Juan José Santiváñez: Presuntos pagos ilegales, chats, declaraciones de testigos protegidos y pedidos a favor de Nicanor Boluarte | organización criminal | tlcnota | POLITICA – El diario andino
Lo anterior es parte de la amplia declaración que brindó el Testigo Protegido N° 03-2025 ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que la mañana del miércoles allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja.
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De acuerdo a la resolución del Poder Judicial que ordena la medida y a la que accedió , Nicanor Boluarte ha sido vinculado a uno de los cuatro hechos que se le imputan a una presunta organización criminal que habría liderado el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, cuando se desempeñaba como titular del Interior.
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Es así que, el testigo protegido entregó documentos, audios, videos y chats de WhatsApp, cuyos detalles brindados al Ministerio Público también dan cuenta sobre los supuestos cobros que habría realizado el ministro.
“(…) el pago de US$20 mil dólares fue en efectivo y entregado en el mes de diciembre de 2024 a Juan José Santiváñez Antúnez, asimismo, Percy Alberto Tenorio Gamonal fue quien intercedía para que se mantenga en el cargo como general de la PNP, debido a que le servía para otros favores (…)”
Si bien, el equipo de Eficcop no puede investigar a Santiváñez por su condición de aforado, sí dispuso incluir como investigados a los abogados Percy Alberto Tenorio Gamonal y Marco Antonio Palacios Meza. El primero excliente de Santiváñez y el segundo amigo y socio fundador del Estudio Santiváñez junto al actual ministro.
También son investigados Yessenia de la Cruz Rivas (exsecretaria de Santiváñez); Gregorio Villalón Trillo (general de la PNP); Franco Emilio Parodi Gianella (propietario de la empresa ‘Minas El Dorado S.A.’); Gian Franco Meza Lizier (señalado financista); Yber Torres Pariona (funcionario de la Defensoría del Policía de la PNP); y Máximo Ramírez de la Cruz (Director General de la Defensoría del Policía).
«Hombre clave» este es el rol que le asigna la fiscalía a Juan José Santiváñez, flamante ministro de Justicia.
Todos ellos, de acuerdo a la fiscalía, habrían formado un grupo estructurado dentro de una red criminal que habría dispuesto roles a los operadores con finalidad de la comisión de presuntos delitos contra la administración pública como colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real agravado y cuya finalidad última era obtener beneficios económicos.
Según la tesis fiscal, la organización habría empezado a desplegar su programa criminal desde el 16 de mayo de 2024 -fecha en que el “hombre clave” Santiváñez asumió como ministro del Interior- manteniéndose activa a la fecha.
Se rescata que, si bien el presunto líder de la red criminal fue censurado el 21 de marzo de 2025, la presidenta Dina Boluarte lo reincorporó como funcionario 17 de abril de 2025 al designarlo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte
De esta manera, Santiváñez se mantuvo en un sector de poder en el Ejecutivo puesto que se ganó la confianza de la mandataria “al haber coadyuvado en diversas acciones de presunta connotación ilícita como brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra”.
Tal como lo informó este Diario, el Ministerio Público solicitó también el allanamiento a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Santiváñez, pero el Poder Judicial lo rechazó.
Tres testigos protegidos, US$180 mil en presuntos sobornos, chats y audios
Para realizar los allanamientos, el Eficcop presentó diversos elementos probatorios en los que figuran las declaraciones de cuatro testigos protegidos, audios, videos y chats de WhatsApp vinculados a los cuatro hechos que señalan habrían sido cometidos por la presunta organización criminal liderada por Santiváñez y que además, habría actuado en favor de Nicanor Boluarte.
El Testigo Protegido N° 01-2025 también entregó su teléfono celular, mientras que el Testigo Protegido N.° 01-2023 hizo lo propio con su laptop marca Acer.
El primer hecho ha sido denominado por la fiscalía como “Presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior”,
Se vincula a la contratación de Percy Alberto Tenorio Gamonal como proveedor de servicios para la defensa legal de generales de la Policía (Augusto Javier Ríos Tiravanti, Antero Rosendo Mejía Escajadillo, David Pablo Villanueva Yana, Gregorio Martín Villalón Trillo y Walter Octavio Calla Delgado), quienes vienen siendo investigados por las protestas sociales del 2022; y por cuyas asesorías realizaría un cobro de S/200 mil por cada una.
Pese a que “Tenorio” no cumplía con los requisitos, el “hombre clave”, es decir Santiváñez según la fiscalía, habría coordinado con Marco Antonio Palacios Meza para que su excliente sea contratado para realizar dichas asesorías legales.
“(…) Marco Antonio Palacios Meza aún mantiene comunicación con Juan José Santivañez Antúnez y es a través de este último al tener el cargo como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, realiza coordinaciones con la oficina general de administración del Ministerio del Interior, a fin de que se le pague a Percy Tenorio Gamonal por la defensa legal (…)”
Para ello, de acuerdo al Testigo Protegido N° 03-2025, se habría adecuado los Términos de Referencia (TDR) de acuerdo al perfil de “Tenorio” y para ello se habría coordinado con el funcionario Iber Torres, quien laboraba en la oficina de Defensoría del Policía de la PNP.
El referido testigo entregó a la fiscalía un teléfono marca “Xiaomi” (Muestra 1-A) y un USB de 8GB, que contendría un vídeo en donde se advierte a Marco Palacios Meza junto Percy Tenorio Gamonal, que se ha denominado la “Muestra 1”.
De la extracción de información del celular del TP N° 03-2025, la fiscalía halló conversaciones con Marco Palacios Meza, en las que se hace referencia al “Cachetón” y a quien el testigo ha reconocido como Juan José Santiváñez.
Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte
La fiscalía también dio cuenta de las ocho visitas que realizó Marco Palacios Meza a Santiváñez Antúnez entre enero y noviembre el 2024, cuando era viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y luego, titular del Interior.
Es por ello que, de acuerdo a la fiscalía, Tenorio habría coordinado con Palacios Meza para que Santivañez influya en el general Máximo Gustavo Ramírez de la Cruz, quien era director general de la Defensoría del Policía.
“(…) Percy Tenorio ponía en conocimiento que se había comunicado con Juan José Santivánez Antúnez que a razón de su cargo como ministro del Interior, haberse comunicado con Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz – Director General de la Defensoría del Policía, para que pueda ver los TDR, esto para las modificaciones (…) Juan José Santiváñez (…) delegaba a Yosilu Bazán López (…) las coordinaciones con Máximo Gustavo Ramírez De La Cruz (…)”
Sobre el segundo hecho -denominado “Presuntos cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales”-, la fiscalía sostiene -en base a declaraciones de testigos y comunicaciones- que, en diciembre del 2024, se habría producido una reunión en la oficina del Estudio “Tenorio Abogados & Asociados”, cuyo titular es Percy Alberto Tenorio Gamonal y está ubicada en el Centro Empresarial San Isidro.
Allí, Tenorio Gamonal, Marco Palacios y Julissa Lores Muñoz se habría reunido con la “finalidad de decidir la permanencia de los generales” de la PNP.
En esa reunión, consigna el documento al que tuvo acceso, Palacios Meza realizó una llamada a Juan José Santiváñez, a quien puso en altavoz y le preguntó sobre la permanencia de los generales “Villanueva o Villalón”, en referencia a los generales David Pablo Villanueva Yana y Gregorio Martín Villalón Trillo.
En la conversación telefónica también intervino Tenorio Gamonal quien le habría señalado al entonces ministro del Interior que debían elegir a Villalón Trillo, dado que era su promoción en la PNP y podría apoyarlos en futuras actividades ilícitas; y que Villanueva Yana sería pasado al retiro.
Es así que, a través de la línea telefónica, el “hombre clave” Juan José Santiváñez habría manifestado su anuencia para que Gregorio Villalón permanezca en actividad y por intermedio de Tenorio Gamonal habría solicitado que dicho general tendría que pagar US$20 mil.
“(…) en un reunión en el estudio jurídico “Tenorio”, en el contexto de la decisión de los generales que pasaban al retiro y los que continuaban en actividad, Marco Palacios Meza, recibe la llamada de Juan José Santiváñez Antúnez (…) intervino en la llamada en altavoz, Percy Alberto Tenorio Gamonal indicándole a Juan José Santiváñez Antúnez que tenía que permanecer en calidad de general Gregorio Martín Villalón Trillo (…) Para efectos de la permanencia (…) este último pagó la suma de US$20 mil (veinte mil dólares) a Juan José Santiváñez Antúnez (…)”
De acuerdo al testigo, el pago de los US$ 20 mil “fue en efectivo y entregado en el mes de diciembre de 2024 a Juan José Santiváñez Antúnez”.
Es así que el 16 de diciembre del 2024, a través de la Resolución Suprema N.° 220-2024-IN se dispone el pase al retiro por causal de “renovación de cuadros” del general PNP David Villanueva Yana.
Y, el 21 de diciembre del 2024, vía Resolución Suprema N.° 225-2024-IN se dispuso la asignación de cargos para el año 2025, en el cual figuraba el general Gregorio Martín Villalón Trillo.
Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte
El tercer hecho -denominado “Presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina ‘El Dorado’ a cambio de contraprestaciones económicas y otro”- se vincula a las acciones de la presunta organización criminal que lideraría Santiváñez a favor de Nicanor Boluarte.
De acuerdo a la tesis fiscal, a mediados de agosto de 2024, la presidenta Dina Boluarte, le habría encomendado al “hombre clave” que haga lo posible por conseguir arraigos laborales creíbles mediante empresas de confianza para su hermano Nicanor Boluarte.
Es así que, aprovechó que el empresario Franco Parodi Gianella, uno de los dueños de la “Mina El Dorado” se habría reunido con Percy Tenorio -en su oficina de San Isidro- con la finalidad de recuperar terrenos de la minera, cuya posesión había perdido. Las áreas habían sido ocupado por diversas personas, debido a que la Dirección Regional de Energía y Minas Ayacucho no resolvía la autorización respectiva para la actividad extractiva.
De acuerdo a la fiscalía, a cambio de la sola fiscalización con apoyo policial (antes del operativo), Percy Alberto Tenorio Gamonal -cumpliendo las indicaciones de Santiváñez Antúnez- habría solicitado a Franco Emilio Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier (financista de la mina, de nacionalidad española y peruana), el pago de US$ 60 mil.
Caso Juan José Santiváñez y Nicanor Boluarte
De acuerdo a lo declarado por el TP N.° 03-2025 las acciones a favor de los empresarios mineros contaron con el “conocimiento y autorización” de Juan José Santiváñez Antúnez, quien habría estado de acuerdo con que, inicialmente, el general PNP Gregorio Martín Villalón Trillo se encargue de las acciones policiales.
El TP N.° 03-2025 hizo entrega de un CD color blanco que contendría un audio entre Julissa Martina Lores Muñoz y Marco Palacios Meza. Además, el testigo precisa que en el minuto 25 este último se hace mención a las influencias de Juan Santiváñez en el despacho presidencial.
“(…) Percy Tenorio Gamonal mencionaba que correspondía ser entregados parte de los US$100 mil (cien mil dólares) de forma efectivo a Juan José Santiváñez Antúnez, Gregorio Martín Villalón Trillo y Marco Palacios Meza”.
Posteriormente, en setiembre de 2024, luego de haber realizado una fiscalización en la zona donde se realizaría la intervención policial, disfrazada de un operativo, Percy Tenorio Gamonal habría solicitado nuevamente a Franco Parodi Gianella y Gian Franco Meza Liezer, la suma de US$ 100 mil para realizar el operativo pactado, toda vez que existía complejidad, conflictos sociales, y se tenía que realizar el pago de la intervención de la presunta red criminal.
Testigo Protegido N.° 03-2025
Por tanto, concluye la fiscalía, el actual ministro de Justicia habría recibido un pago por parte de Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Liezer (financista), en contraprestación ilícita por supuestamente haber intercedido ante los generales para acelerar el operativo policial.
Personal del Ministerio Público llegó al domicilio de Nicanor Boluarte en San Borja. (Foto: @photo.gec)
Sin embargo, otro de los pedidos que habría realizado Santiváñez, a través de Tenorio Gamonal, es que la empresa “Minera El Dorado” cumpla con requerimientos presuntamente ilícitos que permitan generar una situación de impunidad en favor de Nicanor Boluarte, siendo de aceptación de ambos empresarios, es decir, de Franco Emilio Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier.
El pedido específico era que dicha empresa minera confeccione o fabrique contratos de asesoría con el hermano de la mandataria a fin de que este pueda presentarlos como “arraigos laborales” ante eventuales medidas coercitivas en su contra.
Para ello, se habría reunido con Marco Palacios Meza (operador de la presunta red criminal) y Franco Emilio Parodi Gianella – este último era uno de los propietarios de la empresa ‘Minas El Dorado S.A.’-, a fin de coordinar la forma de ‘creación’ de arraigos laborales ficticios haciéndolo pasar como “consultor” de la empresa.
“(…) Cuando logró ingresar Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra a la oficina del estudio jurídico “Tenorio”, se encontraban Marco Palacios Meza (…) y Franco Emilio Parodi Gianella (…) para que se coordine la forma de ‘creación’ de arraigos laborales ficticios para (…) hacerlo pasar como una especie de consultor de la empresa minera de Franco Emilio Parodi Gianella (.)”
La fiscalía sostiene que para las coordinaciones, Boluarte se habría reunido con los investigados hasta en siete oportunidades, entre enero y febrero del 2025, en la oficina de Tenorio del Centro Empresarial de San Isidro.
Por tanto, concluye la fiscalía, la situación de Nicanor Boluarte tendría relación con las circunstancias imputadas en el hecho N.° 03, toda vez que la creación de arraigos sería una contraprestación por el presunto operativo policial. Añade que es de especial relevancia aquellos elementos que lo vinculan con los involucrados en la recuperación de la mina “El Dorado”.
El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva en el marco del caso ‘Los Waykis en la sombra’. Foto: Poder Judicial
Finalmente, el cuarto hecho denominado “Presuntas acciones de encubrimiento real en favor del ‘hombre clave’ de la red criminal” está referido al ocultamiento de la computadora personal de Santiváñez en la oficina de “Tenorio Abogados & Asociados” de Percy Alberto Tenorio Gamonal, ubicado en el Centro Empresarial San Isidro.
Tenorio habría sido la persona que ocultó objetos que podrían vincular al entonces ministro del Interior con presuntos delitos cometidos en su condición de “hombre clave” de la red criminal y brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra.
Como se recuerda, en marzo del 2025, la fiscalía allanó la vivienda de Santiváñez con el objetivo de ubicar su computadora personal que habría sido entregada a Yessenia Stefany De la Cruz Rivas, que en ese entonces era administradora del estudio de abogados del ministro.
A la actualidad, la fiscalía señala que dicho equipo fue llevado por De la Cruz Rivas al estudio de Tenorio. Así lo reafirma con la versión de un testigo protegido.
“Juan José Santiváñez Antúnez (…) aproximadamente el 01 de julio de 2024, mandó a (…) Luis Alberto Arteaga Davey (…) a efectos de que llevara al estudio jurídico “Tenorio” dos fotocopiadoras, cajas y documentos de pertenencia de Juan José Santiváñez Antúnez (…) luego (…) concurrió Yessenia de la Cruz Rivas a la oficina (…) en esa ocasión llevaba por indicación de Juan José Santiváñez Antúnez, la computadora iMac personal (…) una caja fuerte, y un aproximado de diez (10) cajas de cartón que contenían documentación (…)“.
Mientras que el Testigo Protegido N.° 02-2025 también confirmó a la fiscalía que Santiváñez era muy cercano a De la Cruz Rivas.
De acuerdo a la fiscalía, De la Cruz Rivas acudió en julio del 2024 hasta el citado estudio de abogados llevando la computadora iMac personal color plateado -propiedad del exministro del Interior-, una caja fuerte, y aproximadamente diez cajas de cartón que contenían documentación de Santivañez y del estudio jurídico.
Se relata que De la Cruz Rivas comenzó a acudir a la oficina de Tenorio para atender a clientes del Estudio Santiváñez y de paso verificar que los bienes del “hombre clave” sigan escondidos.
Incluso, menciona la fiscalía, De la Cruz Rivas, desde su teléfono celular XXXXXX110 le envió un audio por el aplicativo WhatsApp a la administradora del estudio jurídico “Tenorio”, Julissa Martina Lores Muñoz, a su teléfono celular XXXXXX533, indicándole los bienes que habría dejado y por indicación de Juan José Santiváñez Antúnez, encontrándose entre estas, su computadora personal iMac.
La información también ha sido confirmada por la declaración del Testigo Protegido N.° 01-2025, quien señaló que el hombre clave le pidió a De la Cruz Rivas que cuide los documentos.
“(…)Juan José Santiváñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany De La Cruz Rivas que oculte la computadora personal (…) y su iPad personal por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo (…) precisando que (…) se encontraban en la oficina de uno de los clientes de Juan José Santiváñez que es policía en retiro y abogado de apellido ‘Tenorio’”
Además, se ha presentado conversaciones del testigo protegido con Marco Palacios Meza donde este último haría referencia a Santiváñez, a quien llama “El Cachetón”, quien estaba pidiendo que le busquen unos documentos en las cajas que estaban guardas en la oficina de Tenorio.
Finalmente, la fiscalía señala que “el cachetón”, previa coordinación con Percy Alberto Tenorio Gamonal, por intermedio de Marco Palacios Meza, habría mandado a sacar sus pertenencias consistentes en la computadora iMac, documentación y otros dispositivos, del mencionado estudio el jueves 6 de marzo de 2025, pasadas las 8 de la noche; momento en el cual ya no había circulación de personas en el edificio donde todavía para ese entonces seguía funcionando el estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados”.
Santiváñez se pronuncia y la presidenta defiende a su hermano
El miércoles, al cierre de este informe, Carlos Caro, abogado de Santiváñez señaló que no podría dar comentarios puesto que aún no conoce el caso.
El flamante ministro de Justicia también había evitado pronunciarse sobre las sindicaciones fiscales, pese a ser consultado al respecto durante una actividad oficial la mañana del miércoles.
La mañana del jueves, brindó una entrevista a PBO Noticias. Calificó como una “fábula para golpear” a la jefa de Estado y negó conocer a Nicanor Boluarte.
“Es una fábula para golpear a la señora presidenta y lógicamente que empezar a vincularlo con determinados funcionarios, como con mi persona, para obtener estos allanamientos bajo imputación de organización criminal”, enfatizó.
“Yo no conozco a Nicanor Boluarte, ni siquiera hemos hablado por teléfono, creo que el tema de una supuesta participación en el gobierno no pasa de ser una fábula, no lo vemos en Palacio, no lo vemos conversando con la presidenta. Es una persona que se ha desarrollado por más de 30 años en el sector público, incluso como viceministro”, dijo.
Dina Boluarte y Nicanor Boluarte. Allanaron vivienda del hermano presidencial.
Mientras tanto, el miércoles, la presidenta Dina Boluarte salió a defender a su hermano.
“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, dijo durante una actividad oficial.
En ese contexto envió su “solidaridad” y “respeto” a su hermano a quien defendió, dijo, como hermana.
“Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el Dr. Nicanor Boluarte.”
Finalmente, la mandataria aseguró que el objetivo real no era su hermano; sino ella, por “no agachar la cabeza”. Boluarte envió un mensaje a los “fiscales y jueces” aseverando que “no les tengo miedo”.
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, calificó la diligencia como un “abuso” asegurando que su patrocinado no tenía ninguna vinculación con la minera “El Dorado” y que tampoco conocía a Juan José Santiváñez.
El letrado cuestionó que no hayan sido llamados a declarar antes de que se realice el allanamiento.
“Es un abuso más de la fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día. (Vinculacion con El Dorado). Mi patrocinada no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor (Juan José) Santiváñez”, adujo.
En declaraciones a Latina, Percy Tenorio, señaló que al momento del allanamiento se encontraba rumbo a Juliaca por cuestiones laborales.
Respecto a las imputaciones, aseguró que “con el señor Santiváñez no tengo ningún vínculo”, pero reconoció que en un momento fue su abogado y rechazó ser parte de una presunta organización Santiváñez.
“(Santivañez) fue mi abogado, y ya como le digo, eso fue en el 2020, ahora estamos en el 2025. Si el señor Santiváñez tuviera un vínculo conmigo y habría una relación que se quiere establecer, que yo habría guardado sus cosas en mi oficina, que yo tendría documentos importantes que lo incriminarían; oiga, ese señor, para comenzar, dejó mi patrocinio, me dejó en indefensión“, adujo.
Señaló que si hubiera sido “amigo” del exministro del Interior le habría conseguido un “cargo”, pero los TDR por asesoría los obtuvo antes de que Santiváñez fuese ministro y que, incluso, aún no le pagan.
Además, confirmó que su despacho también es usado por el abogado Marco Palacios Meza, quien fue socio del estudio Santiváñez.
“Yo les dije (antes) que le invito a que ustedes lo busquen al señor Nicanor Boluarte y le pregunten si alguna vez se ha reunido comingo. A mi oficina puede haber ido él a reunirse o no, eso le tienen que preguntar a él, pero yo no me he reunido con él nunca. Yo no he participado con él en ninguna reunión”, afirmó.
