Crimen en Pataz: medidas gubernamentales bajo la mirada de expertos y gremios | CAL

El reciente secuestro y la consiguiente muerte de 13 trabajadores mineros de la compañía de R&R, dentro de un sumidero localizado en Patla, ha generado una respuesta significativa por parte del gobierno, que ha implementado una serie de medidas destinadas a combatir el crimen en la zona, tal como lo informó la presidenta Dina Boluarte. Entre las acciones más relevantes se destaca el toque de queda que se ha establecido en el distrito de Pataz, el cual estará vigente entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Durante este periodo, las fuerzas armadas asumirán el control total de la región donde se ubica la poderosa compañía minera.

En una conferencia de prensa, la presidenta Boluarte también anunció la creación de una base militar en la zona, así como la suspensión de toda actividad minera en la provincia de Pataz durante un período de 30 días, extensión posible incluida. Durante este tiempo, se procederá a excluir a todas las personas que figuran en el Registro de Formalización Minera Integral (Reinfo) bajo la categoría de suspendidos.

Asimismo, se comunicó que esta semana el ejecutivo solicitará poderes legislativos al Congreso para poder legislar en torno al tema del Terrorismo Urbano. La presidenta Boluarte comentó que estas y otras medidas permitirán que las fuerzas del orden actúen de una manera más efectiva en Patla.

Es importante mencionar que el pasado domingo por la mañana, los 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrados el 26 de abril fueron hallados en la provincia de Pataz. Este descubrimiento fue realizado por la Policía Nacional dentro de un sumidero, ubicado en una zona que se caracteriza por la tensión provocada por la actividad minera ilegal.

Según declaraciones de la empresa, las víctimas trabajaban para un minero artesanal que operaba en el área mediante un contrato de explotación. En este contexto, el presidente instó a las compañías mineras a evitar subcontratar sus concesiones, ya que esto dificulta el control de las actividades en la región.

Análisis: recuento militar y base militar

Ricardo Valdés, ex ministro del interior, comentó a Comercio que la minería informal e ilegal en La Libertad ha tenido un problema persistente, por lo que considera que el paquete de medidas presentado es en realidad una solución temporal. Argumentó que el problema de la minería no se trata en su totalidad, y esta situación es el resultado de la falta de decisiones firmes tanto del ejecutivo como del legislativo.

“Existen problemas logísticos, por ejemplo, relacionados con la entrada de dinamita en contrabando, así como el financiamiento que proviene de rutas informales, y todo el crimen asociado a la logística del entretenimiento, las prohibraciones y la explotación humana en condiciones de trabajo forzado en la zona, entre otros factores.”, mencionó.

Valdés subrayó que sería fundamental tener un control completo de toda actividad minera en la provincia de Pataz. “Es crucial conocer a fondo cuáles son los mineros autorizados y bajo qué condiciones están operando. Se desea implementar un toque de queda, pero esto carece de sentido si no se interviene en otros aspectos que he destacado.”

En relación a la legislación sobre terrorismo urbano, Valdés argumentó que es una medida que carece de fundamento, ya que existen suficientes tipos penales disponibles para juzgar delitos como asesinato, secuestro o extorsión.

“La realidad es que pueden llamarlo como prefieran. Para juzgar y rastrear actos criminales como asesinato, extorsión y sicariato, no es necesario que se le denomine terrorismo urbano. Lo que ha ocurrido son delitos penales que están tipificados en nuestras leyes. No se necesita renombrarlo como terrorismo urbano, eso es sólo una distracción.” Valdés enfatizó su desacuerdo con la nueva clasificación propuesta.

Por su parte, Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, expresó que el conjunto de medidas que ha sido anunciado se asemeja más a un «paliativo». Argumentó que el verdadero problema relacionado con la minería ilegal en Pataz radica en la trazabilidad del oro, es decir, dónde se lleva a procesar este mineral. Manifiestó su descontento por la falta de estrategias sobre este punto.

Además, Zevallos destacó la necesidad de mejorar la inteligencia policial y militar en la región, lo cual requerirá una estrecha colaboración con el ministerio público. “Es impresionante observar la cantidad de camiones que salen de la zona, y eso termina en las plantas de procesamiento. ¿Qué se planea hacer al respecto? Esto está intrínsecamente relacionado con la inteligencia policial. Mientras discutimos sobre terrorismo urbano, también necesitamos enfocarnos en un proceso de formalización efectivo que no resulte en fracasos.”

Noam López, un experto en políticas públicas de PUCP, planteó que se está respondiendo a un acto criminal violento de manera aislada, sin considerar las estrategias más amplias que son verdaderamente necesarias. Mencionó que existen áreas críticas en el país donde los crímenes afectan gravemente a la población y muchas de estas muertes quedan sin resolver.

“Pataz se encuentra a 10 horas de Trujillo en camión, carece de servicios básicos, la estación de policía de Chahual está a dos horas de distancia, y las condiciones de vida de la población son críticas. Ante la ausencia del estado, cualquier forma de violencia o criminalidad se encuentra en un contexto favorable para expandirse.”

López añadió que, bajo estas circunstancias, la presencia militar en la zona es pertinente, pero más allá de la vigilancia, lo que se requiere es inteligencia militar que facilite las acciones policiales. “Deben fortalecer nuestras capacidades de inteligencia y promover un enfoque proactivo en la vigilancia policial, no solo desmantelar bandas, sino también atacar las causas raíz del problema,” sostuvo.

Análisis: minería de suspensión y actividad de Reinfo

Al decretar la suspensión de la actividad minera en Pataz, Valdés señaló que esta decisión impactará indudablemente al sector formal, dado que se está distanciando de cualquier regulación informal o ilegal, y, por lo tanto, las decisiones legales no impedirán que continúen operando. “No afectará a los ilegales. Los que operan ilegalmente están acostumbrados a operar sin permisos, por lo que no se verán impactados en lo más mínimo.”

Asimismo, en lo relacionado a la exclusión de aquellos que se encuentran suspendidos en el Reinfo, Valdés argumentó que esto también representa otro mero “paliativo”, dado que quienes están en esa situación son aquellos que no han podido cumplir con todas las normativas necesarias para tener un registro activo y la tendencia es que seguirán operando de la misma forma. “Continuarán haciendo lo que han hecho hasta ahora. Muchos mineros en Pataz trabajan sin ningún tipo de permiso.”

Mientras tanto, Zevallos opinó que la exclusión de los suspendidos del Reinfo es un paso positivo, pero destacó la urgencia de un debate más profundo. Concluyó que el actual registro no ha logrado cumplir sus metas y más bien ha funcionado como una “patente corsicana” que ampara a muchos ilegales, añadiendo que es alarmante que no se propongan medidas en relación a la inteligencia y a la investigación criminal.

¿La suspensión alcanza a lo formal?

Por su parte, Pablo de la Flor, representante de la poderosa compañía minera, declaró a Comercio que la empresa espera poder aclarar la extensión real del anuncio referente a la suspensión de actividades mineras en Pataz, pues advirtió que esto impactar al sector formal de manera negativa, resultando en pérdidas económicas significativas.

“Sería contraproducente suspender las operaciones de las empresas formales, algo que los ilegales han estado buscando desde hace años. Esto no solo implicaría enormes pérdidas para las empresas legítimas, sino también una menor recaudación para el Tesoro.”

En cuanto a las otras acciones mencionadas, las calificó como “muy adecuadas”, especialmente en lo que respecta a otorgar el liderazgo en la zona de emergencia a las fuerzas armadas y eliminar a quienes se encuentran suspendidos en el Reinfo. “Esperamos que se logre una mejor coordinación entre el ministerio público y las fuerzas del orden.”

De igual forma, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), solicitó claridad en cuanto a la medida de suspensión de la actividad minera en Pataz, destacando que debe incluir a compañías legales como la poderosa compañía minera, que es una de las más grandes de la región.

“Suspender la actividad formal que cumple con las regulaciones ambientales, de seguridad e impositivas resultaría contraproducente. Aquellos que actúan dentro del marco legal no deben ser castigados; las medidas deberían dirigirse a quienes violan las leyes o están relacionados con el crimen.”

Por otro lado, expresó su apoyo a las otras medidas anunciadas por el ejecutivo, pero insistió en que se debe dar un paso más decisivo: eliminar de una vez por todas el Reinfo y fortalecer la ley de formalización de la minería a pequeña escala (Ley MAPE).

Ministro del Interior en el Congreso

El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se presentó el lunes a las 3:30 de la tarde ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República, con el fin de responder a diversas preguntas en relación al asesinato de los 13 trabajadores mineros en Pataz, así como para exponer las medidas preventivas que el Mininter implementará para reducir el riesgo de nuevos actos de violencia en la área.

Durante su intervención, Díaz Zulueta fue interrogado sobre si la suspensión de la actividad minera en Pataz abarcaba a compañías formales, a lo que él respondió que creía que sí, tal como lo había anunciado la presidenta, pero que no estaba completamente seguro.

El enjuiciamiento realiza procedimientos

El Ministerio Público indicó que, a través de la Oficina Mixta del Fiscal Corporativo de Pataz, continúa llevando a cabo procedimientos como parte de la investigación contra quienes son responsables del delito de secuestro agravado, que resultó en la muerte de 13 trabajadores de la compañía R&R, contratista de la poderosa compañía minera en La Libertad.

El fiscal provincial Enrique Valverde Cabrera comunicó que, después de haber ingresado los cuerpos a la morgue de Trujillo, se están llevando a cabo los procesos de identificación de los cuerpos mediante expertos forenses, así como la necropsia correspondiente. Además, ordenó la incautación de municiones percutadas y explosivos encontrados en tres accesos a la zona denominada Rampa Yuli, lo que permitirá la realización de un análisis balístico forense por parte de la Oficina Penal de la Policía Nacional de Trujillo.

Mientras tanto, durante una conferencia, el Ministerio Público informó que se ha identificado a 5 de los 13 mineros asesinados en Pataz, mientras que el estado de descomposición avanzado de los otros cuerpos ha dificultado su identificación, evidenciando que han estado sin vida aproximadamente 7 días.

Los familiares critican al gobierno

El 30 de abril, durante la Conferencia del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, afirmó que la información sobre el secuestro de los 13 trabajadores mineros en Pataz no era “sincera” y que hasta aquella fecha no había recibido quejas al respecto. En ese sentido, subrayó que el gobierno no contaba con información que confirmara la veracidad del hecho.

Sin embargo, Enrique Carbonel, padre de uno de los trabajadores asesinados, contradijo esta afirmación, afirmando que ya se había interpuesto una queja por el secuestro un día antes de la conferencia del Primer Ministro, lo que indica que no se dijo toda la verdad. También solicitó que el gobierno acelere las investigaciones con el fin de dar con los responsables.

“El señor Adrianzén se va el viernes y dice que no sabía nada, que no había queja, y eso es una gran mentira. Toda la nación sabe que esta queja fue presentada el martes. Estoy indignado por esta actitud.”Además, lamentó la falta de control policial en la región, esto a pesar del estado de emergencia que rige en Pataz.