Se suponía que los ciudadanos no debían pagar el cierre de la nuclear, pero ya hay un agujero de 11,600 euros en la factura – El diario andino

Cerrar la nuclear no es solo una decisión política, sino también un problema económico. El proyecto de ley de desmantelamiento y los desechos radiactivos ya exceden los 20.300 millones de euros, y el debate entre electricante y el gobierno solo ha comenzado.
Una factura que no deja de crecer. Según la memoria de EnresaLa compañía pública a cargo de el desmantelamiento, el costo total esperado ya alcanza los 20,367 millones de euros. La mayoría corresponde al desmantelamiento de los reactores, con 17,520.5 millones, mientras que la gestión de residuos y el combustible gastado, la «tasa eléctrica» llamada así, agrega 2,846.8 millones. El resto de las actividades, como la gestión de la fábrica de combustible de Enusa en Salamanca, completan la factura.
El fondo que financia estas operaciones, nutrido con contribuciones de la electricidad, acumuló 8,677 millones a fines de 2024, después del aumento del 30% en la tasa de valoración desde julio del año pasado. Esto significa que solo cubre el 43% del costo planificado, dejando en el aire una brecha de 11,690 millones de euros aún para financiar.
El plan que cambió todo. El séptimo Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), Aprobado a fines de 2023fue un cambio de escenario definitivamente abandonando el Proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas. En cambio, los desechos se han elegido en tiendas temporales independientes (ATI) ubicadas en cada centro, esperando un almacenamiento geológico profundo (AGP) que debería estar listo en 2072.
El PGRR extiende los pronósticos hasta 2100 y retrasa el cierre total del parque nuclear hasta 2035, con Trillo y Vandellós II como las últimas centros para salir. A esto se agrega la obligación legal de revisar anualmente los pronósticos, lo que ajusta los costos a la inflación y las nuevas condiciones técnicas.
Electric contra las tarifas. Las compañías, encabezadas por Iberdrola y Endesa, dicen que operar bajo este esquema de costos es inviable. Ambos han presentado recursos en los tribunales Contra el aumento del 30% de la tasa de Enresa y ha reclamado una compensación millonaria. Además, han solicitado que se reabriera el calendario de cierre, argumentando que prolongar la vida útil de los reactores aliviaría la presión sobre el sistema eléctrico.
Según un informe del consultor citado por Foro NuclearEspaña apoya la mayor carga fiscal nuclear en Europa, con 27.3 euros por hora de megavatio en gravámenes específicos, lo que, en opinión de las empresas, los coloca en una clara desventaja contra otros países.
La línea roja del gobierno. El ejecutivo mantiene su posición: los costos de desmantelamiento y gestión de los desechos no recaerán en los consumidores. El Ministro de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a la electricidad Con tres condiciones para cualquier extensión del parque nuclear: eso no implica costos adicionales para los ciudadanos, esa seguridad de la oferta está garantizada y que las plantas cumplen estrictamente Con los estándares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El gobierno insiste en que no hay negociaciones formales para extender la vida de las centrales y acusa a las empresas para tratar de transferir su factura a toda la ciudadanía. El Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, resumió la posición En declaraciones recopiladas por Eldiario.es: «Quieren que se pague parte de los costos de desmantelamiento entre todos, y no lo transferiremos a toda la ciudadanía».
Pronósticos e incertidumbres. Los costos pueden seguir creciendo. El caso francés es un aviso Como han avanzado en Eldiario.es: La Agencia Andra revisó en 2025 el costo del AGP Cigéo entre 26,100 y 37,500 millones, un aumento de hasta el 60% en comparación con 2016.
En España se han preparado El noveno plan de I + D (2024-2028) de Enresa Incluye 31 millones de investigaciones para desarrollar contenedores, materiales de confinamiento y recuperar combustible. Una cifra modesta en comparación con miles de millones en juego, pero clave para preparar el futuro AGP de 2072 y reducir los riesgos a largo plazo. Además, España enfrenta este calendario en solitario dentro de Europa. Mientras que Francia, Suecia o Suiza eligen expandir la vida de sus reactores o incluso impulsar nuevos proyectos, el PGRR español mantiene un plan de cierre progresivo sin extensiones planificadas.
Un debate que va más allá del cierre. El equilibrio del sistema eléctrico también está presente. Este verano se ha evidenciado una paradoja: registro histórico de la producción solar en Europa, pero las facturas disparadas por la falta de almacenamiento y la necesidad de recurrir al gas en las horas nocturnas. En ese hoyo es donde la nuclear ha jugado hasta ahora un papel de respaldo estable, pero no resuelve ese problema de fondo: solo pospone el cierre, hace que los costos sean más caros y agrava la herencia de los desechos.
El dilema es claro: ¿puede prescindir de él antes de que la red esté preparada para garantizar la misma estabilidad sin disparar el precio de la luz? Para el gobierno, la respuesta es acelerar las energías renovables, el almacenamiento e interconexiones. Para la electricidad, para mantener la nuclear vive más tiempo.
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