Pedro Castillo | Congreso lleva más de 1,000 días sin inhabilitar al expresidente por infringir Constitución con su golpe de estado: ¿qué hay detrás de la inacción? | Betssy Chávez | TLCnota | POLITICA – El diario andino

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Entre otras cosas, la Carta Magna establece que un Congreso no puede ser disuelto sin que se le niegue la confianza a dos gabinetes y que las instituciones del sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia) son autónomas. No pueden ser intervenidas por otro poder del Estado. Todo eso fue parte del discurso golpista.

Durante el juicio penal por este caso, el propio abogado de Pedro Castillo reconoció que el discurso golpista fue”inconstitucional”, al tiempo que negaba que ello fuese un delito. “Fue una respuesta [a una crisis política] que, si bien es cierto es inconstitucional, no llega al nivel extremo solicitado por el tipo penal”, dijo el defensor público Ricardo Hernández Medina en una audiencia de mayo pasado. A su lado, Pedro Castillo no hizo el menor gesto de disconformidad con lo dicho por el letrado.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo durante su presidencia, también es de los que afirman que no hubo delito de rebelión, pero reconoce que fue “una infracción a la Constitución”. “La infracción a la Constitución ocasiona que se le despoje del poder, que deje de ser presidente, bajo la modalidad de una vacancia […] Cometió una infracción, sí, pero no al orden penal sino al orden constitucional”, dijo esta semana en RPP sobre su exdefendido.

Frente a esa evidente falta, quien debe cumplir con emitir una sanción no es el Poder Judicial u otro órgano, sino el Congreso de la República mediante un juicio político. Sin embargo, ya han pasado 1005 días (dos años con nueves meses), desde aquel 7 de diciembre del 2022 hasta la fecha de publicación de esta nota, sin que el Parlamento cumpla con emitir la sanción correspondiente a una infracción a la Constitución: una inhabilitación política hasta por 10 años.

Impunes a ese nivel, Pedro Castillo y el resto de implicados podrían postular al Congreso en las próximas elecciones generales del 2026. Y si la inhabiltiación no se aprueba hasta diciembre del 2027, habrá expirado el plazo de cinco años para sancionar una infracción constitucional. En el caso de Aníbal Torres, también acusado penlamente por el golpe, no le corresponde una inhabilitación del Congreso porque no era ministro al momento de los hechos.

Los implicados en el golpe tampoco tienen impedimento para ser nombrados en cargos en el Estado: el congresista y exministro castillista Roberto Sánchez ya requierió contraar como asesora en el Congreso a Betssy Chávez luego de su liberación por orden del Tribunal Constitucional. Algunos legisladores han dicho que no habría impedimento para su contratación pese a estar suspendida como congresista a consecuencia de su proceso por rebelión.

En junio del 2021, hubo una polémica por la intención de contratar all exlegislador Édgar Alarcón llegó a ser contratado como asesor en una comisión parlamentaria a pesar de que, como Betssy Chávez, estaba suspendido mientras enfrenta un proceso penal. Por entonces, la Mesa Directiva solicitó un informe legal para ver si la contratación era viable. En ese camino, la intención de contratarlo fue dejada sin efecto.

Volviendo al caso del golpe de Estado, la posibilidad de que algunos de los acusados postule a un cargo o vuelva a un cargo se haría mayor si el juicio penal por rebelión termina con una absolución del expresidente o de los otros acusados. Esto no sería porque el golpe no haya ocurrido, sino que ocurriría en caso el juzgado considere que ello no configuró el delito de rebelión, como plantean las defensas.

Demoras e inacción

El Congreso sí autorizó a levantar el antejuicio o inmunidad de Pedro Castillo y sus exministros Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior) para que puedan ser procesados penalmente por estos hechos. Sin embargo, con eso solo se autorizó a que el Poder Judicial los sancione a nivel penal. La infracción constitucional sigue sin sanción propia.

Recién en enero pasado, más de dos años después del golpe, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia constitucional, por la infracción de una treintenade artículos de la Constitución, contra Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio, ministro de Defensa al momento de los hechos. La sanción requerida fue de 10 años de inhabilitación.

Sobre su denuncia y el hecho de que se haya presentado tanto tiempo después, Alejandro Muñante dio esta explicación: la presentó ante la demora del Poder Judicial en emitir una sentencia por este caso, en el cual también se ha requerido que el expresidente sea inhabilitado, aunque solo por tres años y seis meses. “Creyendo en la justicia del país, uno (pensaba) que esto (el juicio) iba a resolverse rápido. Habiendo demorado tanto, presenté esta denuncia constitucional. No era necesario si la justicia penal hubiese actuado rápido (…) Lamentablemente, todavía no se resuelve en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)”. dijo a .

En marzo pasado, el legislador Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia similar, pero solo centrada en Pedro Castillo, a quien acusa de infringir cinco artículos de la Carta Magna con su golpe y para quien también pide 10 años de inhabilitación. El legislador no respondió a una consulta de este Diario sobre su denuncia.

Pese al retraso, la SAC, presidida por María Acuña (y mediante ella, por la bancada de Alianza por el Progreso) no le dio mayor prioridad a estas denuncias. Recién en mayo, ambas se acumularon y fueron admitidas a trámite. Según dijo Alejandro Muñante, inicialmente fueron delegadas al congresista José Jerí, pero este tuvo que dejarlas luego de ser elegido presidente del Congreso para el periodo 2025-2016.

El último viernes, la SAC, hoy bajo la gestión de Lady Camones (también de APP) delegó la denuncia a la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular). En teoría, la legisladora fujimorista tiene 15 días hábiles para presentar su primer informe sobre el caso. La práctica parlamentaria evidencia, sin embargo, que el tiempo que toman estos casos termina siendo mucho mayor.

Consultados por la demora, Camones se desligó de la gestión de María Acuña al frente de la SAC, a pesar de que son de la misma bancada y aseguró que le dará prioridad a estas denuncias. “Yo acabo de asumir nuevamente la Subcomisión y estamos hoy dándole la prioridad a este tipo de casos, dada la gravedad que significó para nuestro país este golpe de estado”, dijo. “No puedo responderte por otra gestión. Tendrías que preguntarle a la señora Acuña”, añadió ante una pregunta de .

Este Diario buscó la versión de María Acuña, a través de personal de su despacho, respecto a por qué no se tramitaron estas denuncias con mayor prioridad durante su gestión. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Sobre las demora en al SAC, sin embargo, Lady Camones añadió que “hay que tener en cuenta que tenemos más de 530 denuncias constitucionales y el tema de delegar las denuncias a los congresistas se hace bastante tedioso. Tenemos congresistas que tienen cuatro o cinco denuncias asignadas”.

La legisladora también recordó que Betssy Chávez tiene una denuncia adicional por el golpe de estado, que solo le incluye a ella y donde también se pide su inhabilitación por diez años. Esa sí fue aprobada por la SAC en julio pasado. Sin embargo, todavía tiene que ser llevada a la Comisión Permanente y, finalmente, al pleno del Congreso. Aún no hay fecha para ello.

¿Qué hay detrás de la demora?

Estas demoras, además, han llevado a que el tema recién se acerque a resolverse en una coyuntura electoral, donde diversos legisladores apostarán por ganarse los votos del castillismo, lo que pone en duda que la denuncia finalmente sea aprobada por el pleno. El propio Muñante, en su diálogo con , lo reconoció así.

“La coyuntura es distinta a la que se vivió semanas después del golpe. En ese tiempo todo el mundo quería desligarse de Pedro Castillo y seguramente más de un congresista de izquierda hubiese votado a favor de esa denuncia; pero hoy los tenemos prácticamente como cabeza de lista de algunos partidos. Quizás no sea el mejor escenario votar esta denuncia constitucional, pero igual tenemos que seguir en ese camino. Si no es este Congreso, tendría que ser el próximo; pero claro, hasta entonces podrían postular al Senado Pedro Castillo, Betssy Chávez o Roberto Sánchez”, dijo.

Así, el tema de fondo sigue siendo el mismo: ¿por qué el Congreso demoró tanto tiempo en presentar y en darle trámite a una denuncia de este tipo? Más que a un descuido o una simple omisión, especialistas consultados por consideraron que la inacción del Congreso ante esta evidente infracción constitucional responde a un cálculo político: en el Congreso hay sectores que buscan favorecer a Pedro Castillo para buscar los votos de su base política.

“Lo de Castillo es claramente una infracción a la Constitución”, comenta a Heber Joel Campos, abogado constitucionalista. “Las sanciones no son excluyentes. Una cosa es un proceso penal y otra cosa es una sanción política en el marco de una acusación constitucional. De hecho, a Castillo le levantaron el fuero, lo sometieron a un antejuicio para que lo pueda procesar la Corte Suprema. Lo que no ha ocurrido es que se le haya sometido a un juicio político”.

A su criterio, que no haya recibido esa sanción luego de tanto tiempo “claramente que es un tema de acuerdo político”: “Al interior del Congreso no hay un acuerdo en ese sentido, lo cual me sorprende porque cuando se votó por la vacancia de Castillo, pues hubo una unanimidad prácticamente, 101 votos a favor (…) Todo depende de la voluntad política de los congresistas. Si quieren correr con esto, lo podrían hacer en el plazo establecido por el reglamento (15 días hábiles en la SAC), pero si quieren priorizar otras cosas, entonces pues eso puede tomar muchísimo más tiempo”.

Añadió que esto “no depende de ninguna otra instancia, es el propio Congreso, primero a través de la SAC, luego de la Comisión Permanente y, finalmente, del pleno, el que decide si es que corresponde o no imponer una sanción a Pedro Castillo”. “Entonces, que no lo haya hecho es un reflejo de que quizá no hay ese consenso político (…) En la medida que nos acerquemos a la campaña electoral, quizá haya menos incentivos para ir adelante con esto”, declaró.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi remarcó que hay “consenso a nivel nacional e internacional” que lo hecho por Pedro Castillo fue “una infracción a la Constitución y a la democracia”. Por ello, consideró que el no tener una inhabilitación política por ello, ni tampoco una sentencia judicial, “es una grave negligencia e irresponsabilidad”.

“Fueron las Fuerzas Armadas y la Policía las que no acataron a su jefe supremo y no ejecutaron el golpe. Lo que sí nos ha fallado es el sistema de justicia y el Congreso, porque a septiembre de 2025, no ha sido sancionada la infracción constitucional por parte del Congreso, hacia el golpista Pedro Castillo, hacia su exministra recientemente liberada y a los demás (…) Podemos tener a un senador Castillo, a una senadora Betssy Chávez”, señaló.

El abogado consideró que esto “es gravísimo” y que hay “complicidad” desde el Congreso. “Estamos a poco del registro de candidatos para las elecciones generales y nos guste o no, hay un bolsón electoral que todavía extraña a Pedro Castillo. Este cálculo político de no chocar con ellos hace que esto se deje pasar”, concluyó.