¿La inseguridad de los ciudadanos y dónde están los militares? Crónica Fernando Vivas en el orden para FF.AAA. Batalla de la batalla | Citación

Al explorar el tema, consideremos el malentendido trágico como un fenómeno complejo. Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, Alberto Otárola fue designado Ministro de Defensa. Este movimiento se vio como un intento de consolidar el control del Congreso sobre la ex comunista Dina y generar un marco para el gobierno mediante la controversial postura «Crimen Mata Mata.» Como resultado, se desató una protesta contra el gobierno, donde las Fuerzas Armadas (FFAA) fueron acusadas de reprimir a manifestantes que, en su mayoría, eran considerados antisociales y «Terrucos», es decir, delincuentes. Desafortunadamente, un contingente militar enviado a Huamanga resultó en la muerte de 10 civiles cerca del aeropuerto. Esta tragedia fue minimizada, ya que el ejército se retiró del incidente, delegando la responsabilidad a la Policía Nacional del Perú (PNP). Otárola dejó Mindf y pasó a la PCM, siendo reemplazado el 21 de diciembre por el General (R) Jorge Chávez Cresta.

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Conversé con Chávez Cresta, quien se apresuró a enfatizar que no hablaba desde una perspectiva política tradicional, sino desde un enfoque técnico: «Es un error exponer al ejército a poblaciones vulnerables, especialmente si se trata de unidades que no están capacitadas para ello. Las FFAA pueden y deben participar en la lucha contra el crimen, pero de manera apropiada; en áreas donde no se encuentran en situaciones de riesgo, en las que a menudo nos referimos a «enemigos hostiles», pero con soldados preparados para esos enfrentamientos, como se hace en Vraem.» Cabe señalar que Vraem es el único enclave donde las FFAA supervisan el control de la seguridad interna, trabajando complementariamente con la PNP.

Chávez Cresta agregó: «Si la norma DL 1095 que regula el uso de la fuerza presenta vacíos, es necesario llenarlos o modificarlos; como lo ha hecho Javier Milei en Argentina, permitiendo operaciones militares en zonas de frontera. Las FFAA pueden gestionar penalizaciones en colaboración con la estación naval de Callao y asumir diversas funciones, más allá de ser un elemento de disuasión en áreas urbanas. Aunque esta metodología puede haber funcionado en sus inicios, hoy ya no es efectiva. La gran oportunidad de Dina para implementar una intervención militar efectiva contra el crimen no se presentó al principio de su gobierno durante las protestas; fue en diciembre de 2023, cuando ocurrió la masacre de 10 trabajadores de seguridad en una mina de oro significativa. El gobierno inicialmente empezó a responder con la solicitud de intervención militar, pero finalmente solo se concretó en febrero de 2024.

César Acuña, gobernador de La Libertad, solicitó un reclamo sobre el uso interno de las FFAA en la región, específicamente en Trujillo y Pataz. Chávez Cresta respondió a Acuña, argumentando que en Trujillo no era viable debido a que las tropas no estaban capacitadas para enfrentar la violencia urbana, pero en Pataz sí. Dos meses después de la masacre, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta el lunes 12 de febrero. El martes 13 fue publicada en El Peruano DS 018-2024 PCM, que prorrogó una emergencia en la zona por 60 días y en su artículo 1 establece: «El Ejército deberá controlar el orden interno (…) La PNP colaborará con los PCF para cumplir estos objetivos en la región en emergencia». Este decreto fue firmado por Chávez Cresta en la reunión del Consejo, pero al día siguiente, fue reemplazado por otros tres ministros, lo que indica un cambio en el gabinete y parece un movimiento estratégico dentro del comando gubernamental.

El nuevo ministro designado fue Walter Astudillo, un General en retiro, quien llegó con una directiva que no compartía. Esta decisión nos hace cuestionar cuál sería el seguimiento durante esos 60 días, ya que no hubo transferencias significativas de recursos materiales ni humanos en la zona después de la declaración de emergencia. Al finalizar el plazo, DS 041-2024 PCM EMERGENCIA EXTENDIDA prorrogó la emergencia en Pataz, pero haciendo un cambio significativo en su primer artículo: «La PNP asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las FFAA.» Es decir, el cambio es notable respecto a DS 018. Surge la pregunta: ¿por qué se dio este contraste, qué motivó el cambio en el ministerio bajo la dirección de Chávez Cresta y por qué no se ofrecieron oportunidades a Astudillo o se hicieron esfuerzos por ellos?

Historia sin caviar

Hemos esperado un año y cuatro meses para volver a enfrentar masacres, en esta ocasión de 13 trabajadores que nos llevaron a cuestionar las decisiones que motivaron cambios de autoridades. Chávez Cresta se disculpó por no comunicar su cercanía al contexto de la situación, pero admitió que su salida lo sorprendió. Además, en los próximos 60 días su sucesor no ejecutó lo que él esperaba.

El partido Fuerza Popular anunció el pasado domingo su intención de interpelar al Ministro de Defensa, ante la muerte de 13 mineros en Pataz. Esta decisión fue adoptada por el líder del partido en medio de ciertas resistencias y discrepancias con el aula legislativa. La gestión del ministro del interior se vio respaldada, aunque después de hacer lo mismo con su predecesor, Juan José Santiváñez, este paso se percibió como prematuro e inconsistente. Entablé una conversación con un miembro que compartió textos que reflejan el deseo de una reflexión más profunda: «La participación militar en la región fue mínima, simbólica y desconectada de los riesgos reales… durante los 60 días de intervención de las FFAA en febrero de 2024, no se establecieron respuestas concretas y la responsabilidad de los comandos internos fue devolvida a una policía sobrecargada.» Este comentario subrayó un hecho crítico, pues el Ministro Díaz confirmó en el Comité de Defensa que «100 funcionarios militares fueron enviados a la región».

Los argumentos de los fujimoristas resaltaron la preocupante tendencia del gobierno de usar un estado de emergencia como una solución automática y superficial, que a menudo desatiende la planificación a fondo. «Es hora de abordar el problema desde la raíz y proponer cambios que adopten soluciones efectivas: la presencia constante del estado, la distribución de las FFAA adecuada y un replanteamiento estratégico ante el crimen organizado.»

César Acuña, en declaraciones realizadas el miércoles, se unió a la petición de que el gobierno evite la militarización en la región. Sin embargo, esta postura fue respaldada tanto por fujimoristas como por los miembros del partido apeypista, en el contexto de adaptaciones en respuesta a la figura del primer ministro, Gustavo Adrianzén. Este comportamiento podría desembocar en un entorno más turbulento en el Parlamento; una proposición estratégica atribuida a Astudillo podría facilitar la limpieza del Congreso y los fujimoristas, quienes se han visto afectados por extensiones de su influencia política, muchas de las cuales son consideradas irrelevantes. La estabilidad parlamentaria debería ayudar a llevar adelante a Adrianzén, aunque es incierto predecir quién podría ser el próximo en ser cuestionado en su puesto.

Finalmente, me propongo responder a una cuestión crítica: ¿por qué el gobierno y los militares decidieron ajustar sus estrategias en el verano pasado? Una fuente con conocimientos sobre mineros, tanto formales como informales, me comentó que un representante de aquellos últimos mencionó que «ellos» (es decir, un conjunto de intereses informales que a menudo colaboran ilícitamente con el gobierno estatal) se asociaron con un partido estatal relacionado con Nicanor Boluarte, quien mantiene una estrecha relación con el Mininter, además de actividades previas en ciertos sectores económicos. No poseo más información que ofrecer, pero esta línea de investigación podría ser relevante para el Ministerio Público, que ya está estudiando esta asociación con la supuesta red de corrupción «Waykis in the Shadow».

El miércoles, consulté la oficina de Astudillo sobre si la situación de los asesinatos en masa había propiciado la continuación de una propuesta militar para controlar el orden interno en Pataz. La respuesta se hizo esperar, similar a cómo ocurre en las conferencias de prensa tras los Consejos de Ministros, las cuales comúnmente se celebran a las 5 p.m., aunque en esta ocasión tardaron tres horas más. Adrianzén ofreció el informe de Astudillo, quien anunció una directiva que permitiría la intervención de las FFAA en dicha área. Para muchos observadores, la influencia de ciertos grupos sobre el poder podría percibirse como más favorable en un contexto como el de Pataz que el respaldo militar. Será interesante esperar los resultados de estas decisiones.