JNE busca castigar juegos creados en compañías falsas: ¿Su proyecto sale en la crisis debido a la membresía innecesaria? | Citación

Hace más de tres semanas, un grupo de ciudadanos expresó su desacuerdo con las conexiones políticas consideradas innecesarias en diversas agrupaciones, tanto con registro como sin ello. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado un nuevo proyecto de ley para el Congreso con el objetivo de modificar la ley de organizaciones políticas (LOP), buscando así fortalecer la supervisión y sancionar a las agrupaciones que incurran en el uso de firmas incorrectas.

La propuesta legislativa tiene como meta enmendar varios artículos: en particular los artículos 8, 11 y 18 de la LOP, los cuales abarcan la operación de los comités del partido, la suspensión del registro y la membresía innecesaria, respectivamente. Por ejemplo, el aspecto electoral propone que las organizaciones mantengan su estado continuo, actuando de forma «ex oficio» y de manera «inesperada». Esto implica que las agrupaciones no tendrían que presentar informes con 15 días de antelación, como lo requieren las disposiciones actuales.

Asimismo, se especifica que una agrupación política puede ser objeto de suspensión si no cumple con el número mínimo de comités necesarios, que son 65 en 20 divisiones, así como si no cuenta con el mínimo de afiliados necesarios, que es de 25,288.

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El proyecto de ley también establece que el registro de un grupo «no se puede aplicar» desde el momento en que se cierra la inscripción de candidatos. Este es un cambio significativo respecto a la normativa existente, que consideraba dicho periodo desde la fecha de cierre hasta el anuncio electoral.

Castigo y responsabilidad penal

Adicionalmente, el tribunal electoral ha incorporado la modificación del artículo 11. BB en la LOP que permite la postergación del registro de una organización política no registrada «cuando durante la verificación de firmas y huellas digitales, que es realizada por Reniec, no se obtengan datos válidos provenientes de los mismos».

Este aplazamiento seguirá vigente hasta que el JNE emita su dictamen definitivo, tal como se destaca en el documento mencionado.

Además, el proyecto sugiere reformas al artículo 395 de la ley orgánica sobre elecciones (LOE) para que las agrupaciones sean responsables penalmente «por los delitos previstos en los artículos 427 y 428».

Se aclara que la aplicación del artículo 105 del Código Penal permitirá a un juez cancelar las entidades legales, luego de un proceso judicial pertinente.

Entre las disposiciones adicionales, el JNE recalca que estas leyes están destinadas exclusivamente a «las organizaciones políticas con registros vigentes para una convocatoria a las elecciones generales de 2026» y también a las elecciones regionales y locales de ese mismo año.

Bajo este contexto, el presidente del JNE, Roberto Burneo, subrayó que esta iniciativa permitirá fortalecer la supervisión y establecer medidas concretas ante el uso indebido de firmas. «Actualmente, no existe disposición que nos faculte para detener el proceso de registro», afirmó Burneo.

Elguera destacó que este proyecto abarcará a las organizaciones políticas que mantengan sus registros al día.

Él indicó además que si el JNE, tras realizar una deducción de firmas inválidas, determina que las agrupaciones no alcanzan los 25,288 afiliados requeridos, procederán a detener el registro. Esta decisión se realizará con un plazo máximo que finaliza el 23 de diciembre de este año, donde se anunciarán las listas de candidatos, siempre y cuando el Parlamento apruebe la iniciativa.

«Si esta situación no se corrige, se corre el riesgo de la cancelación del registro de una organización política que ya se encuentra establecida», advirtió.

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Burneo indicó que desde el JNE se están implementando procesos dentro del marco del derecho administrativo que les permiten revisar la situación actual. También mencionó que contemplaban la anulación de todo el proceso de registro de la agrupación actual «en base a la presentación de datos falsos o incorrectos».

¿Es realmente esta la solución?

El abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, considera que la iniciativa presentada por el jurado es «demasiado extensa», ya que no solo busca abordar problemas relacionados con las organizaciones de firmas falsas, sino que también parece tener un enfoque más amplio que podría afectar el funcionamiento normal del sistema electoral, especialmente ahora que el país se prepara para las elecciones.

«Aunque esta propuesta aborde ciertos problemas, es posible que en el Parlamento haya resistencia para aprobar una normativa que ponga en riesgo la participación de las organizaciones en las elecciones generales y locales. A este respecto, Villalobos comunicó a Comercio que duda de que los miembros del Parlamento acepten un proyecto que otorgue al jurado la facultad de postergar sus propias elecciones «por falta de afiliaciones o comités». Agregó que si el proyecto es viable, probablemente se incorporen ciertas restricciones, como su entrada en vigor a partir de 2027, en el caso de agrupaciones con registros vigentes.

«Una gran parte de este proyecto no podría aplicarse en las elecciones actuales, ya que la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece un periodo en el cual no se pueden hacer cambios en las normas electorales, y esto es aplicable desde el 12 de abril, que fue el plazo solicitado para las elecciones.

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Por su parte, la abogada Silvia Guevara, experta en el ámbito electoral, señaló que las modificaciones propuestas a los artículos 8 y 11 de la LOP no serían efectivas en las elecciones generales debido a las limitaciones establecidas por la LOE. «Hay un riesgo significativo de que toda una campaña se detenga si las organizaciones políticas registradas y en incumplimiento tienen derecho a participar», advirtió.

Guevara, asociada a la consultora Aklla Perú, enfatizó que el proceso electoral ya ha comenzado y que se inició bajo un marco legal que no puede ser modificado en este momento.

En una conversación con este diario, mencionó que el Congreso podría aprobar la parte del proyecto de ley que castiga a las agrupaciones que presenten irregularidades en su registro.

«Esto no afectaría las elecciones generales de 2026, así que es plausible [una suspensión] y el registro podría ser removido en niveles diferentes”, explicó.

Guevara comentó que el JNE ha intentado buscar una solución apropiada a la crisis, aunque su trabajo no se ha centrado en la inobservancia y problemas derivados de las firmas incorrectas. «Es fundamental revisar completamente los documentos y detectar las irregularidades para que sean llevadas al ministerio público […] Sugeriría que se fortaleza la parte penal, dado que la responsabilidad penal recae en individuos, líderes altos y en los mismos partidos «, concluyó.

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Afecta la estructura de las organizaciones

El abogado Enzo Elguera, también experto en derecho electoral, opinó que este proyecto tiene buenos propósitos, puesto que busca que los partidos políticos realicen actividades efectivas y que los comités operen de manera activa, no solo en el contexto del registro. «Esta es la pieza clave, porque si se aprueba, obligará a los grupos a demostrar su valía», enfatizó.

Elguera observó que la propuesta del JNE podría llevar a los partidos a actuar como estructuras efectivas y no simplemente como nombres en papel. Sin embargo, advirtió que era poco probable que los grupos representados en el Parlamento promovieran estos cambios, lo que podría dejarles en una situación complicada para el futuro.

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En declaraciones a Comercio, Elguera se mostró a favor de congelar el proceso de registro de las agrupaciones que aún no están registradas en el ROP, siempre que se detecten una gran cantidad de firmas «no válidas» o presuntamente falsificadas.

«La normativa debería indicar que esta causa [el presunto uso de firmas falsas] no debería aplicarse solo a los partidos registrados, sino a todos. ¿Qué pasará con aquellos que se inscribieron y no contaron con una supervisión adecuada? […] Este puede ser el primer paso hacia cambios más profundos, aunque generalmente no se efectúan reformas cuando las elecciones están tan cercanas. Sin embargo, esto es mejor que no hacer nada», concluyó finalmente.

Más información

Según lo informado por , 30 de 43 partidos políticos han presentado en su lista actual (un 70%) a reclusos con presuntas conexiones falsas, incluidos seis grupos que cuentan con representación en el Parlamento. Esta información es complementaria a los 130 informes que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha publicado en su sitio web tras el escándalo vinculado a las afiliaciones innecesarias.