Copia y subordinados del distrito: ¿Cuánto gastará el gobierno en esta área y qué proporción de los mencionados el año pasado tiene una relación política? | Mininter | MEF | Ecdata

Los recursos que han sido asignados a Regional y a EE.UU están alcanzando niveles máximos cuando se comparan con años anteriores, a pesar de que existe una investigación fiscal en curso sobre cómo se están utilizando estos fondos y la dirección política de los funcionarios involucrados. Según el sistema de consulta amigable que ofrece el MEF, para el año 2025 se destinarán 76.1 millones a la política nominada por el Ministerio del Interior, que incluye tanto la provincia como la subproducción.

De esta cantidad total, se estima que S/71.5 millones se utilizarán exclusivamente para cubrir la nómina de los funcionarios, lo que representa un incremento del 8.7% en comparación con lo previsto para 2024 y casi un 25% más que en 2022, el último año bajo la administración del gobierno de Pedro Castillo, de acuerdo a los cálculos realizados por el CPC.

Aunque esta cifra representa una fracción menor del presupuesto asignado al Minerta, se deben considerar los costos asociados a otras actividades estratégicas, como la lucha contra la minería ilegal, que consume S/74 millones. Esta problemática ha impactado de manera significativa en el área de Pataz, en la Sierra de La Libertad.

Una revisión de documentos oficiales realizada por Ecdata revela que, desde enero de 2023 hasta finales de abril del presente año, se han nombrado un total de 1.653 prefectos y subsefectos. De estos, 314 funcionarios, o el 19% del total, han asumido sus funciones con un enfoque particular impulsado por Juan José Santiváñez y Julio Díaz [ver gráficos].

Mira: «Operador» «Los Waykis» habría presentado documentos incorrectos que serían nominados.

De los 1.653 nombramientos, se ha observado que 155 provincias y subsidios, que representan el 49% del total, están asociadas con algún partido político o movimiento regional. Dentro de este grupo, 44 autoridades políticas han mostrado su alineación. Las agrupaciones con mayor representación en estos beneficios incluyen Alianzas para el Progreso (APP), Somos Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular.

En respuesta a una solicitud de acceso a información pública, la oficina general del Ministerio de Recursos Humanos ha confirmado claramente que el estado ha revisado la situación de los prefectos y sus subordinados en el mes de abril.

El poder de Nicanor Boluarte en el IPD, la entidad encargada de controlar el millonario presupuesto.

De acuerdo con las regulaciones pertinentes que rigen la organización y las acciones del Mininter, entre las funciones principales de las autoridades designadas se incluyen la organización de comités de seguridad ciudadana, participación en actividades de protección civil y la gestión de recursos para desastres, así como la autorización de medidas que fortalezcan la seguridad pública y la respuesta ante exposiciones.

A pesar de su función como representantes políticos, su papel no está exento de controversias. En el caso de «Los Wayyki», el fiscal acusa al hermano de la presidenta Boluarte de haber vinculado a organizaciones criminales que influencian en el proceso de nominaciones dentro del distrito y busca contener las iniciativas del partido político.

La capacidad en el punto de mira

La pregunta que surge es: ¿son estos números políticos realmente imprescindibles? Paula Muñoz, politóloga de la Universidad de Pacífico, sostiene que la estructura existente no responde a criterios técnicos, sino más bien a impulsos políticos. Esta agencia, que se ha heredado en un contexto donde no existía distribución clara, ha dejado de tener relevancia para el establecimiento de gobiernos regionales, dada su ineficacia o acciones poco definidas.

«La cuestión es si otra entidad estatal podría asumir estas acciones y eliminar esta burocracia obsoleta que suscita desconfianza. Debe abrirse el debate sobre si realmente vale la pena mantenerla, considerando el costo que implica, o si esos recursos podrían emplearse en otras áreas más productivas», enfatizó.

En opinión de Jorge Morel, el principal investigador del Instituto de Investigación de Peruvar, aunque es necesario llevar a cabo un análisis técnico sobre la permanencia de estas funciones, la implementación de una revisión de acciones o capacitaciones podría dar lugar a que este rol se transforme en un canal político beneficioso para el Gobierno Regional.

«Este rol podría ofrecer ventajas significativas, actuando como intermediarios entre las autoridades regionales, distritales y locales, algo que en el caso de Perú sigue siendo una necesidad insatisfecha», expone.

Este medio ha intentado recopilar información del Mininter respecto a las justificaciones para el aumento en la participación de las autoridades políticas, sin embargo, al momento de cerrar este reporte, no se recibió ninguna respuesta.