La energía eólica estaba feliz de prometer su expansión en Colombia. Hasta que se encontró con comunidades indígenas

La Guajira es reconocido como uno de los departamentos más pobres de Colombia. Este lugar no solo es el hogar del Pueblo indígena de Wayuu, sino que también es un territorio castigado por algunos de los vientos más intensos del país, con ráfagas que alcanzan los 11 m/s a 100 metros de altura. Esta característica ha posicionado a la región como una protagonista clave en el enfoque del gobierno hacia las energías renovables. Sin embargo, los esfuerzos por ajustar estos elementos no son sencillos. A medida que las turbinas eólicas se instalan en La Guajira, también surgen voces en las comunidades locales que expresan su preocupación por el impacto de estas iniciativas, y ven la transformación ecológica con recelo.

Por esta razón, se ha comenzado a hablar de “La guerra del viento”.

“Solo con la energía de La Guajira …” La Guajira, una región caribeña situada en el noroeste de Colombia, disfruta de abundante sol y viento, características que la convierten en un punto estratégico para las energías renovables a nivel nacional. En 2023, el presidente Gustavo Petro dejó claro durante la firma del Pacto para la transición energética, que La Guajira tiene el potencial de generar 25 GW. «Con la energía limpia de La Guajira al máximo, podríamos reemplazar la generación de electricidad de Colombia, incluidas las plantas hidroeléctricas», enfatizó el presidente.

Visualización de la fábrica. La Guajira ha demostrado ser un área de interés atractivo, ya que en los últimos años ha captado la atención de varias empresas del sector energético. En 2019, el Instituto Indepaz calculó que en la próxima década se podrían construir hasta 57 proyectos eólicos impulsados por 19 empresas, muchas de ellas multinacionales.

En resumen, esto implicaría el uso de decenas de miles de hectáreas y varios miles de autogeneradores. Actualmente, la BBC reporta que hay 15 parques en construcción en la región, que se sumarán a los ya existentes, como Guajira 1 con una capacidad de 20 MW.

Algo más que viento. Sin embargo, La Guajira es más que un simple lugar para la instalación de turbinas eólicas. Esta península también es el hogar del Pueblo Wayuu, una comunidad indígena que ha observado cómo el territorio que han ocupado durante generaciones se convierte en objeto de interés para la energía renovable. «La situación es complicada, pues muchas empresas han comenzado a llegar con la intención de desarrollar proyectos sostenibles», explicó Mikel Berraondo, un abogado especializado en derechos humanos y comunidades indígenas, en un artículo publicado el año pasado en El País.

A este factor se suma otro, que también es relevante. Según los datos del Departamento de Estadísticas Administrativas Nacionales (Dane) de Colombia, al menos en 2022, La Guajira fue el segundo departamento del país con el mayor índice de pobreza. Solo fue superado por otra región. Además, el área destaca en estudios sobre «pobreza multidimensional» y, de acuerdo con datos recolectados en 2022, miles de hogares carecen de conexión eléctrica.

La guerra del viento. La situación en La Guajira se ha vuelto tan tensa que hay quienes ya mencionan “la guerra del viento”. La razón detrás de esto no son solamente los proyectos de energía eólica, sino más bien la manera en que se están llevando a cabo. Críticos del proceso destacan la falta de estudios de impacto y la participación limitada de las comunidades en los beneficios que generan los proyectos eólicos. También se cuestiona cómo se han consultado a las autoridades tradicionales representativas de los pueblos que han existido en la región por siglos, lo que a su vez ha generado conflictos.

“Perturbar nuestros sueños”. En un artículo publicado hace dos años, María M. Monsalve explica que los Wayuu han cuestionado las consultas previas, que teóricamente deben garantizar que los proyectos de energía eólica no comprometan sus derechos. Según los críticos, existen pactos firmados con personas que no poseen tierras ni capacidad de decisión representativa.

La situación se complica aún más debido a la existencia de diferentes autoridades dentro de las comunidades, lo que suscita el debate sobre la compensación por los proyectos y el impacto que estos tienen en la cultura indígena. «Por las noches, el ruido de las turbinas perturba nuestros sueños. Para nosotros, esos sueños son sagrados», afirma José L. Iguarán. Hoy, al salir de su casa en La Guajira, lo que observa es una fila interminable de fábricas.

¿Qué … y cómo. «No se han realizado análisis de los riesgos ni estudios sobre el impacto en los derechos humanos con la participación activa de las comunidades afectadas. Además, no se observa una resolución adecuada ni una mitigación de los impactos adversos. A juzgar por las quejas procedentes de las comunidades y organizaciones Wayuu, se constata que no se están respetando los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas que han sido ratificados en Colombia», lamenta Berraondo. «Las comunidades no se oponen al desarrollo de proyectos, siempre que se respeten sus derechos».

El debate, servido. La problemática es compleja debido a que se añaden otros factores relevantes a las tensiones dentro de la comunidad, como los planes energéticos a nivel nacional y las contribuciones que las empresas hacen al territorio. A pesar de las molestias que generan las turbinas o la forma en que afectan sus tradiciones, Iguarán admite que su comunidad también ha recibido beneficios con la llegada del parque eólico Guajira I.

La compañía responsable del proyecto ha financiado mejor infraestructura para el acceso al agua y las vías, y paga a varias comunidades una cuota basada en los ingresos que se generan a través de la electricidad y la venta de créditos de carbono. ¿Es esto suficiente? «Las empresas no respetan el derecho a la participación de las comunidades en el beneficio de sus proyectos y, por otro lado, les ofrecen planes de inversión social que son engañosos, ya que solo se pueden ejecutar a través de las mismas compañías que los propusieron» detalla Berraondo.

Un problema con consecuencias. Más allá del debate que se genera en Colombia y en los medios tanto locales como internacionales, la situación en La Guajira es crítica, ya que está afectando el sector energético y complicando los planes de las empresas.

A finales de 2024, EDP Renewables, responsable de los parques eólicos alfa y beta en La Guajira, decidió cesar sus operaciones en Colombia. La razón detrás de esta decisión: retrasos y complicaciones que se han visto influenciados por varios factores, incluyendo la pandemia de Covid, pero que también incluyen un aumento en la participación de las comunidades indígenas durante la fase de consulta previa. En 2023, tras el impacto de protestas constantes en los sitios de construcción, Enel tomó una decisión similar y optó por detener el desarrollo de otro parque previsto en la región.

Imágenes | Isagen, Nelson David Alonso Charry-the Eiti (Flickr) y Tanenhaus (Flickr)

En | El impacto de la energía en alta mar en la pesca. Dos industrias condenadas a entenderse