Martín Vizcarra “vivía de las coimas”: los alegatos finales de fiscalía y procuraduría antes de la sentencia del expresidente | Lava Jato | Lomas de Ilo | Obrainsa | Obrainsa | ICCGSA | TLCnota | POLITICA – El diario andino

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Se trató de la última actuación de ambas partes, impulsoras de la acusación contra el expresidente, durante el juicio. Por delante solo quedan los alegatos finales de la defensa, de las defensas a las que se pide pagar una reparación civil y la última palabra de Martín Vizcarra. Todo ello será en la próxima audiencia del jueves 20 de octubre, día en el que también se daría a conocer la fecha posterior para la lectura de sentencia. Se prevé que esto ocurra en la última semana de noviembre.

Durante su exposición, el fiscal Germán Juárez recordó que durante su alegatos de apertura, realizados en octubre del 2024, sostuvo que en el juicio se iba a probar la tesis de las coimas pagadas al “amigo del sur”, nombre con el que personas involucradas en los pagos se referían al exgobernador moqueguano. A criterio del fiscal, todo ello “quedó acreditado” en los doce meses que ha durado el juzgamiento a través de las pruebas que presentó.

El juicio contra Vizcarra

La acusación sostiene que, en noviembre del 2013, Martín Vizcarra entregó “información privilegiada” a la empresa Obrainsa para que esta pueda hacer una mejor oferta y gane la licitación del proyecto Lomas de Ilo. El concurso estaba a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), pero la última palabra para la firma del contrato la tenía el Gobierno Regional de Moquegua, a cargo del hoy acusado.

A cambio, de acuerdo con la acusación, Martín Vizcarra solicitó que le paguen como coima el 2% del costo de la obra, equivalente a S/ 1 millón, y también “condicionó” el acuerdo a que le costeen el alquiler de una avioneta, valorizado en S/ 35 mil, para trasladar a funcionarios bolivianos a Moquegua.

Luego de la firma de contrato en diciembre del 2013, el pago de la coima se habría realizado en dos partes: S/ 400 mil en enero del 2014 y S/ 600 mil en abril del 2014. Las entregas habrían sido hechas personalmente a Martín Vizcarra por Elard Paul Tejada, exgerente de Obrainsa, en las oficinas de la empresa.

En paralelo, Martín Vizcarra es acusado de haber condicionado la firma del contrato para el proyecto Hospital de Moquegua con la constructora ICCGSA a un acuerdo para que esta le pague una coima de S/ 1.3 millón. Ello también habría ocurrido en noviembre del 2013, con su amigo y futuro ministro José Manuel Hernández como intermediario con directivas de la empresa.

De acuerdo con la imputación, ICCGSA accedió y los sobornos se concretaron entre el 2014 y el 2016: los del primer año con José Manuel Hernández como intermediario y las posteriores de forma directa. La última entrega habría sido en la casa del exministro en agosto del 2016, cuando ambos ya eran parte del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski y el acusado era vicepresidente.

El fiscal sostuvo ante los jueces que todo ello quedó probado con testimonios y documentos. Entre los primeros, están las declaraciones en juicio de José Manuel Hernández y de los exdirectivos de ICCGSA y de Obrainsa, la mayoría de ellos con acuerdos colaboración eficaz aprobados por el Poder Judicial. Es decir: sus declaraciones fueron corroboradas a nivel judicial.

También hay testimonios de personas que vieron a Martín Vizcarra en las oficinas de Obrainsa, así como otros testigos que dieron cuenta de cómo se habría generado el dinero o que participaron inadvertidamente en el esquema. Los documentos incluyen facturas, cheques, correos, chats, registros de llamadas, registros de geolocalización, registros bancarios y distintas pericias.

Una de esas pericias, reportada por a inicios de año, advierte que en los meses posteriores a los presuntos pagos de coimas en el 2014, Martín Vizcarra retiró montos mínimos de la cuenta en que recibía su sueldo como gobernador y que tampoco hubo movimientos significativos en sus cuentas en otros bancos. En tanto, durante ese tiempo pagó a tiempo las cuotas de la hipoteca de su departamento y los gastos de su tarjeta de crédito.

Con todo esto, el fiscal Germán Juárez cuestionó: “¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra? Es lamentable decirlo, pero de las coimas. Aquí vinieron los peritos y nos dijeron que de sus cuentas (…) no hubo movimientos significativos. Ellos hicieron un análisis de su levantamiento del secreto bancario”. “En esa fechas, del 2013 al 2014, él tenía un crédito hipotecario, pero no aparecen movimientos, salidas de dinero para cubrir esas necesidades o las necesidades de la canasta familiar”, remarcó.

El fiscal concluyó indicando que en este caso, “el medio corruptor es el pedido de un donativo», el cual se “materializa con las entregas que se le hacen”. “El señor Martín Vizcarra actuó con conocimiento de voluntad de lo que estaba realizando. Él sabía cuáles eran sus deberes [como funcionario] y los traicionó”, agregó.

Por todo ello, ratificó su pedido de 15 años de prisión contra Martín Vizcarra por el delito de cohecho simple: 6 años por los hechos ligados al proyecto Lomas de Ilo y 9 años por los hechos ligados al Hospital de Moquegua. Además, requirió que se le inhabilite para ejercer cargos públicos por nueve años.

Junto a ello, el fiscal requirió al juzgado que la condena que se imponga a Martín Vizcarra sea de ejecución inmediata. Es decir, que se ordene su detención e internamiento en un penal a partir de lo que decida el juzgado de primera instancia, sin esperar a que la sentencia sea ratificada por un tribunal superior.

“El fenómeno de la corrupción viene azotando nuestro país en todas las instituciones. Eso viene socavando las bases sólidas que deben tener nuestras instituciones. Y es por eso que un mensaje, señores magistrados, es sancionar con severidad estos tipos de delitos”, dijo el fiscal. Esto, en referencia a casos de Lava Jato en los que acusados se dieron a la fuga o pidieron asilo a un gobierno extranjero, como el exviceministro Jorge Cuba o la ex primera dama Nadine Heredia.

“Por eso, señores magistrados, pido a ustedes que la pena, de ser condenatoria por la abundancia de lo que ha demostrado el Ministerio Público, se ejecute una vez dictada (…) El Ministerio Público, señores magistrados, ha quebrantado, ha enervado la presunción de inocencia del acusado Martín Vizcarra”, concluyó.

A su turno, el procurador Carlos Fernández alegó que «luego de un año de actividad probatoria, el acusado y su defensa técnica han sido vencidos». “La única verdad que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este juicio es que el acusado Martín Vizcarra cometió los delitos de cohecho a propósito de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.

“Este es uno de los casos más sólidos en cuanto a pruebas que tiene el Equipo Especial [Lava Jato]. Y esas pruebas de cargo confirman la culpabilidad de Martín Vizcarra: ha quedado evidenciado de manera categórica que el acusado ofertó y condicionó su función pública a cambio de recibir ventajas económicas ilegales S/ 2.3 millones”.

Así, en línea con lo dicho por el fiscal, el procurador sostuvo que durante el juicio “se ha destruido su presunción inocencia y más bien se ha confirmado su culpabilidad más allá de toda duda razonable”.

Finalmente, el procurador ratificó su pedido para que el acusado pague S/ 4.6 millones (el doble del monto de los sobornos que habría recibido) y requirió que Martín Vizcarra asuma “las consecuencias legales de su comportamiento delictivo”.

Según dijo, el acusado “jamás pensó” que las personas que habrían participado en el esquema para las coimas iban a colaborar con la justicia y se iba a descubrir lo ocurrido. “No estuvo en cálculos, pero felizmente se puso al descubierto. Lo que toca ahora como mensaje a la ciudadanía es: quien comete corrupción, la paga. Y la paga con las consecuencias y el rigor de la ley”, dijo.

“Nuestra confianza no se basa en una cuestión subjetiva, se basa en el peso de las evidencias que han sido actuadas a lo largo de todo este año de actividad probatoria. Por eso, solicitamos una sentencia ejemplar, dura contra el acusado Martín Vizcarra y una reparación civil por los montos que ya hemos sustentado”, concluyó.

Fecha decisiva

A su salida de la sala de audiencia, Martín Vizcarra calificó de “absolutamente débiles y sustanciales” los alegatos finales en su contra. “Hemos visto a una fiscalía que no ha presentado hechos concretos”. La procuraduría peor aún (…) No hay ningún hecho. Estoy seguro de que la próxima semana, mi abogado, el doctor Erwin Siccha y yo iremos con claridad, con contundencia, a rebatir cualquier duda que pueda haber al respecto», sostuvo.

Durante la sesión, el expresidente fue visto sacudiendo la cabeza, conversando y haciendo gestos hacia su abogado durante distintas partes de los alegatos de la fiscalía y la procuraduría.

Este jueves 20 desde las 8:30 a.m., el juicio tendrá la que se prevé como su última audiencia antes de la lectura de sentencia. Según anunció el juzgado, ese día harán su alegatos finales las defensas de dos empresas incluidas en el caso para un posible pago de reparación civil (Astaldi e Incot, exsocias de Obrainsa e ICCGSA, respectivamente), y la de Martín Vizcarra.

A las defensas de las empresas se les dio un máximo de 15 minutos cada una para sustentar, mientras que el abogado de Martín Vizcarra tendrá el mismo tiempo que se le concedió este jueves a la fiscalía: 1 hora con 50 minutos. Por último, el expresidente tendrá la última palabra por un máximo de 15 minutos para su “defensa material”.

Se prevé que luego la “defensa material” de Martín Vizcarra, el juzgado anunciará la fecha de la lectura de sentencia para la semana posterior, la última del mes de noviembre.

Martín Vizcarra aseguró que en su última intervención solo buscará “complementar lo que diga el abogado, que va a tener prácticamente 2 horas para hacer el sustento” y “aclarar algunos conceptos que pueden haber quedado en duda, porque a lo largo de de la intervención del fiscal y el procurador se han dado una serie de inexactitudes”. El expresidente fue crítico en particular con el procurador, comparando su exposición con un “discurso de la Plaza San Martín”.

Consultado por respecto a la afirmación de que “vivía de las coimas”, el expresidente la rechazó. “Yo he tenido ingresos. Como todos saben, por más de 20 años he sido gerente de operaciones y accionista de CyM Vizcarra, una empresa que facturaba alrededor de 60 u 80 millones anuales. Yo fui accionista hasta el 2018, era una persona que tenía un nivel económico holgado para precisamente poder dedicarme a la política”.

Martín Vizcarra afirmó luego a este Diario que estará presente el día que se programa la lectura de su sentencia y volvió a negar la posibilidad de una fuga o un pedido de asilo a una embajada. Su abogado se manifestó luego en el mismo sentido, aunque evitó responder si se opondrían a que una condena en primera instancia se ejecute de forma inmediata, debido a que confían que el juzgado los absolverá. “No nos ponemos en ese escenario porque confiamos en una decisión correcta por parte del Poder Judicial”, dijo.