PATAZ: ¿Por qué eliminar la refuerza suspendida no significará un gran cambio en la lucha contra el crimen y la minería ilegal? | PERÚ

En el transcurso de ocho días, desde la denuncia del secuestro de 13 trabajadores en Pataz hasta la confirmación de su asesinato en un envío clandestino, el gobierno de Dina Boluarte adoptó una postura de escepticismo ante la veracidad de las noticias recibidas. No fue sino hasta el lunes pasado, después del hallazgo de los cuerpos, que mostraban claros signos de brutalidad, que el presidente anunció una serie de acciones destinadas a combatir la minería ilegal en la provincia. Sin embargo, dos de las medidas anunciadas, directamente relacionadas con las actividades mineras, aún carecen de detalles respecto a su implementación.

Además de establecer un toque de queda y anunciar la futura creación de una base militar en Pataz, la región de La Libertad, que se encuentra en estado de emergencia desde hace 14 meses, recibió como anuncio gubernamental la suspensión de actividades mineras durante 30 días y la exclusión de personas naturales y jurídicas que se encuentren en una situación «suspendida» dentro del Registro de Formalización Minería Integral (Reinfo) en toda la provincia. El gran interrogante radica en que, hasta el cierre de esta nota, no se había especificado cómo se llevarán a cabo ambas acciones en términos logísticos.

Para comprender la magnitud de la problemática, hay al menos 450 bocaminas ilegales identificadas y georreferenciadas en esta área, según fuentes de este periódico. Estas bocaminas representan las entradas hacia túneles clandestinos, donde los delincuentes ingresan a las concesiones mineras para extraer oro ilegalmente o secuestrar al personal formal, apropiándose del material bruto.

Este material es transportado desde Pataz en camiones volquete, los cuales dirigen su ruta hacia plantas de procesamiento ubicadas en la misma región, en ICA o Arequipa. Durante el año 2024, únicamente desde la zona de concesión de tres mineros formales en el área (Poderoso, Horizon y Marsa), se contabilizaron 11,000 vehículos, de los cuales ninguno pertenecía a estas empresas. Esto se traduce en un promedio de 30 camiones diariamente cruzando medio país sin inconvenientes. Un informe de febrero de 2024 indicó que, para esa fecha, la cifra promedio era de 22 camiones volquete por día. Estos datos son alarmantes, ya que, a pesar de múltiples ataques denunciados el año pasado, incluyendo el hallazgo de un pozo con 15 cadáveres en Pataz, las acciones del gobierno no lograron disminuir este problema.

Ayer, el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, aclaró que la suspensión de las actividades mineras no afecta a las compañías formales, que incluyen más de 200 pequeñas empresas mineras y de minería artesanal en dicha provincia. «La suspensión es por un plazo de 30 días, durante el cual las fuerzas armadas y la policía asumirán el control del territorio para llevar a cabo su labor de búsqueda y captura de criminales y organizaciones delictivas», mencionó en una entrevista en televisión Perú. Sin embargo, en relación a los registros suspendidos de Reinfo, cuya supervisión le corresponde a su sector, no proporcionó mayores detalles.

Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, apuntó que, aunque la suspensión fue una medida solicitada por el sector minero, es incierto cómo se ejecutará, dados los desafíos logísticos. En Pataz, hay 1,291 inscripciones en Reinfo, de las cuales 530 están en vigor y 761 suspendidas. «El problema yace en quién llevará el control y de qué forma. La capacidad operativa para supervisar es escasa. El monitoreo del Reinfo es responsabilidad del sector energético y de minería, no de la policía», explicó.

Zevallos, en diálogo con este medio, afirmó que concentrar los esfuerzos en la interdicción policial de las bocaminas genera un desgaste operativo considerable, dado que son cientos de áreas que requieren intervención. A pesar de que un contingente de 800 policías y personal militar se desplegó en Pataz para operaciones de interdicción el pasado mes de abril, únicamente 20 bocaminas fueron intervenidas.

Problema de fondo

Los especialistas consultados por Comercio enfatizan que las acciones anunciadas por el ejecutivo son medidas temporales que no atacan la cadena de producción ilegal en su totalidad. Zaraí Toledo, investigador en economías informales y en particular de la minería informal, señala que la exclusión de los registros suspendidos carece de relevancia, ya que las organizaciones delictivas pueden recurrir a registros activos o incluso obtener nuevos. Las investigaciones previas han evidenciado que los camiones volquete que transportan el mineral bruto se envían a diferentes regiones usando documentación formal, ya sea porque los mineros con registros activos forman parte de la cadena, venden guías de remisión a los ilegales o están sometidos a extorsión por estas organizaciones delictivas.

“Lo más probable es que busquen nuevos testaferros para registrarse nuevamente y, por ende, continuar en el negocio. El Reinfo se ha convertido en un refugio para legitimar actividades ilegales.. Cuando se concibió, presentaba una premisa válida, pero sin el respaldo adecuado, supervisión y vigilancia, ha terminado siendo un escudo que evita las intervenciones”, explica Toledo. En su opinión, es más urgente establecer un sistema de inteligencia eficaz que indague las conexiones entre los financistas, las organizaciones criminales y los elementos políticos que garantizan su existencia. Es fundamental también brindar un acompañamiento auténtico a los pequeños mineros que buscan formalizarse y que ahora están siendo desplazados, coaccionados o amenazados por grupos delictivos.

«Es necesario replantear la economía del oro. La legislación peruana se enfoca en quienes extraen el mineral, el eslabón más vulnerable, pero la forma más sostenible de abordar el problema radica en quiénes son los que generan mayores ganancias, desde las plantas de procesamiento que tienen un control casi nulo hasta las joyerías de Lima y el mercado negro internacional.« Agrega el especialista.

Zevallos coincide con esta perspectiva, advirtiendo que sin acciones simultáneas será imposible erradicar el problema. El criminólogo resume la situación con estas preguntas: «¿Cuántos expedientes fiscales de organizaciones criminales se han creado hasta ahora? ¿Qué trabajo de inteligencia se ha ejecutado? ¿Cuántas cuentas bancarias, propiedades y activos de organizaciones operando en la región se han identificado? ¿Cómo se controla el tráfico de rutas y explosivos?»

El Reinfo, creado en 2017, ha recibido numerosas extensiones. La más reciente, aprobada en noviembre del año pasado por el Congreso en un contexto de críticas significativas, otorgó una prórroga de seis meses hasta junio de 2025, con la posibilidad de ampliaciones futuras si el ejecutivo así lo considera pertinente. Esta decisión, respaldada por 87 congresistas, evidencia las influencias políticas que tienen los mineros informales, quienes utilizan el Reinfo como un escudo para operar sin mayores dificultades, generando un negocio ilícito que equivale a aproximadamente US $ 6 mil millones al año. Un estudio realizado por Videnza estima que apenas un 2.3% de los cerca de 90,000 mineros registrados han logrado formalizarse en los últimos siete años. Además, una investigación del Comercio evidencia que, al revisar los sistemas Reinfo, los registros públicos y los informes del ministerio público, se encuentran mineros con investigaciones fiscales que inexplicablemente ostentan entre 10 y 77 registros.