Uruguay despenaliza la eutanasia: en qué países es legal y cuál es el panorama en Latinoamérica | Muerte asistida | Muerte digna | MUNDO – El diario andino

El nuevo marco legal establece que la eutanasia es aplicable a quienes padecen enfermedades incurables y un sufrimiento insoportable sin posibilidad de mejoría, siendo la aplicación del procedimiento responsabilidad de un profesional de la salud. El solicitante deberá estar en uso pleno de sus facultades intelectuales. Las personas con enfermedades mentales no podrán acceder a la intervención.

La ley “Muerte digna” incluye únicamente a la eutanasia como procedimiento, por lo que el suicidio asistido sigue siendo ilegal en el país sudamericano.

“Se trata de un acontecimiento histórico, que sitúa a Uruguay a la vanguardia en el tratamiento de cuestiones profundamente humanas y sensibles”, declaró al respecto Carolina Cosse, vicepresidenta uruguaya.

Beatriz Gelós, una de las activistas que impulsó la ley y paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), estuvo presente en el debate de más de diez horas en el Senado uruguayo y antes de la votación había declarado a la agencia AFP que le “daría una paz impresionante que se apruebe” la normativa porque es una “ley de compasión, muy humana y muy bien redactada”.

Conceptos relacionados

Las normativas que regulan la eutanasia en algunos casos van de la mano de otra práctica estrechamente relacionada: el suicidio asistido. Ambos conceptos se sitúan dentro del término más amplio de muerte asistida, compartiendo el trasfondo de tener como objetivo mitigar el sufrimiento físico y psicológico, pero siendo distintos por definición.

La eutanasia puede ser activa o pasiva. El primer caso implica la intervención directa de un tercero para adelantar la muerte con el fin evitar el sufrimiento insoportable y sin perspectiva comprobada de mejoría provocado por una enfermedad o dolencia. Un profesional de la salud es quien administra el fármaco que provoca el fallecimiento al paciente que ha someterse al procedimiento.

Con la eutanasia pasiva el factor clave no es la acción directa sino la omisión. El paciente es quien solicita de forma autónoma y consciente que no se le apliquen tratamientos, con la finalidad de poder morir de forma natural. Rechazar una operación crítica o pedir ser desconectado de la respiración asistida pueden considerarse ejemplos de este caso.

El suicidio asistido, por su parte, se diferencia en que en este procedimiento es el mismo paciente el que se autoadministra la sustancia que le provocará la muerte, siendo este medicamento proporcionado por los trabajadores de salud a cargo.

La ortotanasia es otro concepto distinto, aunque muchas veces se considera equivalente a la eutanasia pasiva, estando también ligado a la prevención del sufrimiento y a garantizar la calidad de vida.

La definición de esta suele enmarcarse en el ámbito de las buenas prácticas médicas y su etimología hace referencia a una “forma correcta de morir”.

La ortotanasia designa al accionar que permite que el deceso de un paciente incurable o en fase terminal se produzca naturalmente, sin acelerarlo ni prolongarlo.

Desde esa premisa se abandona cualquier tratamiento excesivo e innecesario que prolongue de manera artificial la vida de un paciente terminal, el cual sí seguirá recibiendo todos los cuidados que permitan darle alivio.

La implementación de la ortotanasia no encuentra limitantes en la mayor parte de países, aunque su marco legal puede llegar a ser ambiguo dependiendo de cada estado. No obstante, lo más frecuente es que se considere un derecho que el paciente está en total posibilidad de reclamar.

Asimismo, un término que se podría considerar opuesto a todos los anteriores es la distanasia, que es la prolongación innecesaria del proceso de fallecimiento. Esto implica el uso de medidas terapéuticas desmesuradas que no aportan beneficios y solo alivian de forma temporal los síntomas sin que exista un margen de recuperación para un mal terminal. Se retrasa la muerte, pero a costa de la calidad de vida.

La despenalización de la eutanasia es “un acontecimiento histórico, que sitúa a Uruguay a la vanguardia en el tratamiento de cuestiones profundamente humanas y sensibles”, declaró Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay.

Situación en la región

La reciente legalización de la eutanasia en Uruguay convierte a dicho país en el pionero dentro de Latinoamérica en despenalizar la muerte asistida a nivel de todo su territorio y por medio de una normativa. No obstante, en términos generales, otros estados de la región han legalizado antes esta clase de procedimientos por otras vías.

Colombia fue el primero en hacerlo, aunque en este caso fue a través de la Corte Constitucional, que despenalizó la muerte asistida en 1997. La medida no se hizo efectiva hasta el 2015, cuando se llevó a cabo la primera eutanasia del país a José Ovidio González Correa, un adulto mayor que llevaba varios años solicitando el procedimiento debido al cáncer que sufría.

El alcance de la primera sentencia fue posteriormente ampliado con la despenalización del suicidio asistido, extendiendo el derecho a quienes argumentaran padecer un “intenso sufrimiento físico o psíquico” provocado por “enfermedades graves o incurables”. Inicialmente solo los enfermos terminales podían acceder a la muerte asistida.

Ecuador fue el segundo país latinoamericano en legalizar la asistencia médica para morir y lo hizo también a través de una resolución judicial en el 2024. La Corte Constitucional de Ecuador admitió el pedido de Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica y demandaba acceder a la muerte asistida.

El órgano indicó en su fallo que los artículos del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que impedían la aplicación de la eutanasia a Roldán eran anticonstitucionales. Esto significó en la práctica la despenalización de la eutanasia en dicho territorio.

Cuba también admite los procedimientos de lo que llama “muerte digna” desde el 2023 dentro de la “Ley de Salud Pública” que se publicó ese año. La normativa no hace referencia directa a conceptos como “muerte asistida”, “eutanasia” o “suicidio asistido”, aunque sí menciona que es un derecho de sus ciudadanos el acceder a “procederes válidos que finalicen la vida”.

Otros términos presentes en el texto, como la “limitación del esfuerzo terapéutico” y los cuidados paliativos, parecen situarse en el limbo entre la ortotanasia y la eutanasia pasiva.

En lo que respecta a México, la muerte asistida no es un derecho de alcance nacional, pero 20 de sus 32 estados permiten acceder a la eutanasia pasiva.

Perú es un caso particular, ya que su legislación no admite ningún tipo de práctica relacionada a la muerte asistida, pero en el 2021 la Corte Superior de Justicia de Lima accedió al reclamo de la activista Ana Estrada, quien buscaba acceder a la eutanasia a causa de la polimiositis que enfrentó durante años.

El tratamiento no se haría efectivo hasta algunos años después debido al incumplimiento del Seguro Social de Salud (Essalud) de llevarlo a cabo, tal como lo ordenaba la justicia peruana. Ana Estrada finalmente recibió la eutanasia en el 2024 y de momento se trata de un caso único, debido a que no ha habido algún otro avance formal que promueva un marco legal para la muerte asistida.

Chile no admite la muerte asistida, pero en el tiempo reciente ha dado pasos hacia la despenalización de la eutanasia. A mediados de setiembre se aprobó debatir en el Senado el “Proyecto de Ley de Eutanasia” proveniente de la Cámara de Diputados. Durante ese mismo mes una encuesta de la consultora Criteria indicó que más del 70% de los chilenos aprobaba la legalización del procedimiento.