Pedro Castillo | La defensa del ex presidente admite que su mensaje ha violado la constitución, pero el Parlamento permanece sin castigar el golpe de estado | Citación

El primer documental presentado por el fiscal es muy claro en su contenido: El acto con perfecta transcripción, palabra por palabra, el mensaje a la nación leído por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

En este mensaje, que fue expuesto en su totalidad por el fiscal supremo Edgar Casaverde, se encuentra la justificación que Pedro Castillo ofreció para su controvertida decisión, así como una notificación de la «excepción del gobierno», incluyendo medidas que se pretendían implementar como resultado de dicha justificación. Este mensaje no solo se centra en sus acciones, sino que también abiertamente desafía las estructuras gubernamentales existentes.

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En su mensaje, Castillo proclamó que «se disolverá temporalmente el parlamento de la república y se establecerá un gobierno de emergencia sobresaliente. Solicita, además, un nuevo parlamento que se convoque rápidamente para preparar una nueva constitución, expresando así su intención de ejecutar cambios significativos en la estructura política del país.

El ex presidente también menciona en su mensaje «la reestructuración del Sistema Nacional de Justicia, el poder judicial y el Ministerio Público, la Constitución del Judicial y el Tribunal de Justicia«, agregando que «todos los que posean armas ilegales deben entregarlas a la Policía Nacional en un plazo de 72 horas».

«La policía nacional, junto con el apoyo de los militares, dedicará todos sus esfuerzos a la lucha efectiva contra el crimen, la corrupción y el narcotráfico, haciendo un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, de campesinos y de industrias sociales para respaldar estas decisiones.

Antes de mostrar el mensaje, el fiscal también presentó la declaración que hizo Pedro Castillo ante el entonces oficial del gobierno, Betssy Chávez, y su consejero Anísbal Torres, manifestando: «Es una ley sobre el desglose de la directiva constitucional (…) que evidencia el crimen de rebelión, abuso de poder y la grave interrupción de la calma pública«.

Más tarde, los jueces especiales de la Asociación Penal de la Corte Suprema procedieron a evaluar las defensas en respuesta a las pruebas presentadas por el fiscal. En esa instancia, el primero en responder fue Pedro Castillo, acompañado por su defensor público Ricardo Jhony Hernández Medina. Esta fue la primera vez que el ex presidente se enfrentó directamente al contenido de sus propios mensajes.

El abogado defensor argumentó que el contenido del mensaje se limitaba a ser una «Declaración, mensaje a la nación», y enfatizó que no había un «mensaje claro que incitara a la violencia para llevar a cabo la disolución de la asamblea». Reiteró que «El plan anunciado estaba sujeto a mejoras futuras y consistencia a largo plazo, sin descripciones de medidas violentas o inmediatas.«

Pedro Castillo, en diferentes ocasiones, se ha manifestado como alguien que no reconoce la validez del juicio en su contra y ha rehusado coordinar su defensa con la representación civil que le fue asignada, a pesar de no haber optado por una defensa privada. A lo largo de esta audiencia, no solicitó la palabra, ni mostró intención de intentar eludir a su abogado.

El abogado también argumentó que el mensaje tenía «justificación extrema» como una «respuesta a la crisis política que enfrentaba el país», donde mencionó que sin el estado de derecho, se requerían medidas excepcionales. «Esto fue en realidad una respuesta ante un contexto que desbordaba las normas constitucionales», apuntó el defensor, sugiriendo que, aunque no se alineaba con la constitución, no podría ser penalizado como un crimen grave.

«Fue una respuesta que, aunque parece ser cuestión de hecho, la estructura organizativa que se había desatado no alcanza el nivel de lo que la Asociación Criminal está pidiendo. Para nosotros, el contenido fiscal no demuestra que existió una rebelión violenta con el uso de armas. El mensaje que se presentó es una declaración política, no debe ser tratado como un acto de rebelión.»

La defensa de Pedro Castillo se refuerza en su interpretación de documentos y testimonios presentados durante el juicio. Según destacan sus defensores, las seis fuentes evaluadas, incluidas las declaraciones del ejército y la policía, evidencian que el presidente en aquel momento no contaba con el respaldo de estas instituciones para llevar a cabo las medidas que se mencionaron en el mensaje. «Esto demuestra que el presidente no tenía el apoyo de los militares o la policía para ejecutar las acciones constitucionales que se reportaron,» indicó el abogado defensor en la audiencia.

Violaciones sin castigo

Es importante señalar que las violaciones constitucionales no son necesariamente crímenes en sí, aunque son consideradas punibles. Las sanciones, sin embargo, no resultan en penas de prisión, sino en descalificaciones para ejercer cargos públicos. La interpretación de la ley establece que el sistema judicial determina la existencia de un delito a través de un juicio oral, mientras que el parlamento se encarga de sancionar las violaciones constitucionales.

Desde la administración del gobierno, las disputas sobre lo acontecido el 7 de diciembre se han centrado en la cuestión de si se ha cometido un delito o no. En el ámbito legal, hay un consenso claro de que se produjo una violación de la constitución. Sin embargo, la polémica se mantiene en si esa violación fue también un delito o no. Ambas consideraciones son paralelas y no se excluyen mutuamente.

El constitucionalista Alejandro Rospiglosi afirma que la Carta Magna fue infringida por el ex presidente. «El presidente era el comandante supremo del ejército y no era simplemente un ciudadano. Él fue quien leyó un mensaje a la nación pidiendo el cierre del parlamento y el uso de la autonomía del sistema judicial. No puede ser considerado un simple ciudadano en este contexto. Ignorar su demanda es enteramente otra cuestión», explicó a .

El abogado constitucional Heber Joel Campos añade que, al emitir su discurso, Pedro Castillo «dejó de ser presidente en el momento en que se apartó de las disposiciones de la Constitución». Pasó un umbral prohibido para el ejercicio del poder. Esta interpretación ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional en su fallo del año pasado”, indicó.

La aceptación de culpabilidad de Pedro Castillo, que se ha presentado como parte del juicio, sigue el curso del caso penal que enfrenta por el intento de golpe de estado. Al final del proceso judicial, una asociación penal especial de la Corte Suprema decidirá si el ex presidente ha cometido el crimen de rebelión que le atribuye el fiscal.

Sin embargo, las violaciones a la Constitución solo pueden ser sancionadas mediante un único mecanismo: el juicio político por el Congreso. Pasados casi dos años y medio desde el golpe de estado, esta sanción aún no se ha llevado a cabo y parece lejana en el horizonte.

El juicio político se fundamenta en una queja constitucional referida a la violación de la Constitución, que es aprobada por el Subcomité sobre las acusaciones (SAC), seguida por la Comisión Permanente y finalmente por el pleno de la Asamblea. Las sanciones pueden llegar a descalificaciones de hasta diez años para ocupar cargos públicos.

La responsabilidad de llevar a cabo el juicio político recae exclusivamente en el Congreso. Este organismo es el encargado de establecer la responsabilidad política y constitucional de Pedro Castillo a través de una acusación formal. La falta de acción hasta este momento sugiere que el Parlamento está siendo cómplice en este asunto.

Hasta la fecha, se han presentado al menos dos quejas constitucionales con este propósito: una de Alejandro Muñante (renovación popular) y otra de Alejandro Cavero (Avanza País), el tercer vicepresidente de la Junta, prevista para marzo de 2025.

La demora es evidente ya que ambas quejas fueron presentadas más de dos años después de la ocurrencia de los eventos, lo que añade un retraso significativo en el procedimiento sin un reconocimiento adecuado de la situación. Es importante mencionar que estas quejas son necesarias para avanzar en la discusión sobre la responsabilidad política de Pedro Castillo.

En diciembre de 2022, el parlamento aprobó una queja para permitir la presentación de un juicio político en contra de Pedro Castillo, lo que podría resultar en sanciones contra él. Sin embargo, esto no implica necesariamente que enfrentará castigos del Congreso, sino solo que sería obligado a responder ante el sistema de justicia.

Rospiglosi expresa que hay una evidente falta de liderazgo por parte de aquellos que ocupan la presidencia del parlamento y que no les interesa llevar a cabo estas quejas. «Estamos observando a un presidente del parlamento que preferiría dirigirse a los Estados Unidos por cualquier motivo en lugar de cumplir con su tarea. No hay liderazgo efectivo en este aspecto.» Tanto la oficina presidencial de la Legislatura como la Oficina Presidencial de SAC están bajo el dominio del Banco Comunitario para el Progreso (APP).

Cabe resaltar que sin esta descalificación, Pedro Castillo podría solicitar al Congreso su candidatura para el año 2026, ya que no tendría impedimentos para hacerlo. Esto es un asunto serio que debe abordarse; el parlamento debe actuar. La democracia debe protegerse a sí misma y no puede permitir que las infracciones constitucionales queden impunes.

Finalmente, Heber Joel Campos menciona que existe un plazo máximo de cinco años para sancionar cualquier violación a la constitución. «El parlamento tiene hasta el 7 de diciembre de 2027 para llevar adelante este procedimiento y, si es necesario, aplicar las sanciones políticas correspondientes», concluyó.