El gobierno se corrige y permite que los mineros formales continúen operando: ¿qué sucedió en el medio para el cambio de postura? | CAL

Como parte de las medidas tomadas tras la trágica muerte de 13 trabajadores de la empresa R&R en un sumidero en Patla, en la región Libertad, el gobierno anunció el pasado lunes la suspensión de todas las actividades mineras en esta provincia por un período de 30 días, con opción a extenderse. Este cese tiene el objetivo de facilitar la llegada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes tienen la responsabilidad de restaurar el orden en la zona afectada. Sin embargo, esta decisión ha generado incertidumbre y preocupación en los gremios empresariales y en el sector minero formal que opera en el área, ya que no estaba claro si dicha suspensión también afectaría a las empresas legalmente constituidas.

En este contexto, Jorge Montero, jefe del Ministerio de Energía y Minas (Minem), manifestó el martes que la suspensión de actividades mineras en Patla no involucra empresas formales que operan en la región. El funcionario señaló que en el ámbito de la minería pequeña y artesanal, existen más de 200 empresas que funcionan de acuerdo con la ley y, por ende, no se verán afectadas por la suspensión.

«La voluntad de suspender las actividades no involucra a empresas formales. En la zona de Patla, hay 200 compañías de minería pequeña y artesanal formal que ya han completado su proceso de legalización. Estas compañías no se ven afectadas por la suspensión de las actividades mineras«, explicó Montero.

Asimismo, Montero aclaró que solamente las empresas no formales deberán suspender sus operaciones y el tráfico de materiales durante los próximos 30 días, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional establecen control en la zona y llevan a cabo acciones para buscar y capturar a delincuentes y organizaciones criminales.

Cabe destacar que durante este período, la presidenta Dina Boluarte indicó que también se procederá con la exclusión de aquellos que figuran en el Registro de Formalización de Minería Integral (Reinfo) bajo la condición de estar suspendidos.

Poca claridad

En una conferencia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reveló el lunes una serie de medidas diseñadas para lidiar con la criminalidad en Pataz. Estas incluyen un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, la instalación de una base militar en el área y la suspensión de actividades mineras en las zonas de conflicto.

«Toda actividad minera se suspenderá en la provincia de Pataz durante 30 días extensibles para facilitar la instalación de nuestras fuerzas armadas y la Policía Nacional. Durante este período también se procederá con la exclusión de todos los reinfos en estado suspendido«, afirmó Boluarte en relación con las nuevas medidas.

Minutos después, Jorge Montero reiteró lo dicho por Boluarte, pero su intervención no aclaró si la disposición incluía al sector minero formal, lo que generó más incertidumbre.

«Es importante reitarar que durante 30 días se suspenderá toda actividad minera en la provincia de Pataz. No se permitirá actividad o tránsito de material minero o insumos durante este tiempo, y este anuncio podría extenderse dependiendo de la evolución de los acontecimientos«, añadió.

En la tarde, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, generó confusión al responder a la misma pregunta durante su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso. Durante su exposición, se le preguntó si la suspensión de la actividad minera en Pataz incluiría a las empresas formales, y su respuesta fue que creía que sí, aunque no estaba seguro completamente.

Díaz Zulueta estuvo en el Congreso para responder a diversas interrogantes sobre el asesinato de 13 personas en Pataz y para exponer las medidas que el gobierno planeaba implementar para reducir el riesgo de nuevos actos violentos en la región.

¿Cómo cambió la postura?

Según el Ministro Montero, la medida de suspensión de actividades mineras en Pataz abarca a todas las empresas que no se encuentren formalizadas a la fecha. En esta línea, aseguró que las compañías mineras que operan formalmente en la región están debidamente reconocidas e identificadas. «No se les permitirá suspender sus actividades, ya que operan bajo el marco de la legalidad«, agregó Montero.

«La suspensión de actividades (para empresas no formalizadas) es necesaria mientras las fuerzas armadas y policiales restablecen el control en el área y realizan búsquedas para capturar delincuentes y organizaciones criminales. Estamos decididos a recuperar el control del territorio.«, enfatizó el ministro.

Comercio pudo saber que el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en su anuncio inicial de la suspensión de las actividades mineras en Pataz, ya que carecía de un sentido claro. Era evidente que, en la práctica, esta disposición afectaría principalmente a las empresas formales, que son las que cumplen con la normatividad, mientras que el sector informal e ilegal opera fuera de la ley y no se sujeto a ningún tipo de regulación.

Por otra parte, si desde un principio se había contemplado que esta medida estaba destinada exclusivamente para el sector informal, carecía de lógica dada la situación ya mencionada. En cualquier caso, el anuncio originó reacciones de los sindicatos empresariales y del sector minero formal de Pataz, quienes expresaron su desacuerdo ante los posibles daños que derivarían de una suspensión generalizada.

«Si hubiera sido por todos, la medida habría afectado indudablemente al sector formal, ya que el informal e ilegal se aleja de cualquier reglamento. A los ilegales se les prohíbe operar, pero lo hacen de igual forma, ya sea con prohibición o sin ella“, comentó Ricardo Valdés, ex ministro del interior, a Comercio.

Sin embargo, este medio logró obtener información a través de fuentes del sector minero que indican que la incertidumbre generada por el anuncio llevó a diversas conversaciones y órdenes de distintas uniones sobre el alcance de la medida, con todo ocurrido la tarde del lunes.

Debido a la premura con la que se realizó el anuncio, se hizo evidente que no había claridad específica respecto a la medida. Por tanto, el martes por la mañana, el ministro Montero tuvo que ofrecer aclaraciones adicionales.

Por otro lado, luego del anuncio, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), declaró que «SUSPENDER la actividad formal que cumple con las regulaciones ambientales, de seguridad y fiscales sería contraproducente«, sostuvo.

Mientras tanto, Pablo de la Flor, representante de Minera Poderosa, declaró que la compañía busca confirmar el alcance real del anuncio sobre la suspensión de la actividad minera en Pataz, ya que subrayó que si esta medida llegara a afectar al sector formal, sería muy desfavorable y originaría un daño económico considerable.

«Sería contraproducente suspender las operaciones de las empresas formales, algo que los ilegales han estado buscando hace años. Esto no solo implicaría enormes pérdidas para las empresas formales que actualmente operan en el área, sino que también afectaría la recaudación fiscal«, afirmó.

Esperando confirmación

En diálogo con Comercio, Julia Torreblanca, presidenta del SNMPE, mencionó que es crucial que las compañías formales que están autorizadas por el Minem continúen con sus operaciones. Sin embargo, expresó la necesidad de esperar a que esto se aclare en la norma que eventualmente se publicará, ya que, en este momento, todo es confuso.

«Una vez que tengamos detalles sobre lo que se va a publicar, podremos comentar con mayor profundidad. Pero estoy de acuerdo en que las compañías autorizadas no deberían paralizar su actividad, ya que son supervisadas por el Minem«, expresó Torreblanca.

Mientras tanto, Torreblanca detalló que su gremio ha ofrecido la asesoría de sus expertos para apoyar la redacción de la norma. «Aún no hemos logrado reunirnos con el Ministro ni conversar con él. Debemos evaluar el impacto de una eventual suspensión sobre las empresas formales: toneladas de oro que no serían producidas, no exportadas, y por lo tanto no generando ingresos que deberían ser considerados. Espero que no sea el caso«, concluyó.

Diálogo con empresas

El ministro Montero anunció el martes el establecimiento de un grupo de trabajo multisectorial que se encargará de abordar el desarrollo y la formalización de actividades mineras en Pataz.

El ministro explicó que quienes serán convocados para formar parte de esta mesa de diálogo incluirán a las rondas campesinas, organizaciones comunitarias y autoridades elegidas democráticamente, como alcaldes distritales y provinciales, así como el gobernador regional.

Además, Torreblanca enfatizó que en la redacción de la norma que se desarrollen durante este proceso, el gobierno debe considerar las opiniones de las empresas mineras con experiencia en el área de Pataz, dado que es un sector sumamente complicado. Por lo tanto, sugirió que se les invite a participar y a contribuir con su conocimiento en el plan en desarrollo.

«Es fundamental que el sector formal no se vea afectado. Si existen medidas que involucren el transporte y otras cuestiones, deben ser revisadas; pero creo que es necesario que las empresas y el gobierno se sienten juntos a la mesa para diseñar la mejor estrategia sin perjudicar las operaciones de las compañías «, concluyó Torreblanca.