«No se observa ningún avance en la seguridad de los ciudadanos» – El diario andino
En pleno inicio del ciclo electoral, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima analiza cómo la incertidumbre política, la inseguridad ciudadana y las decisiones estatales afectan las expectativas del empresariado.
¿Qué se espera de las expectativas empresariales ahora que arrancan las elecciones?
Es predecible que las empresas reduzcan sus inversiones durante los períodos electorales debido a la mayor incertidumbre política. Es por tanto una prioridad reducir esta desconfianza a través de una serie de reglas o anclas clave que rigen nuestra economía, especialmente reafirmando la autonomía del Banco Central de Reserva, el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad del marco regulatorio. Esto se puede lograr mediante compromisos públicos explícitos asumidos por los candidatos, así como señales claras de que habrá continuidad técnica en el liderazgo de las principales entidades del Estado.
¿Cree que los actuales candidatos presidenciales están preparados para asumir las responsabilidades que usted menciona?
No. En los últimos procesos electorales han aparecido candidatos que ignoran los principios básicos de la economía de mercado, el papel del Estado como garante de la estabilidad jurídica y la corrección de omisiones, así como los alcances y límites de la intervención estatal. Esta falta de conocimiento socava la confianza empresarial, incluso antes de que se materialicen cambios efectivos en la política económica.
¿Cuáles son los principales problemas que los empresarios esperan que resuelva el próximo gobierno?
Sin duda, la inseguridad de los ciudadanos y el avance de las economías ilegales. La inseguridad de los ciudadanos se ha convertido en uno de los principales enemigos de la reactivación económica, porque reduce la competitividad y productividad de las empresas grandes, medianas, pequeñas e incluso individuales.
Por su parte, las economías ilegales ya no son un fenómeno marginal o aislado, sino un peligro latente que se cierne sobre la existencia misma de nuestra sociedad. Se trata de redes transnacionales que operan con lógica empresarial, utilizan tecnología avanzada, gestionan enormes flujos financieros y, lo más grave, se han infiltrado en el Estado, influyendo en sus decisiones en detrimento de millones de peruanos.
¿Cómo evalúa el empresariado las recientes decisiones del Ejecutivo respecto a Petroperú?
Las decisiones del ejecutivo fueron necesarias para afrontar la crisis financiera que arrastra Petroperú desde hace varias décadas y están en línea con lo que venimos pidiendo: una reorganización estructural de esta empresa estatal que enfrenta persistentes problemas de liquidez y solvencia en un contexto donde el rescate ya no es sostenible. El papel de Proinversión en la implementación del plan de acción será crucial.
¿Existe el temor de que la agenda populista del Congreso se intensifique en los próximos meses?
Las propuestas populistas no pueden desviarnos del rumbo del progreso. Debemos comprometernos con iniciativas responsables que aseguren reglas de juego claras y garanticen el respeto efectivo de las instituciones y la continuidad de los pilares macroeconómicos que han permitido sostener el crecimiento económico, incluso en un contexto global y regional muy complejo.
¿Cuáles son los temas de la agenda legislativa que más le preocupan?
Por mencionar sólo el caso de las barreras burocráticas, es cuestionable que se pretenda dar a los municipios más poder de control para que puedan cerrar locales comerciales y aplicar multas sin mayor motivación.
También se baraja crear fondos a partir de las multas aplicadas a las empresas para financiar asociaciones de consumidores que se dedican a perseguir a las empresas, creando así un círculo vicioso.
En materia de seguridad, ¿cómo calificaría el desempeño del Ejecutivo?
La crisis de inseguridad es actualmente el desafío más urgente del país, y los empresarios de los sectores del transporte y el comercio son los más afectados. Los microempresarios no sólo enfrentan el riesgo de sus negocios, sino que también arriesgan sus vidas.
A pesar de las preocupaciones expresadas por el Gobierno, no se han observado avances significativos en términos de seguridad de los ciudadanos. Es necesario avanzar más rápido y con mayor constancia en la lucha contra la criminalidad, la extorsión y las economías ilegales, que afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas y se convierten en un serio obstáculo para las inversiones.
Desde los sindicatos, ¿qué se puede hacer para ayudar a combatir esta lacra?
La Cámara de Comercio de Lima, en octubre de 2025, impulsó la conformación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, la cual está integrada por sindicatos que representan a más de medio millón de micro y pequeños empresarios de diversos sectores productivos, junto a organizaciones sociales, con el fin de expresar nuestra indignación por la inacción del gobierno ante la ola de violencia que azota a nuestro país.
Esperamos que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que presentará el presidente José Jerí marque un rumbo claro, con acciones concretas, y que la aprobación de leyes contra la extorsión y el sicariato nos permita alcanzar resultados efectivos en beneficio de todos los peruanos.
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