantizó que el siguiente procesamiento estuviera basado en el principio de publicidad, conforme a lo estipulado en el código penal.
Cabe resaltar que en el caso del mismo diputado Guillermo Bermejo, las incidencias relacionadas con la presunta membresía en organización terrorista fueron manejadas de manera cautelosa, debido a que se trató de mantener la identidad de los testigos protegidos. En consecuencia, se espera que en futuras audiencias las acusaciones tengan un carácter más abierto, permitiendo el acceso del público y garantizando así la transparencia en el proceso.
