Juan José Santiváñez: Nueva denuncia constitucional implica a ministro y a la flamante jefa del IRTP, Adriana Rodríguez | POLITICA – El diario andino
De acuerdo al documento remitido al Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y al que accedió , Santiváñez Antúnez fue denunciado como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
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El caso se vincula a la contratación, presuntamente direccionada a favor de Luis Denis Pineda Rodríguez como locador de servicios de la Oficina de Comunicaciones Social e Imagen del Mininter.
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Por ello, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso remitir copias del caso a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios a fin de que se pronuncie sobre la situación de Adriana Rodríguez y de Luis Denis Pineda Rodríguez, por su participación en los presuntos hechos irregulares.
Esta denuncia constitucional se suma a la que ya presentó la FN en mayo en contra de Santiváñez Antúnez, como presunto autor del delito de omisión de denuncia al no haber informado sobre hechos vinculados a la fuga de Vladimir Cerrón, en el denominado Caso “Cofre”.
Ahora, ambas denuncias deberán ser calificadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Lady Camones.
solicitó la versión de Rodríguez Jadrosich y del Estudio Caro, defensa legal de Santiváñez, pero ninguno respondió al cierre del presente informe.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
Primero las visitas a Santiváñez y Rodríguez para luego emitir contratos, señala la fiscalía
De acuerdo al documento fiscal, Juan José Santiváñez, en su calidad de ministro del Interior, se habría “interesado indebidamente” y de “forma indirecta” en la contratación de Luis Denis Pineda Rodríguez, para que brinde el “Servicio de Análisis de Publicaciones e Impacto de las Redes Sociales OGAF-OA-CEM20240001032”.
Sin embargo, más allá de las funciones para las que fue contratado Pineda Rodríguez, el Ministerio Público señala que hubo diversas coordinaciones previas con el exministro del interior y Adriana Janette Rodríguez Jadrosich, que por entonces se desempeñaba como directora general de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Mininter.
Debido al presunto favorecimiento Pineda Rodríguez fue contratado como locador, recibiendo dos órdenes de servicios por S/10,800.00 cada una, cobrando una suma total de S/21,600.00.
Empero, de acuerdo al relato fiscal, entre el 27 de junio del 2024 y el 5 de noviembre del 2024, se produjeron siete visitas de Luis Pineda al Mininter.
Luis Denis Pineda Rodríguez y Juan José Santiváñez
Tres visitas, entre junio y agosto del 2024, se hicieron a Juan José Santiváñez como “Representante de Aguilar Seis EIRL, en el despacho ministerial y con el motivo de “reunión de trabajo”. En ese lapso de tiempo también se reunió con Adriana Rodríguez, directora de la oficina de imagen y prensa del Mininter, bajo el motivo de “reunión de trabajo”.
Estas visitas, señala la fiscalía, fueron previas a la emisión de la primera orden de servicio a favor de Pineda Rodríguez.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
Es precisamente el 30 de julio del 2024, a través del Memorando N.° 000489-2024-IN-OGCI, suscrito por Adriana Rodríguez en su calidad de directora de la Oficina General de Comunicación del Mininter que remite a la Oficina de Administración y Finanzas del sector su solicitud para la “contratación de locadores de servicios para la OGCI”. Entre los requerimientos, se señaló la necesidad de “Servicio de análisis de publicaciones e impacto de las redes sociales del MININTER”, adjuntando los términos de referencia.
El 12 de agosto, el especialista en contrataciones del área administrativa envía un correo a Rodríguez señalándole que envíe los datos del personal propuesto para los servicios requeridos. La comunicación electrónica fue contestada por la funcionaria Soledad Rojas, con copia a Rodríguez, manifestando que “por especial encargo de la directora de la OGCI (Adriana Rodríguez) mediante el que se solicita la contratación (…)”.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
Ese mismo día, el especialista en contrataciones del área administrativa solicitó a Luis Denis Pineda Rodríguez la remisión de su cotización para el “Servicio de análisis y publicaciones e impacto de las redes sociales del Ministerio del Interior”.
Dos días después, Pineda responde la comunicación con sus términos de referencia. Y, el 16 de agosto del 2024 se concluye que el valor referencial de contratación ascenderá a S/10,800.00, presentada por Pineda Rodríguez, por lo que se solicita la certificación del crédito presupuestario.
Adriana Rodríguez y Juan José Santiváñez
Finalmente, el 20 de agosto del 2024 se emite la Orden de Servicios N.º 000336944 a nombre del proveedor Luis Denis Pineda Rodríguez, por concepto de “Servicio de análisis de publicaciones e impacto de las redes sociales OGAF-OAB-CEM20240001032”.
El 10 de octubre, la entonces directora de la OGCI del Mininter remite a la oficina de Abastecimiento la comunicación señalando que se adjuntaba “el entregable y conformidad por el servicio realizado por el locador”.
Pineda registra otras tres visitas a la oficina de Rodríguez el 21 de agosto del 2024, el 21 de octubre del 2024 y el 5 de noviembre del 2024.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
“Así, se evidencia que la primera visita de Pineda Rodríguez precedió de manera inmediata a la solicitud formal de contratación elaborada por la oficina de Rodríguez Jadrosich. Asimismo, se aprecia que, tras la emisión de las órdenes de servicio a favor de Pineda Rodríguez, continuaron registrándose visitas suyas a la referida funcionaria, lo que confirma la existencia de un contacto sostenido durante y después de la ejecución del contrato.”
La segunda contratación de Pineda Rodríguez, señala la fiscalía, se inició mediante el Memorando N.° 000715-2024-IN-OGCI, de fecha 14 de octubre de 20245, igualmente suscrito por Rodríguez Jadrosich y dirigido a la Oficina General de Administración y Finanzas, adjuntando los Términos de Referencia N.° 90-2024-OGCIS8.
Pineda Rodríguez, un ex miembro de la Policia Nacional del Perú en situación de retiro, reconoció ante la fiscalía que era gerente general de la persona jurídica Aguila Seis EIRL dedicada a la publicidad y marketing y servicios digitales de preparación para policías para ascensos.
Además, admitió que “conoce” a Santiváñez “desde hace muchos años” puesto que había tenido un “vínculo laboral” anterior con el entonces cabeza del Mininter. Ello, explicó, debido a que el exministro lo había contactado entre el 2020 o 2021, para que le realice un servicio de publicidad de cursos y diplomados para estudiantes de derecho y abogados.
El policía en retiro también dijo a la fiscalía que la vicepresidenta de la empresa que gerenciaba era Clara Rosa Rosasco Sánchez, una abogada que había trabajado en estudio jurídico Santiváñez Antúnez Abogados Asociados SAC,
En su declaración ante la fiscalía, Pineda reconoció las visitas previas asegurando que las mismas fueron en su condición de gerente de la empresa Aguilar Seis EIRL y la razón fue denunciar irregularidades en el proceso de ascensos de suboficiales.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
“No consta la versión de Juan José Santiváñez Antúnez [toda vez que el mismo guardó silencio en su diligencia de declaración indagatoria] respecto a los motivos de aquellas visitas [en las que no se describe la del 09 de julio de 2024]; lo cierto es que el motivo de las visitas de Luis Denis Pineda Rodríguez que se registra es por ‘reunión de trabajo’, por tiempo prolongado y [las del 27 de junio, 09 de julio, 07 de agosto de 2024] anteriores a su vínculo por órdenes de servicios con el Ministerio del Interior.”
Por tanto, señala la fiscalía, se evidenciaría que entre Santivañez Antúnez y Pineda Rodríguez “existió un vínculo previo de carácter laboral o contractual en el sector privado”, y que este vínculo derivó en una relación de cercanía que podría ser también amical; circunstancias previas relevantes porque anteceden al inicio de las contrataciones cuestionadas en el Mininter.
A ello se suma, indica la fiscalía, las conversaciones de Pinea Rodríguez en un grupo de WhatsApp, difundida por el programa Cuarto Poder, donde pide a sus conocidos participar en la votación de una encuesta que realizaba dicho programa sobre la remoción de Santiváñez del Mininter.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
De acuerdo a la fiscalía, si bien no se cuenta con evidencia contundente sobre la intervención directa de Santiváñez Antúnez en la contratación de Luis Pineda, sí existiría una relación indirecta que sugeriría un posible interés del entonces titular del Mininter.
“En consecuencia, del análisis concatenado de estos hechos producto de la presente investigación preliminar, se permitiría concluir que la contratación de Luis Denis Pineda Rodríguez no fue producto de un proceso administrativo fortuito, sino que este obedecería a un presunto interés indirecto de Juan José Santiváñez Antúnez, canalizado a través de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional (OGCI) del Ministerio del Interior y validado por su directora, quien formalizó la propuesta a pesar de haber negado el conocimiento previo del proveedor.”
En su declaración a la fiscalía, Pineda Rodríguez aseveró que conocía a Adriana Janette Rodríguez Jadrosich “del Ministerio del Interior” y que no le unía vínculo laboral. Aseguró que estableció contacto con ella a través de una reunión de coordinación trabajo, a raíz de la orden de servicios que le emitieron en el Mininter.
Por su parte, Rodríguez Jadrosich, en el acta que contiene su declaración testimonial ante la fiscalía, afirmó que: “Sí lo conozco, del Ministerio del Interior, una vez que se inició el servicio en esta entidad, uniéndonos un vínculo laboral”.
Por tanto, la fiscalía señala que tanto Pineda como Rodríguez sostienen no haberse conocido antes de la primera contratación. Ello, pese a que existe registro de una reunión por más de dos horas realizada el 19 de julio del 2024, antes de la primera orden de servicio.
Además, se precisa que la secretaria de la OGCI del Mininter, en la respuesta del 12 de agosto al área correspondiente y que fue copiada a Rodríguez y donde señala que “por especial encargo de la directora” se adjuntó “un cuadro en el que se proponía expresamente a Luis Denis Pineda Rodríguez como proveedor del servicio”.
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
“Respecto de este proceso, Rojas Galván declaró que fue la propia directora Rodríguez Jadroshich quien le indicó el nombre de Pineda Rodríguez como proveedor y le instruyó consignar el monto de S/5,400.00 por cada entregable del servicio”
Al respecto, la sindicada Rodríguez Jadrosich confirmó a la fiscalía que, efectivamente, solicitó el servicio, pero adujo que no tenía conocimiento sobre quién propuso a Pineda Rodríguez.
La fiscalía agrega también que el 16 de octubre de 2024, Rodriguez Jadrosich remitió, a través de su correo electrónico institucional un archivo de Excel denominado “Formato de Locadores” a la Oficina de Abastecimiento donde se indicaba el nombre de Luis Pineda Rodríguez “como la persona propuesta para cubrir el servicio”.
“Lo anterior evidencia que Luis Denis Pineda Rodriguez no sería un desconocido para la administración, sino que su ingreso al Ministerio fue precedido de reuniones sucesivas tanto con el propio ministro como con la directora de la OGCI. Resulta especialmente relevante que Rodríguez Jadrosich, en su declaración, haya manifestado haber conocido a Pineda Rodriguez solo después de su contratación, lo que se contradice con el registro de visitas que acredita un contacto previo con él casi un mes antes. Este hecho reforzaría la hipótesis de que la propuesta de su nombre como locador no fue espontánea ni autónoma, sino que estuvo influenciada por una relación previa no reconocida.”
Por ello, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a Juan José Santiváñez Antúnez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, con presencia de dolo.
En el documento remitido al Congreso, el Ministerio Público señala que los elementos reunidos durante la investigación preliminar, constituyen indicios razonables que permiten sostener la hipótesis fiscal de que el investigado Juan José Santivañez Antúnez, en su calidad de alto funcionario al desempeñar el cargo de exministro del Interior, se habría interesado de manera indebida e indirecta en la contratación de Luis Denis Pineda Rodriguez.
Por tanto, argumentaron que para que se pueda avanzar hacia la investigación preparatoria y, eventualmente, hacia el juicio oral, resulta indispensable el levantamiento de la inmunidad del investigado, a fin de determinar la responsabilidad o inocencia del ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos.
En el documento, la fiscalía de la Nación precisó que, debido a que en la investigación han surgido hechos y circunstancias que comprometen la actuación de otros funcionarios y particulares como Adriana Janette Rodríguez Jadrosich y Luis Denis Pineda Rodríguez, que no tienen la condición de aforados, era necesario que los hechos sean revisados por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, “toda vez que los hechos podrían evidenciar la posible comisión de delitos funcionales y contra la administración pública”.
“Se remitirá copia de la Carpeta Fiscal N.º 52-2025 al despacho fiscal provincial competente, por intermedio de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, a efectos de que se pronuncie conforme a sus atribuciones respecto a la actuación de Adriana Janette Rodríguez Jadrosich y de Luis Denis Pineda Rodríguez; sin perjuicio que se advierta la intervención de otras personas a cargo del procedimiento administrativo de contratación.”
Juan José Santiváñez y Adriana Rodríguez, implicados según Denuncia Constitucional
